Ernestina Lizárraga Millán
Expediente 971/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ernestina Lizárraga Millán
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida determinación HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que conforme circular CAP/3/2020 de veinte de los actuales, se determinó que del veintiuno de diciembre del año pasado al once de enero del año en curso se regresaría al esquema de trabajo implementado en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que suspendió labores, por lo que no corrieron plazos procesales, salvo para los juicios en línea y los casos urgentes. Sin embargo, mediante la diversa circular SECNO/1/2021 de ocho del mes y año en curso, se hace del conocimiento, entre otros aspectos, que el circuito judicial en el que se encuentra este juzgado el ordenamiento aplicable para la actividad jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reanudan los plazos procesales en los términos y condiciones que establece. Por tanto, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado; es decir, la reanudación de ninguna manera implica el reinicio de los plazos o términos procesales. En ese sentido, agréguense a los autos el oficio de la Presidenta de Junta Especial número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del lado emitido el quince de los actuales en el expediente laboral de origen 374/2016. Al respecto, toda vez que en el presente asunto se reclama la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 374/2016, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos). Lo anterior, pues la quejosa parte reclamó la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 374/2016; sin embargo, la omisión de la autoridad responsable cesó el quince de los actuales dictó el laudo en dicho sumario laboral conforme a las constancias que se acompañan al informe de cuenta. Esto es, con el dictado de dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y procede decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, al ser clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos de los que se advierte que la autoridad responsable Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha cumplido con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados; ha sido omiso en cumplir con el requerimiento efectuado el dos de marzo del año en curso; por tanto, se le requiere para que dentro del término de tres días computados a partir de la notificación de este auto, remita el cumplimiento que haya dado a la sentencia de amparo dictada dentro del presente sumario constitucional. Se apercibe a cada uno de los integrantes del consejo consultivo que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258, los dos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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