Ermilo Javier Castilla Roche

Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
983/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Ermilo Javier Castilla Roche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de cinco de octubre de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, y por cuanto no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en copia autorizada en audio y video (DVD) de la resolución de Segunda Instancia de veintidós de agosto último y de las audiencias de nueve y catorce de mayo de dos mil dieciocho correspondientes a la carpeta administrativa 70/2018; así como un legajo en copia certificada del toca penal 45/2018, remitidos por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; así como los anexos consistentes en un legajo en copia certificada de las constancias relativas a la carpeta administrativa 70/2018, así como copia autorizada en audio y video (DVD) de las audiencias de once y doce de septiembre de dos mil dieciocho, correspondientes a dicha carpeta, remitidos por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvanse los citados anexos, sin necesidad de que dichas autoridades acusen recibo de los mismos. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de Raúl Vallado Molina, autorizado en términos amplios del tercero interesado ********, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento en cuanto a las pruebas que ofrece y las manifestaciones que expone a manera de alegatos, ya que el cinco de octubre del año en curso, se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: para que obre como corresponda, agréguese a este expediente el informe justificado de cuenta rendido por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, así como los anexos que acompañan al mismo, sin que sea el caso de hacer pronunciamiento en cuanto a su contenido; lo anterior, toda vez que el cinco de octubre actual, se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Finalmente, por lo que hace a los anexos consistentes en un legajo en copia certificada de las constancias relativas a la carpeta administrativa 70/2018, así como copia autorizada en audio y video (DVD) de las audiencias de once y doce de septiembre de dos mil dieciocho, correspondientes a dicha carpeta, déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexos III y IV, pero formando parte a la vez de estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que anexa al mismo, a las que se les confiere valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última. Sin que sea el caso ponerlos a la vista de las demás partes, toda vez que el juzgador que suscribe, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ..." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causal de improcedencia transcrita, ha establecido los siguientes criterios: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, diciembre de 1996, Tesis: 2a. CXI/96, Página: 219). "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXIX, Página: 4981). "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXIV, Página: 1573). Al respecto, cabe destacar que acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los criterios invocados se estiman vigentes, no obstante que fueran emitidos con base en la abrogada ley de la materia, en tanto no se opone a lo previsto en la legislación actual. De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, atendiendo a los elementos antes señalados respecto al cambio de situación jurídica, se tiene que en el caso sujeto a análisis, el acto reclamado en el presente asunto, es la determinación de la Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que no admitió la incidencia de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, acaecida durante la etapa inicial del proceso penal acusatorio. Asimismo, se advierte que con posterioridad, pero en la misma audiencia se pronunció auto de vinculación a proceso en su contra, iniciándose una investigación formalizada. Como consecuencia del dictado del auto de vinculación a proceso que constituye una nueva determinación, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la referida resolución y que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción inconstitucional intentada en contra de la resolución en la que no se accedió admitir el incidente planteado como de previo y especial pronunciamiento relativo a la prescripción de la acción penal, ya que es un hecho notorio para el suscrito juzgador, que con posterioridad, pero en la propia audiencia de veintidós de agosto pasado se produjo un acto, como en el presente caso el auto de vinculación a proceso que puso fin a la investigación desformalizada, mismo que además es materia del juicio de amparo 980/2018-V-A del índice de este Juzgado, de tal manera que ello trajo por resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, por lo que se estima que no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél, para efectos de este juicio constitucional. Dicha situación sucede, porque cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. En otras ocasiones esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. De ahí que al impugnarse en amparo indirecto como acto reclamado la resolución en comento y la autoridad responsable dictó auto de vinculación que puso fin a la investigación desformalizada, se está en presencia de un cambio de situación jurídica y, por tanto, opera la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y al Fiscal de su adscripción (como autoridades ejecutoras) todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios sino como consecuencia del reclamado a la ordenadora. Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que esta determinación deje en estado de indefensión al quejoso, toda vez que la mencionada prescripción de la acción penal la puede hacer valer en el amparo indirecto que promueva en contra del auto de vinculación a proceso; o en su caso, el Juzgador Constitucional deberá suplir la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue y las constancias en que se apoya el acto reclamado sean aptas y suficientes para dicho examen. En apoyo de lo anterior, se citan las jurisprudencias 1a./J. 25/2009 y 1a./J. 18/99, ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA DECLARARLA PUEDE IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE INCIDE EN LA LIBERTAD PERSONAL. Si se toma en cuenta que la prescripción es una causa extintiva de la acción penal y que, por ende, se constituye en el derecho individual subjetivo a gozar de libertad absoluta, resulta evidente que la resolución que niega declararla debe considerarse como un acto que incide en la libertad de la persona, aun cuando sea ajena al auto de formal prisión o que el inculpado esté gozando de la libertad bajo caución, pues si no obstante la extinción de un presupuesto necesario de la acción persecutoria para la instauración del juicio, se sujeta al inculpado a un proceso penal, indudablemente se afecta el goce de su libertad absoluta. Por tanto, la determinación jurisdiccional que niega declarar la prescripción de la acción penal puede impugnarse en cualquier tiempo a través del juicio de garantías, ya que al tratarse de un acto que incide en la libertad personal, se actualiza la hipótesis de excepción prevista en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo." (Época: Novena Época, Registro: 167424, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 25/2009, Página: 450). "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." (Época: Novena Época, Registro: 194068, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 18/99, Página: 328). En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, por lo que hace a los anexos consistentes en copia autorizada en audio y video (DVD) de la resolución de Segunda Instancia de veintidós de agosto último y de las audiencias de nueve y catorce de mayo de dos mil dieciocho correspondientes a la carpeta administrativa 70/2018; así como un legajo en copia certificada del toca penal 45/2018, déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase

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