Ernestina Guadalupe Valdés Jaime
Expediente 1168/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ernestina Guadalupe Valdés Jaime
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 1168/2018-3. Actos reclamados la parte quejosa, señala: De la lectura integral de la demanda de amparo, en esencia, se desprende que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 1. La falta de notificación personal de la llegada de autos del archivo judicial del expediente ***/2016; 2. El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente ***/2016, mediante el cual el Juez responsable ordena requerirla para que acredite el cumplimiento al convenio; y 3. La indebida notificación del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Antecedentes De los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que la quejosa refiere "bajo protesta de decir verdad", se desprende lo siguiente: a) Ante el Juzgado Primero del Ramo Civil en esta ciudad, se tramita el juicio extraordinario civil hipotecario expediente ***/2016, promovido por ***, sociedad anónima, en contra de *** (aquí quejosa) y ***. b) El nueve de octubre de dos mil diecisiete, los demandados en el juicio natural, *** (aquí quejosa) y ***, presentaron y ratificaron un convenio ante el Juez de origen, en el cual solicitaron se les tuviera por emplazados, por reconociendo el adeudo y como convenio que se obligaron a pagar en los términos del contrato de crédito con garantía hipotecaria en que se fundó la demanda. c) El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se notificó a las partes que el convenio había sido elevado a la categoría de cosa juzgada. d) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Juez responsable recibió los autos del expediente ***/2016, por parte del Archivo Judicial del Estado. e) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez mandó requerir a la parte demandada, aquí quejosa, a efecto de que acreditara el cumplimiento al convenio que se obligó con apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la etapa de ejecución forzosa. f) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, fue realizada la notificación a la parte demandada, aquí quejosa. Desechamiento Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al desprenderse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. Actos identificados con números 1 y 3. En concepto de esta Juzgadora, en el presente asunto, respecto de los actos precisados con números 1 y 3, consistentes en la falta de notificación personal de la llegada de autos del archivo judicial del expediente ***/2016, y la indebida notificación del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se actualiza de modo indudable y notoria la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El referido numeral, prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado. En efecto, respecto a los actos consistentes en la falta de notificación personal de la llegada de autos del archivo judicial del expediente ***/2016, y la indebida notificación del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en concepto de esta Juzgadora, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, prevé medio de impugnación -incidente de nulidad de notificaciones- por virtud del cual puede ser nulificada la forma en cómo se continuó la etapa ejecutiva una vez que llegaron al autos del archivo judicial en que se encontraba, así como de la notificación que considera fue practicada de manera ilegal. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, prevé los requisitos de las notificaciones reguladas para los juicios de naturaleza civil, en los artículos 105 a 122; y en los diversos 72 al 75 el trámite incidental para resolver cuestiones tales como la nulidad de notificaciones. Se citan numerales, correspondientes en esencia al emplazamiento e incidentes, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 72. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales que prescribe este código; y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada una nulidad por la parte que dio lugar a ella. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 73. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 74. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario, aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 75. Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo juez o tribunal que conozca del negocio si la parte contraria estuviere conforme, se declarara desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente si no estuviere conforme, se convocara a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren, en la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia, sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por falta de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, que serán apelables. En el caso de que proceda la nulidad se impondrá al responsable una multa de uno a tres días de salario mínimo vigente en la región y se le condenara al pago de las costas y gastos. CAPITULO V De las Notificaciones Artículo. 105. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes, se efectuarán a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, siempre que en éstas el Juez o Tribunal no dispusieren otra cosa. A los infractores de esta disposición se impondrá de plano una multa que no exceda de tres días de salario mínimo vigente en la región. Artículo. 106. Las notificaciones se harán personalmente, por cédula, por lista de acuerdos en los términos de los artículos 117 a 122, por edictos, por correo y por telégrafo, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes. Artículo 107. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Artículo 109. Será notificado personalmente en el domicilio señalado por los mencionados en el primer párrafo del artículo 107: (.) II. La primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar por más de seis meses por cualquier motivo. (.)" En tales condiciones, resulta incuestionable que la falta de notificación de la llegada de los autos, así como la forma en cómo se notificó el requerimiento de comprobación del cumplimiento al convenio, que la promovente considera ilegales, pueden ser impugnada mediante el incidente de nulidad de notificaciones el cual tiene por objeto nulificar las actuaciones a partir de la diligencia efectuada indebidamente en contravención a las formalidades previstas en el capítulo respectivo. Resulta aplicable, la jurisprudencia III.1o.C. J/34 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, Novena Época, página 1041, del contenido literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO..." Por lo expuesto, se arriba al convencimiento de que si la quejosa considera que la forma en cómo se continuó con el trámite de la etapa ejecutiva y la indebida notificación del requerimiento de cumplimiento al convenio, al ser parte formal y material (demandada), una vez que tuvo conocimiento de dichas actuaciones, previo a la interposición del juicio de amparo, estuvo en aptitud de impugnarlas mediante el incidente de nulidad de notificaciones previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, a través del cual puede lograr la nulidad de dichas actuaciones, y al no haberlo hecho así, es que se actualiza la referida causa de improcedencia del juicio constitucional. Aunado a lo anterior, la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que: Primero, no se trata de actos de que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad persona fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Segundo, tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativa a la libertad bajo caución. Tercero, la quejosa no es tercera extraño al juicio de origen, según manifestó en su demanda -pues refirió tener el carácter de demandada, que compareció al mismo, celebró convenio y se obligó a estar y pasar por el todo momento; y Por último, la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues será en dicha incidencia donde podrá hacer valer lo indebido de la continuidad del juicio una vez que llegaron los autos del archivo judicial así como justificar que el cumplimiento a dicho convenio. Cabe citar al respecto la jurisprudencia 1a./J 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Décima Época, página 729, con el rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL..." Acto identificado con el número 2. En concepto de esta Juzgadora, en el presente asunto, respecto del acto precisado como número 2, consistente en el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente ***/2016, mediante el cual el Juez responsable requiere a la aquí quejosa para que acredite el cumplimiento al convenio, con apercibimiento que de no hacerlo se pasaría a la ejecución del convenio, se actualiza de modo indudable y notoria la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En efecto, de lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo no se advierte que: a) Se haya dictado acuerdo en el que se dio por cumplido el convenio que concluyó el juicio extraordinario civil hipotecario ***/2016 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil en esta ciudad; o b) Que se haya decretado la imposibilidad del cumplimiento de dicho convenio; o c) Que el Juez de origen haya ordenado el archivo definitivo del expediente. En esta tesitura, se aprecia que no se está en el supuesto para la procedencia del juicio de amparo, porque una vez iniciada la etapa de ejecución, conforme a la ley de la materia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de resoluciones dictadas o actuaciones practicadas intermedias en ese periodo; puesto que a contrario sensu, el controvertido constitucional únicamente resulta procedente frente a la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, en donde se podrán alegar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante destacar que el periodo que abarca la etapa de ejecución de sentencia, constituye la satisfacción de la obligación emanada del fallo dictado en el juicio respectivo, lo que estriba en un verdadero título que proviene directamente de la condena determinada en esa resolución y dicha ejecución puede llevarse a cabo de manera forzosa o voluntaria; es volitiva, cuando quien se encuentra obligado otorga cumplimiento espontáneamente; en cambio es forzosa, cuando la satisfacción se alcanza a través de los medios previstos por la ley con independencia de la voluntad del obligado o aún en su contra. En este orden de ideas, la etapa de ejecución inicia cuando existe la declaratoria por parte de la autoridad judicial de que la sentencia dictada causó ejecutoria, o bien, el convenio celebrado entre las partes, y que se elevó a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por lo fallado o convenido, con la consiguiente obligación para quien perdió la contienda, o se obligó en términos del convenio, de efectuar el pronto y cabal cumplimiento en la satisfacción a favor del actor, pues es inconcuso que los derechos litigiosos emanados de la controversia, al dictarse el fallo, o al convenir, y considerarse con efectos irrecurribles, en virtud del auto que la declara ejecutoriada, dota al enjuiciante de la posibilidad de pedir en el menor término posible y dentro de los cauces de la ley, el cumplimiento de la condena, o del convenio. Sobre esta tesitura, el periodo de ejecución debe entenderse como un lapso en el que debe privar la celeridad. El espíritu sobre la prontitud en la integración y término de dicha fase procesal se encuentra recogido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuya finalidad primordial lo constituye el hecho de que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra todos aquellos actos que tiendan a la obstrucción del proceso de ejecución del que se habla, limitando la posibilidad que las partes puedan acudir a su promoción, sino es frente a la última determinación dictada en el procedimiento ejecutorio respectivo, o sea, aquélla que decreta el cumplimiento total de lo sentenciado o en su defecto la imposibilidad para dar cumplimiento o se haya ordenado el archivo del expediente. Es así que la razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el proceso de ejecución, por constituir el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencias o laudos a la última resolución que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe citar al respecto la jurisprudencia I.6o.T. J/89, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Marzo de 2008, visible en la página 1482, de voz y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN." De igual manera se cita, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y uno, tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. ". En similares términos se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, publicada en la página once, tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA..." Caso concreto En el caso concreto, el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio extraordinario civil ***/2016, que en esencia, ordena requerir a la aquí quejosa a efecto de que acreditara haber dado cumplimiento al convenio celebrado en autos del juicio de origen, con apercibimiento que de no hacerlo se pasaría a la ejecución del convenio, constituye una actuación proveniente de un órgano jurisdiccional emitido en la etapa de ejecución de convenio celebrado en el juicio natural; sin embargo, éste acto no constituye la última resolución de esa fase (de ejecución), pues en él no se ha aprobado el cumplimiento total de lo convenido o que se haya decretado la imposibilidad para ello u ordenado el archivo definitivo del expediente, más bien, se encuentra condicionado a que la parte requerida justifique el cumplimiento a lo que se obligó en el convenio; y a la fecha, de acuerdo a lo manifestado por la propia quejosa, en el sentido de que consultó el expediente, solamente refiere que le fue notificado dicho requerimiento (a su consideración indebidamente) pero no que a la fecha existiera determinación que hiciera efectivo el apercibimiento, ni el resultado de este. Por lo que las violaciones procesales que en su caso pudieran derivar del acto tildado de inconstitucional, es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto hasta en tanto se pronuncie en el juicio natural el aludido mandato. Esto es así, pues el acto reclamado, constituye una resolución que ordenó requerir por la comprobación del cumplimiento al convenio celebrado en el juicio de origen con el apercibimiento que de no hacerlo se pasaría a su ejecución; por lo que obviamente con la decisión tomada por la autoridad, claramente puede considerarse que no se trata de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, sino que constituye una determinación intermedia dictada dentro del citado procedimiento a fin de lograr el debido cumplimiento al convenio que decidió la controversia, sobre todo, por lo narrado por la parte quejosa en su demanda, no se desprende dato o elemento de convicción alguno que demuestre, sin lugar a dudas, que se haya dado cumplimiento al convenio que pudiera tenerlo por cumplido a través de una ejecución forzosa, y si bien es factible que durante el procedimiento respectivo puedan surgir algunos vicios, la impugnación de éstos no debe realizarse en forma aislada a través del juicio de amparo, sino hasta el dictado de la última resolución por imperativo del artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En estas circunstancias es que este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para analizar la legalidad del acto de autoridad reclamado, dado que en el particular con la emisión y ejecución de éste, no se encuentra actualizadas las hipótesis de excepción a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora, no debe pasarse inadvertido que la única circunstancia que exime al solicitante de protección constitucional para interponer el amparo sin esperar el dictado del último acuerdo en la ejecución de sentencia (habiendo sido parte en el proceso) es cuando éste no haya sido llamado a juicio o habiendo sido emplazado no se haya realizado conforme a las reglas que marca el procedimiento, lo que en el caso en concreto no acontece, en virtud de que de autos se advierte que es la propia quejosa la que manifiesta haber comparecido en juicio, haber presentado convenio y que fue notificada del momento que fue aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada. En consecuencia, sobre la base de todo lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ***.como lo pide el promovente se tiene autorizado para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la Ley invocada, a ***, toda vez que cuenta con cédula registrada y en términos restringidos a ***, por no contar con tal requisito. Respecto de la solicitud del quejoso de consultar el presente expediente vía electrónica, así como que las notificaciones le sean realizadas vía electrónica y toda vez que proporciona nombre de usuario, a saber, "***", y el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal que pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del citado profesionista, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente juicio a efecto de que lo pueda consultar vía internet, así como promociones, determinaciones y le sean efectuadas la notificaciones por este medio, agréguese copia autorizada de dicha constancia.se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. dígasele a la promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto y las constancias que lo integren estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y que tienen el derecho para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición, presume su consentimiento a ella. Notifíquese; personalmente a la quejosa.
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