Erminia Aide Albarez Rojas
Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Erminia Aide Albarez Rojas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte QUEJOSA, el contenido de la resolución de TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por *****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto que atribuye a la Dirección General de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), fórmese expediente y regístrese en el libro electrónico con el número 216/2023-IV. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: la omisión de contestar mi escrito de fecha dos de marzo del dos mil veintitrés; el cual fue presentado ante la autoridad demandada." ? Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar el escrito de demanda a fin de advertir la existencia o no de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues de ser el caso, debe desecharse de plano la demanda. El citado artículo 113 de la ley de la materia establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, se precisa que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Entonces, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. ¨[.] De lo anterior se desprende que toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo del conocimiento en breve término a la persona que se ostenta titular de un derecho, quien de considerar que ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, podrá acudir a los tribunales federales para solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. Sin embargo, también resulta cierto, que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por la parte peticionaria de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, porque podría resultar que ese derecho subjetivo pueda existir o no. Por tanto, es preciso que la parte quejosa demuestre que se encuentra afectada en su derecho de petición, pues de no hacerlo, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, siendo indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de juicio de amparo. Ahora bien, existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8° constitucional, refiere que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, debe recaer un acuerdo en breve término, el cual se la hará del conocimiento de la interesada. De ahí que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omitió contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Sirve de apoyo, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIII, Tercera Parte, que dispone: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." Ahora bien, de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, se advierte que bajo protesta de decir verdad, refirió que el dos de marzo de dos mil veintitrés presentó escrito ante la Dirección General de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC) y a la data en que presentó la demanda de amparo de la que ahora se provee lo fue el nueve siguiente, siendo que solo han transcurrido seis días hábiles; por tanto, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable, para que la autoridad responsable dé contestación a su petición, de modo que la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petición de la parte quejosa y hacerla de su conocimiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 8° constitucional, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de los acuerdos que con motivo de este asunto se emitan. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 2631 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Cabe precisar que en atención al artículo 2532 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e)Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho- Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,3 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse los registros en el libro electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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