Ernestina Arellano Orozco

Expediente 695/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
695/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Ernestina Arellano Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 267/2022, con número de origen E-202/2022, del índice de éste Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, remitido a efecto de notificar el auto de diecisiete de junio del año en curso, a la quejosa Ernestina Arellano Orozco, por las razones que expone. En atención a lo anterior, téngase por recepcionado el exhorto de cuenta; y como lo solicita el similar sin que haya lugar acusar recibo toda vez que este se generó al momento del envió. Por otro lado, en términos del artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa antes mencionada, el auto de que se trata, por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado; en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por este medio. Notifíquese: por lista a las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: ténganse por presentada a *******************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Comisión de Operación Sanitaria dependiente de la COFEPRIS. Dirección Ejecutiva de Supervisión y Vigilancia Sanitaria dependiente de la COFEPRIS. Delegación Fiscal de Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Actos reclamados Todos los actos de molestia que se ha realizado en los locales comerciales de la quejosa, con giros de farmacia; en específico, el acta de visita domiciliaria llevada a cabo el dieciséis de mayo de la año en curso, por el notificador adscrito a la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; así como la cédula de notificación por instructivo, de uno de junio de dos mil veintidós, elaborada por el propio notificador, que se dejó en el local comercial de la quejosa, ubicado en Plaza Juárez, número cuarenta, Barrio de San Juan, Zumpango de Ocampo, Estado de México, por medio de la cual se notificó resolución definitiva, de veinte de mayo del año en curso, dictada en el expediente administrativo M 206/2022, en la que se impuso a la moral denominada Farmacia Popular Gallegos e Hijos, S. A. de C. V., una multa por cantidad de $179, 240.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), con motivo de que infringió lo dispuesto en la última parte del segundo párrafo del artículo 258 de la Ley General de Salud. Registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En el caso concreto, la quejosa reclama los siguientes actos: Todos los actos de molestia que se ha realizado en los locales comerciales de la quejosa, con giros de farmacia; en específico, el acta de visita domiciliaria llevada a cabo el dieciséis de mayo de la año en curso, por el notificador adscrito a la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; así como la cédula de notificación por instructivo, de uno de junio de dos mil veintidós, elaborada por el propio notificador, que se dejó en el local comercial de la quejosa, ubicado en Plaza Juárez, número cuarenta, Barrio de San Juan, Zumpango de Ocampo, Estado de México, por medio de la cual se notificó resolución definitiva, de veinte de mayo del año en curso, dictada en el expediente administrativo M 206/2022, en la que se impuso a la moral denominada Farmacia Popular Gallegos e Hijos, S. A. de C. V., una multa por cantidad de $179, 240.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), con motivo de que infringió lo dispuesto en la última parte del segundo párrafo del artículo 258 de la Ley General de Salud. Sin embargo, en contra de dichos actos la quejosa debe agotar en juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracciones IV y XII, de la Ley Orgánica de dicho tribunal, que establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Del precepto en cita, se obtiene que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son competentes, a través del juicio contencioso administrativo, para conocer de las resoluciones que dicten las autoridades administrativas, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, así como aquellas en que imponga multa por infracción a las normas administrativas federales, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En la especie, los actos que reclama la quejosa son de naturaleza administrativa, los cuales se llevaron a cabo por una autoridad de la misma naturaleza, dentro de un procedimiento que se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual concluyó con una resolución definitiva, en la que se impuso una multa a la moral visitada, por haber infringido, presuntivamente, normas federales administrativas. Por consiguiente, la quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues dicho juicio constituye un medio ordinario de defensa, por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Además, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la suspensión de los actos impugnados con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. Al respeto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y contenido: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Domicilio La parte quejosa señala domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Carretera México Texcoco, número 58, colonia Venustiano Carranza, en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito. Por tanto, a efecto de hacer del conocimiento el presente proveído a la quejosa, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificarle en el domicilio de referencia. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia respectiva o dentro del plazo de tres días hábiles, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al juez exhortado para que con plenitud de jurisdicción acuerde promociones, en su caso, aplique las medidas necesarias de apremio conducentes a efecto de cumplimentar cabalmente la diligencia de mérito, inclusive se realice en días y horas inhábiles. Se solicita al similar habilite días y horas inhábiles a los actuarios respectivos, a fin de que pueda llevar a cabo la diligencia ordenada en autos, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se ordena remitir la presente comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos del párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: .La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. Autorizados para oír notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Medios alternativos de contacto Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la coordinadora de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificados de este auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente, vía exhorto, a la quejosa.

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