Ernestina Sánchez Noriega

Expediente 6/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
6/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Ernestina Sánchez Noriega
  • Titular de la Jefatura del Departamento de Personal Federalizado de la Dirección de Personal, de la Dirección General de Administración, de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. No resulta obstáculo que a la autoridad se le haya notificado tal determinación el pasado ocho de enero, pues al haberse decretado el sobreseimiento carece de legitimación para impugnarlo . Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se observa que mediante proveído del cinco de diciembre de dos mil dieciocho se tuvo al Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, remitiendo a este órgano jurisdiccional la constancia de evolución salarial en la que estableció el incremento porcentual que tuvo el salario de la plaza que desempeñaba la parte quejosa como profesora de enseñanza secundaria, por lo que con ese documento se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues con ello cesa la omisión que reclama la quejosa de dar respuesta a su escrito presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho, a través del cual solicitó a dicha autoridad, se expidiera la referida constancia, así como se estableciera el incremento porcentual que tuvo su salario de dos mil seis a dos mil diecisiete; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ... Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ... De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. ... Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ... Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ... Bajo esa óptica, conviene señalar que la parte quejosa reclamó del Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho, a través del cual solicitó a dicha autoridad se expidiera una constancia de evolución salarial respecto de la plaza que desempeñaba como profesora de enseñanza secundaria, así como se estableciera el incremento porcentual que tuvo su salario de dos mil seis a dos mil diecisiete. Por tanto, con las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte la actualización -manifiesta e indudable- de la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que mediante oficio SEP-4.2.3.-DRHF/2780/18, del trece de noviembre de dos mil dieciocho se informó a la quejosa que en atención a la petición que formuló la constancia de evolución salarial que solicitó se encontraba a su disposición, y en el diverso oficio SEP-4.2.3.2/DRHF/0694/18, del cuatro de junio del año en cita, se insertó la constancia de evolución salarial que solicitó la quejosa, tal como se demuestra con la siguiente reproducción: Por tanto, es evidente que con los oficios reproducidos se abordó el escrito de petición que formuló la quejosa, e incluso se le expidió la constancia que solicitó, lo que lleva a sostener dado que ha cesado la omisión que controvierte, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. ... No obsta a lo anterior, el hecho de que no se advierta la notificación a la quejosa de la respuesta que recayó a su escrito de petición del nueve de abril de dos mil dieciocho, pues al haberse exhibido por parte de la autoridad responsable, con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, significó que los efectos del acto reclamado desaparecieron. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, el criterio sostenido por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, volumen 8 séptima parte, Séptima Época, intitulada: "AGRARIO. DERECHO DE PETICIÓN. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO. ... Tampoco resulta obstáculo que no se haya proporcionado la totalidad de la información solicitada por la quejosa, pues lo cierto es que con la respuesta proporcionada se dio contestación a su solicitud, por lo que si existe inconformidad con su contenido, la quejosa está en aptitud de impugnar esa respuesta. En ese sentido surge la incógnita si respecto de este último acto, sería posible darle vista o no a la promovente para que amplié la demanda de amparo relativa. La respuesta es en sentido negativo. Para corroborar lo anterior, debe decirse que el presente caso no se ubica en la hipótesis descrita en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque no se trata de un acto administrativo emitido de manera unilateral, por la autoridad responsable, y si bien podría ampliarla con base en las reglas generales de ampliación de una demanda de amparo, previstas en el artículo 111 de la misma legislación, lo cierto es que en esta última premisa, debe agotarse, contra dicha respuesta, el juicio de nulidad, y, por ende, a nada práctico conllevaría darle vista para ampliar. Debe recordarse que el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: ... Sin embargo, los supuestos establecidos para la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando atienden a elementos de oportunidad o temporalidad para su promoción, así como el conocimiento posterior de actos relacionados con aquellos reclamados inicialmente, lo cierto es que el legislador no previó que en esos casos se actualizara la hipótesis de excepción al principio de definitividad, como sí lo previó -expresamente- respecto de la ampliación de la demanda tratándose de los casos en que se reclamen actos materialmente administrativos emitidos unilateralmente, y la autoridad responsable complementa la fundamentación y motivación, en términos de los artículos 61, fracción XX, párrafo último, 117, párrafo último y 124, párrafo último, de la Ley de Amparo . De ahí que el legislador ordinario no previó que tratándose de demandas de amparo en los que se reclame una violación al derecho de petición, deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 117, párrafo último, de la ley de la materia, consistente en otorgar un plazo razonable para ampliar la demanda respecto del acto emitido en respuesta a la solicitud de que se trata, pues ese supuesto se reservó a los actos unilaterales de la administración pública y, tampoco se estableció que el particular quedaba exento de agotar los medios ordinarios de defensa, como en este caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1599, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de 2015, de texto y rubro siguientes: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. ... De igual forma, es ilustrativa, la tesis 2a. CXV/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMPLEMENTE EL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO EN EL CASO AHÍ PREVISTO, NO ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. ... No sobra decir que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto de la necesidad de distinguir entre el derecho de petición -y su respuesta- y el acto administrativo, pues del primero ha dicho que la vía mediante la cual los ciudadanos informan al gobierno sobre sus problemas y la obligación que éste tiene de responder, por lo menos, que se ha enterado de los mismos, es decir, sólo tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún resultado específico, en tanto que el segundo, como ya se dijo, consiste en la declaración de voluntad por parte de un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, el cual puede emanar de forma unilateral, o bien derivado de una procedimiento administrativo -entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la emisión del acto administrativo-, que emana a instancia del particular. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia y tesis aislada, siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. ... "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. ... Entonces, al no tratarse de un acto administrativo unilateral, de poco serviría otorgarle a la parte quejosa la posibilidad de ampliar su demanda, si de manera previa a su impugnación a través del juicio de amparo debe agotarse previamente el juicio de nulidad; esto es, se le daría vista para ampliarla, pero el juicio de amparo sería improcedente, pues no cumplió con el principio de definitividad, lo cual haría ociosa la vista de que se trata. Sobre la necesidad de agotar el medio de defensa, aun tratándose de la ampliación de la demanda prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en la contradicción de tesis 110/2006-SS, resuelta el veinticinco de agosto de dos mil seis, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo: ... Con base en lo anterior, se insiste, de nada serviría que se le diera oportunidad de ampliar la demanda, por cuanto hace a la respuesta emitida si a la postre se sobreseería por no agotarse el principio de definitividad. Ahora, debe destacarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 571/2017, sostuvo lo siguiente: ... ... Al respecto, es preciso traer a colación que el artículo 4, apartado A, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que en particular señalan: ... De la disposición normativa transcrita se desprende, en lo atiente, que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tendrá competencia para conocer los juicios que se promuevan contra actos administrativos de la autoridad estatal o municipal y procedimientos en los que se impongan multas por infracción a las normas administrativas aplicables. Con base en lo anterior, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el oficio emitido como respuesta a la solicitud de la quejosa, pues antes de promover esta acción constitucional tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por tratarse de un acto que guarda relación con la calidad de pensionada de la quejosa. Además, en el caso, no se actualiza ninguna de las siguientes excepciones al principio de definitividad: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Si el acto reclamado carece de fundamentación; f) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; g) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; h) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; y, i) Finalmente, cuando se reclamen actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de los cuales se alegue que carecen de fundamentación y motivación, y en el informe justificado la autoridad responsable subsana o perfecciona tales vicios también operará la excepción al principio de definitividad señalada en el inciso f). En primer orden, porque el referido acto no implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se trata de una ley que se impugne con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualizan los supuestos señalados en los incisos c), d) y h). Por otro lado, el acto reclamado tampoco carece de fundamentación, pues en él se citaron los fundamentos legales que se consideraron aplicables; por tales motivos, no se actualizan los supuestos señalados en los incisos e), f) e i). Por otro lado, el acto reclamado pudo ser combatido a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, máxime que el mencionado juicio se prevé en una ley, y no en un reglamento, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis contenida en el inciso g). Asimismo, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que el juicio de amparo indirecto no es promovido por persona extraña, pues fue la propia quejosa quien formuló una solicitud a la responsable que emitió la respuesta. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: ... Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente. "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Por lo tanto, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada . Finalmente, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la constancia de evolución salarial de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, misma que le fue solicitada en auto de treinta de noviembre del actual y manifiesta que dicha documental no ha sido notificada, a la parte quejosa, en virtud de que no se ha presentado a las instalaciones de dicha dependencia; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba que anexa la autoridad oficiante a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Diferimiento. Por otra parte, visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. En tal sentido, con fundamento en el artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. ... En consecuencia, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ...

  4. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio signado por la Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala la autoridad responsable en el oficio que se provee. Designación de delegados. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley de la materia en vigor, se tiene(n) como delegado(s) a la(s) persona(s) que relaciona en su comunicado de mérito. Prueba(s). Se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del oficio ***, de trece de noviembre de dos mil dieciocho, la cual será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Requerimiento. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable no remitió la constancias de notificación del oficio ***, aunado a que indicó que dejaba a disposición de la parte quejosa la constancia de evolución salarial que había solicitado, lo que denota que el informe justificado rendido se encuentra incompleto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la ley la materia, requiérase a ***, en su carácter de Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, remita la constancia de evaluación salarial de referencia y la constancia de notificación o de entrega a la quejosa. Lo anterior, tomando en consideración que el plazo de quince días concedidos para rendir su informe justificado concluye el tres de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el auto del pasado cinco del mes y año en curso.

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