Ernestina Cortez Castañeda

Expediente 1736/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1736/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Ernestina Cortez Castañeda
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por la autoridad responsable denominada Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaria, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de febrero del año en curso, se dio vista al quejoso con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el veintiséis de febrero del presente año, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del dos al cuatro de marzo del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el doce de marzo de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en esta ciudad, confirmo la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 24, fracción XII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, así como del diverso pago relativo al cobro de multa por pago extemporáneo, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, así como el cobro de multa por pago extemporáneo deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción XII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente, en el presente y en el futuro tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas, previstas en el artículo 24, fracción XII. C) Realizar la Devolución del pago que realizo la parte quejosa relativo al cobro de multa por extemporáneo, en relación a los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo de cuenta la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que el veintinueve de enero del presente año, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica (SPEI) la cantidad de $9,313.48 (nueve mil trescientos trece pesos 48/100 moneda nacional), la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual indica que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el uno de julio de dos mil diecinueve y el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil diecinueve a enero de dos mil veintiuno. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de diciembre de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue 103.299; y para el mes de diciembre de dos mil veinte 109.271. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.057812 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $8,847.70 (ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 70/100 moneda nacional) menos $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional) relativo a la comisión bancaria, esto es la cantidad de $8,844.70 (ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago es la cantidad de $9,356.02 (nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $511.32 (quinientos once pesos 32/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $9,356.02 (nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la cantidad de $9,313.48 (nueve mil trescientos trece pesos 48/100 moneda nacional); por tanto, se pone en evidencia que hay un déficit en prejuicio de la parte quejosa, equivalente a $42.54 (cuarenta y dos pesos 54/100 moneda nacional), pero se considera que dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla dado que los gastos operativos que realizaría la autoridad exactora para devolverla, así como la parte quejosa para obtenerla, serían mayores al beneficio de obtenerla. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por la autoridad responsable denominada Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaria, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de febrero del año en curso, se dio vista al quejoso con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el veintiséis de febrero del presente año, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del dos al cuatro de marzo del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el doce de marzo de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en esta ciudad, confirmo la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 24, fracción XII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, así como del diverso pago relativo al cobro de multa por pago extemporáneo, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, así como el cobro de multa por pago extemporáneo deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción XII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente, en el presente y en el futuro tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas, previstas en el artículo 24, fracción XII. C) Realizar la Devolución del pago que realizo la parte quejosa relativo al cobro de multa por extemporáneo, en relación a los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo de cuenta la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que el veintinueve de enero del presente año, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica (SPEI) la cantidad de $9,313.48 (nueve mil trescientos trece pesos 48/100 moneda nacional), la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual indica que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el uno de julio de dos mil diecinueve y el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil diecinueve a enero de dos mil veintiuno. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de diciembre de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue 103.299; y para el mes de diciembre de dos mil veinte 109.271. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.057812 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $8,847.70 (ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 70/100 moneda nacional) menos $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional) relativo a la comisión bancaria, esto es la cantidad de $8,844.70 (ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago es la cantidad de $9,356.02 (nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $511.32 (quinientos once pesos 32/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $9,356.02 (nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la cantidad de $9,313.48 (nueve mil trescientos trece pesos 48/100 moneda nacional); por tanto, se pone en evidencia que hay un déficit en prejuicio de la parte quejosa, equivalente a $42.54 (cuarenta y dos pesos 54/100 moneda nacional), pero se considera que dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla dado que los gastos operativos que realizaría la autoridad exactora para devolverla, así como la parte quejosa para obtenerla, serían mayores al beneficio de obtenerla. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta y anexo signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará a la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará a la espera de que informe el acatamiento total del mismo. No obstante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la sentencia protectora y remita las constancias relativas que así lo acredite, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 193 de la ley citada. NOTIFÍQUESE.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano