Ernestina Jeronimo Montero

Expediente 1916/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1916/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ernestina Jeronimo Montero

Actuaciones

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por ...como está ordenado en el cuaderno principal, contra el acto del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado, sin necesidad de formar su duplicado, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídansele sus informes previos, los que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. En la inteligencia que deberá adjuntar copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado; ello, para estar en aptitud de acordar lo relativo a la suspensión definitiva. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica, vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas la cual no se pueda presentar de manera electrónica; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio electrónico a todas las autoridades ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circ uitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Ahora bien, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, consistente en el emplazamiento al juicio del índice del Juzgado responsable, y sus consecuencia; SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por tratarse de actos consumados, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza de los mismos, equivaldría a darle a la suspensión efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. " Ahora bien, por lo que respecta a las consecuencias de dichos actos, los cuales a decir de la quejosa se traducen, entre otros, en el embargo de una cuenta bancaria en donde se le depositó la pensión por jubilación que recibe como adulto mayor, con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Conforme lo establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1.- Que la solicite el quejoso. 2.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. De igual forma, es menester tomar en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto dispone: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y..." Para lo cual es indispensable determinar que por apariencia de buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, que se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que sólo en esa medida se puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar; y siempre y cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho los requisitos establecidos también en el diverso numeral 128, consistentes en que la solicite el agraviado (fracción I), y no se siga perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público (fracción II). Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. En el caso, se cumplen con las condiciones de que se trata pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa, quien acude como persona extraña -por equiparación- al juicio y quien aduce resentir la ejecución del embargo decretado en dicho procedimiento; por lo que se encuentra en una situación de ajeneidad respecto del procedimiento judicial en donde se podría llevar a cabo la ejecución del acto, debiendo -en esta etapa procesal y para efectos de la presente medida cautelar- estarse a sus manifestaciones. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 5/93, consultable en la página 12, Núm. 68, Agosto de 1993 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo". En ese sentido, bajo la aludida apariencia del buen derecho que a criterio de la suscrita le asiste al quejoso, además de considerar para efectos de esta medida su condición de vulnerabilidad por tratarse de un adulto mayor jubilado, y con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que sin paralizar el procedimiento de ejecución, el embargo de la cuenta bancaria a que hace referencia la quejosa, se constriña a las cantidades que hubiere en dicha cuenta ajenas a la pensión jubilatoria que percibe la quejosa. Lo anterior, pues hasta este momento se desconoce el monto del embargo y si éste podría poner en peligro la subsistencia de la quejosa, quien como se dijo, se encuentra en una situación de vulnerabilidad que obliga a la suscrita a velar en forma reforzada por el respecto a sus derechos fundamentales. Además, dicha medida surtirá efectos hasta que se dicte la suspensión definitiva. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable, para que al rendir su informe previo, remita las constancias conducentes que permitan a la suscrita conocer las particularidades del acto reclamado y el embargo decretado en dicho procedimiento. Por otra parte, no ha lugar a fijar garantía, pues hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para ello, sin perjuicio que de estimarlo conducente, se proveerá lo relativo en su oportunidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con número de registro digital 2025978 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. AL RESOLVER RESPECTO DE ACTOS RECLAMADOS QUE DERIVEN DE PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA CIVIL, CUANDO SE AFECTE EL SALARIO MÍNIMO Y EL DERECHO HUMANO AL MÍNIMO VITAL, SE DEBE PONDERAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL QUEJOSO PARA DETERMINAR SI PROCEDE REDUCIR EL MONTO DE LA GARANTÍA FIJADA PARA QUE SURTA EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 135, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: En un juicio de amparo indirecto, la parte quejosa solicitó la dispensa de exhibir la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, al exceder su capacidad económica, el cual deriva de la condena de intereses moratorios en un juicio ejecutivo mercantil en el que se decretó el embargo de su salario. El Juez de Distrito consideró que no era factible otorgar la dispensa en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no provenía de una determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos fiscales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que atendiendo al principio pro persona y a la interpretación funcional de la norma, cuando se afecte el salario mínimo y el derecho al mínimo vital en los juicios de amparo que deriven de un procedimiento de naturaleza civil en el que se embargue el salario del quejoso, se debe ponderar su capacidad económica para determinar si procede reducir el monto de la garantía, e interpretar de forma literal y aislada el artículo 135, segundo párrafo, fracción II, de la Ley de Amparo y no conjuntamente con su primer párrafo. Justificación: Lo anterior, porque conforme a lo establecido por los artículos 1o., 5o., 17 y 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar en riesgo los derechos humanos a la dignidad, al mínimo vital, al salario y a la subsistencia del quejoso y su familia, a la igualdad procesal, así como a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, al resolver sobre la suspensión y atender a la fijación de la garantía para que surta sus efectos, respecto de actos reclamados que deriven de juicios civiles cuando se afecte el salario mínimo y el derecho al mínimo vital, el juzgador debe ponderar la capacidad económica del justiciable para determinar si procede reducir el monto de la garantía, incluso cuando los embargos o créditos de cualquier naturaleza, civiles, mercantiles, etcétera, excedan de la capacidad económica del quejoso, e interpretar el artículo 135, segundo párrafo, fracción II, de la Ley de Amparo de forma literal y aislada, y no conjuntamente con su primer párrafo, que dispone que "cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal", toda vez que en caso contrario, se vedaría la posibilidad de que se cubriera el monto de la garantía para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar, cuya finalidad consiste precisamente en respetar, garantizar y preservar los derechos humanos de la parte quejosa que se encuentren en peligro mientras se resuelve el fondo del asunto". Finalmente, no es de accederse a la expedición de la copia certificada de esta determinación que solicita el quejoso, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que las actuaciones emitidas o que se emitan posterior a dicha fecha, no obrarán en el expediente impreso y sólo en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el citado Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, y las que cuenten con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta promovida por********************contra actos que reclama del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; en tal virtud, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo ********************. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso la constancia de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiéranse a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberán rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados para tal efecto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los señalados en la demanda de amparo; asimismo, ténganse como medio alternativo de comunicación, el correo electrónico que proporciona en la demanda de mérito. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Asimismo, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con una copia de la demanda. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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