Ernestina Flores Chávez

Expediente 567/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
567/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2016

Partes del expediente

  • Ernestina Flores Chávez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA CITADA DEMANDA, INFORME LA RADICACIÓN DE DICHO ASUNTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 1326/2016, del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, mediante el cual remite cuaderno de amparo el cual contiene escrito de presentación, original de la demanda de amparo promovida por Ernestina Flores Chávez, auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, y constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada, asimismo envía el oficio 1119/2016, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, cuatro copias de la demanda y los autos del expediente 805/2010; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Ernestina Flores Chávez, señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como ordenadora y ejecutora lo es la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidalgo, con domicilio conocido en Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidalgo. __ ACTO RECLAMADO.- lo es la sentencia interlocutoria respecto del incidente de liquidación de intereses de fecha 18 de abril del año 2016, que inciden en el resolutivo segundo." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo 1184/2013, del índice de este tribunal colegiado, el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, emitió una nueva sentencia el veinticuatro de abril de dos mil catorce, resolución en la cual determinó condenar a la parte demandada a pagar a la actora tanto la suerte principal como intereses moratorios. Así, por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, Enrique Hernández Sepúlveda, en su carácter de endosatario el procuración de la actora Araceli Mera Vargas, promovió incidente de liquidación de intereses causados por el documento base de la acción, seguido que fue el trámite del incidente en comento, por resolución interlocutoria de dieciocho de abril de esta anualidad, el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, resolvió aprobar la planilla de liquidación de intereses moratorios pactados, por la cantidad de $58,750.00 (cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), generados del periodo del veinticinco de marzo de dos mil ocho al veinticinco de enero de dos mil dieciséis. En contra de la interlocutoria antes indicada Ernestina Flores Chávez, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Por su parte el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En ese orden de ideas, se evidencia que el acto hoy reclamado no es una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, dado que esta se encuentra emitida después de concluido el juicio natural, es decir, en ejecución de sentencia; en consecuencia, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto y, su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y, por autorizado para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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