Ernesta Díaz Mendez

Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
592/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Ernesta Díaz Mendez
  • Leoncio Jaimes Morelos y Otros.
  • Ernesta Díaz Mendez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ********************en su carácter de Síndica Procuradora y Representante Legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero (tercero interesado); atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por autorizado el acceso al expediente electrónico, con nombre de usuario: "******************** Luego, como lo solicita se tiene a ********************para oír y recibir notificaciones del tercero de referencia por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que el uno de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado federal, Maribel Castillo Moreno; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado electrónicamente por ***********************************, en su carácter de Síndica Procuradora y Representante Legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de *********************, Guerrero, tercera interesada dentro del juicio en que se actúa; en atención a su contenido, se determina lo siguiente: Notificaciones vía electrónica. Como lo solicita la promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "DIRECCIONASUNTOSJURIDICOSTAXCO", se autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico, formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, se comisiona a quien corresponda dé de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este Juzgado Federal, con los nombres de usuarios que proporciona. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y en atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó el presente juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, éste expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes; Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 464/2014, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario dar vista con dicho informe a las partes, por las consideraciones siguientes. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado. Para comenzar, por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, Ernesta Díaz Méndez y Leoncio Jaimes Morelos, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que hizo consistir en: ".IV.- ACTO RECLAMADO: - - - LA OMISIÓN DE DICTAR EL AUTO DE EJECUCIÓN Y LLEVAR A CABO EL REQUERIMIENTO DE PAGO". Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Ernesta Díaz Méndez y Leoncio Jaimes Morelos, reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito que presentaron en nueve de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual solicitaron se procediera a la ejecución forzada del laudo dictado en el juicio laboral 464/2014. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, de las constancias que remitió la autoridad responsable a las cuales previamente se le confirió valor probatorio pleno, se advierte que mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, la responsable acordó el escrito que le fue presentado en nueve de diciembre de dos mil veintiuno por la parte actora, para lo cual señaló las once horas del catorce de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la reinstalación de los actores Ernesta Díaz Méndez y Leoncio Jaimes Morelos. Asimismo, dictó auto de ejecución por la cantidad de $2´084,090.00 (dos millones ochenta y cuatro mil noventa pesos 00/100 moneda nacional), por cuanto hace a la actora Ernesta Díaz Méndez y $1´042,045.00 (un millón cuarenta y dos mil cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional, respecto del actor Leoncio Jaimes Morelos. Así también, comisionó al actuario de su adscripción para que en cualquier día y hora hábil, requiera a la parte demandada el pago del laudo condenatorio. Finalmente, apercibió a la parte demandada que de no realizar el pago condenatorio le impondría multa de doscientos días de salarios vigentes. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. Lo anterior se considera así, ya que al acudir al juicio de amparo, la omisión que se reclamó era que la responsable no se pronunciaba respecto de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, por lo que al encontrarse el juicio laboral en esa etapa procesal no puede analizarse una etapa subsecuente en el caso concreto, como lo es la imposición de medidas de apremio a fin de lograr dicha ejecución; estimar lo contrario daría lugar a mayor perjuicio en agravio de los quejosos, pues no se debe desatender que esta autoridad federal, no puede remplazar al órgano laboral rector del trámite del asunto. Tiene aplicación al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, registro: 2005150, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, materia común, página: 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de julio de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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