Ernestina Castañeda Vargas
Expediente 240/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ernestina Castañeda Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del doce al dieciocho del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameritan la devolución a la quejosa. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibieron billetes de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. Doy fe En misma fecha se da cuenta a la juez con la certificación que antecede, y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante resolución de once de agosto de dos mil diecisiete (fojas 102 a 107), este Juzgado Primero de Distrito concedió el amparo solicitado por la quejosa Ernestina Castañeda Vargas, para el efecto de que el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas: Dirigiera la investigación de la averiguación previa 49/II/2013, directamente o a través del agente investigador facultado, a efecto de que pueda resolverse sobre el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos objeto de indagatoria. Proveyendo lo necesario a efecto de que la investigación fuera integral, eficaz y pronta. En el entendido de que quedará cumplida con la emisión de la resolución definitiva por parte de la representación social respecto de la averiguación previa natural, es decir, con la determinación que decida sobre el ejercicio de la acción penal o concluya con la investigación. De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en que se resolviera sobre la investigación natural de manera integral y pronta. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, mediante oficio y anexos recibidos el seis de septiembre de la presente anualidad, el procurador responsable (foja 117) remitió copia certificada de la resolución de siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante la que el Agente del Ministerio Público Número Dos del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, determinó ejercer acción penal en la indagatoria de origen (fojas 121 a 139). De lo expuesto se sigue que la investigación natural concluyó con el ejercicio de la acción penal, pues se ordenó remitir la averiguación previa 49/II/2013 al Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, solicitándole girara la correspondiente orden de aprehensión en contra de J. Encarnación Reyna Adame, como responsable en la comisión del delito de homicidio culposo. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, pues estos se concretaban en que se resolviera sobre el ejercicio de la acción penal en la averiguación de origen, lo que ya aconteció en la especie. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
El siete de septiembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado bajo el número 12060 con anexos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, por medio del cual remite copia certificada del oficio DP/SA/17/189, dirigido al Agente del Ministerio Público Número Dos de Pinos, Zacatecas, y del oficio 276 signado por el Agente en mención al que anexa copia certificada de la determinación de ejercicio de acción penal relativa a la averiguación previa 49/II/2013, a efecto de acreditar el cumplimiento a la presente ejecutoria; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado para que dentro del término de tres días manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
EJECUTORIA AMPARO CONCEDIDO El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del dieciséis al veintinueve del mes y año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; por lo que tampoco se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación secretarial que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el once de agosto del año actual, en la que se concedió a la quejosa Ernestina Castañeda Vargas, el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley en consulta, requiérase a la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que a más tardar dentro del plazo de tres días hábiles de cumplimiento de manera total al fallo protector en los siguientes términos: "1. Dirija la investigación de la averiguación previa natural, directamente o a través del agente investigador facultado, a efecto de que pueda resolverse sobre el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos objeto de indagatoria 1.1. Para tal efecto, deberá proveer lo necesario a efecto de que la investigación sea integral, eficaz y pronta. 2. En el entendido de que la presente resolución quedará cumplida con la emisión de la resolución definitiva por parte de la representación social respecto de la averiguación previa natural, es decir, con la determinación que decida sobre el ejercicio de la acción penal o concluya la investigación.". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no dar cumplimiento en el término indicado se hará a acreedora a una multa equivalente a CINCUENTA DÍAS de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. OTRAS CONSIDERACIONES. Devuélvase a la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el legajo de copias certificadas de las constancias relativas a la averiguación previa A.P. 49/II/2013 que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. En otro aspecto, se hace constar que al no haberse aperturado incidente de suspensión, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las nueve horas del once de agosto de dos mil diecisiete, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 240/2017 prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, quien actúa con el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado del Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como de las demás constancias que obran en los presentes autos, en particular, del emplazamiento del tercero interesado J. Encarnación Reina Adame (foja 97). A lo que secretario encargado del despacho determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por la autoridad responsable, relativas a las constancias de la averiguación previa 49/II/2013, y las documentales ofrecidas por la parte quejosa (fojas 55 a 23). A lo que el secretario encargado del despacho provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la representación social en el pedimento 528/2017 (foja 70). A lo que el secretario encargado del despacho acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse formulados los argumentos de cuenta y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 240/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete (fojas 2 a 7), Ernestina Castañeda Vargas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: Omisión de integrar la averiguación previa conducente respecto del fallecimiento de su hijo menor de edad. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito. En acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, se registró el asunto con el expediente 240/2017, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados, se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La dilación en la integración de la averiguación previa 49/II/2013, relativa a la pérdida de la vida de Arturo Rodríguez Castañeda (hijo de la quejosa), instruida contra J. Encarnación Reina Adame. Lo precisado, pues en la inconformidad base de la demanda de amparo (omisión de inicio de la averiguación previa citada) subyace la dilación citada, por lo que ésta engloba de manera integral la litis constitucional, con independencia del estado procesal de la investigación, lo que resulta conforme con la naturaleza de la violación base de la demanda de amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la existencia del acto reclamado, pues manifestó que se omitió continuar con el trámite de la averiguación previa natural (foja 45). Como apoyo de lo anterior, remitió la copia certificada de la averiguación previa 49/II/2013; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la omisión reclamada. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se relataran los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado: 1. El veintinueve de julio de dos mil trece, la agente el Ministerio Público Ocho, en Zacatecas, Zacatecas, determinó el inicio de la averiguación previa 49/II/2013 por el fallecimiento de Arturo Rodríguez Castañeda (foja 3 del cuaderno de pruebas). 2. En esa misma fecha, la agente citada determinó remitir la investigación a la agencia del Ministerio Público Dos en Pinos, Zacatecas, por ser la autoridad competente por razón de territorio para seguir conociendo de los hechos (foja 15 del cuaderno de pruebas). 3. El quince de marzo de dos mil diecisiete, el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, instruyó al agente del Ministerio Público Dos del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, para que continuara, sin demora, con la investigación en comento (foja 19). 4. En esa misma fecha, el agente citado determinó proseguir la averiguación a efecto de dilucidar la verdad sobre los hechos controvertidos (foja 29). 5. El veinticuatro siguiente, el agente referido ordenó citar a declarar a J. Encarnación Reina Adame como indiciado respecto de los hechos relativos a la muerte de la víctima en referencia (foja 98). La dilación en la investigación anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan substancialmente fundados, como se argumentará a continuación: La quejosa arguye, en concreto, que la procuraduría responsable tiene el deber ineludible de investigar los hechos en los que exista la probable comisión de un delito, por lo que el hecho de que se haya omitido la investigación relativa a la pérdida de la vida de su hijo es violatorio de derechos fundamentales (foja 7). El argumento anterior es fundado, conforme a lo siguiente: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." Dicho numeral prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función. Por tanto, como ente investigador de los delitos el Ministerio Público, está facultado y obligado a llevar a cabo todas las diligencias y actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos que sean hechos de su conocimiento, esto de manera exhaustiva y diligente. La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto, resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, el artículo 17 constitucional, en lo conducente, dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito, se advierte que la prontitud en la administración de justica consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Por consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En concordancia con lo anterior, el derecho en comento debe incidir en las averiguaciones a cargo del Ministerio Público, pues éstas son presupuesto de la determinación de la responsabilidad penal por parte de la autoridad jurisdiccional, por lo que es indudable que materialmente forman parte de la administración de justicia. Luego, dilación injustificada en la prosecución de los delitos implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama toralmente la omisión de investigación del fallecimiento de su hijo. La legitimación de la amparista descansa, entonces, en el hecho de ser madre de la víctima; carácter que acredita con la copia certificada del acta de nacimiento respectiva (foja 8). Por tanto, es evidente que integra la parte civil en la averiguación de origen (al ser, preliminarmente, titular de la reparación del daño y del derecho a conocer la verdad de los hechos), por lo que tiene interés jurídico en que la investigación se realiza dentro de los plazos que sean acordes con el artículo 17 constitucional. La averiguación natural, como se reseñó, inició el veintinueve de julio de dos mil trece, fecha en la que se remitió a la Agencia Dos del Ministerio Público de Pinos, Zacatecas. Posteriormente, el quince de marzo de dos mil diecisiete, el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, instruyó al agente del Ministerio Público Dos del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, para que continuara, sin demora, con la investigación en comento (foja 19). En esa misma fecha, el agente citado determinó proseguir la averiguación a efecto de dilucidar la verdad sobre los hechos controvertidos (foja 29). Y el veinticuatro siguiente, el agente referido ordenó citar a declarar a J. Encarnación Reina Adame como indiciado respecto de los hechos relativos a la muerte de la víctima en referencia (foja 98). De lo anterior destaca que del inicio de la investigación a su continuación transcurrió un lapso de casi cuatro años, lo que resulta exorbitante, pues se trata de una inactividad total en la averiguación de origen. Por tanto, es patente la actitud pasiva de la representación social en relación con la tramitación de la indagatoria en comento. Lo anterior, pues al momento de la presentación de la demanda (dos de marzo de dos mil diecisiete), no se había realizado actuación de investigación alguna desde que se determinó remitir la averiguación al agente investigador en Pinos, Zacatecas. De manera que fue hasta con posterioridad a ese momento que se ordenó la reactivación de la investigación (quince de marzo de este año) Esto, se aprecia, en virtud de la orden que en ese sentido giró el procurador responsable. No obstante, lo anterior no implica el cese de la dilación reclamada, pues es evidente que por el tiempo trascurrido el retardo en la averiguación aconteció, al implicar el desfase de la investigación. Lo considerado trasciende en las atribuciones del procurador responsable, porque en términos del artículo 9, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, la prosecución de los delitos constituye una facultad originaria de éste, al corresponderle el desarrollo de la función investigadora y acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal, directamente o a través de los servidores públicos facultados. De ahí que la dilación reclamada ataña a dicha autoridad, pues, en todo caso, le correspondía procurar que la investigación se desarrollara dentro de un lapso razonable. En suma, la averiguación de origen no se ha tramitado de manera conforme con el derecho de administración de justicia pronta contemplado en el artículo 17 constitucional. En conclusión de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho. En esa tesitura, procede conceder la protección de la Justicia de la Unión solicitada para el efecto de que el Procurador de Justicia del Estado de Zacatecas: 1. Dirija la investigación de la averiguación previa natural, directamente o a través del agente investigador facultado, a efecto de que pueda resolverse sobre el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos objeto de indagatoria 1.1. Para tal efecto, deberá proveer lo necesario a efecto de que la investigación sea integral, eficaz y pronta. 2. En el entendido de que la presente resolución quedará cumplida con la emisión de la resolución definitiva por parte de la representación social respecto de la averiguación previa natural, es decir, con la determinación que decida sobre el ejercicio de la acción penal o concluya la investigación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ernestina Castañeda Vargas contra el acto que reclamó del Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la dilación en la averiguación previa 49/II/2013; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza. Doy fe.
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