Erm Estrategias, S.C.P.
Expediente 1214/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Erm Estrategias, S.C.P.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de seis meses años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
De conformidad con lo establecido en Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, adoptó como medida, entre otras, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia, los tramitados como juicio en línea y los casos urgentes señalados. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional de los procedimientos. Asimismo, mediante Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ordenó el levantamiento de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en las precitadas Circulares, por lo que la reanudación se haría de manera escalonada atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional. Mediante Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se amplió la vigencia del citado Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, al treinta de junio de dos mil veintiuno. Por lo anterior, en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio. En consecuencia, se provee: por recibida la demanda de presentada vía electrónica por Juan Anastacio Hernández Jiménez, quien se ostenta como representante legal ****, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso que se encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de 1998, página 899, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La jurisprudencia en cuestión explica que manifiesto es cuando de la lectura de la demanda, escrito aclaratorio y anexos se advierta de forma patente y absolutamente clara la causa de improcedencia; e indudable, que se tenga certidumbre y plena convicción que es operante. DESECHAMIENTO. ACTO INTRAPROCESAL QUE NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN De la revisión integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable: Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acto reclamado: Resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio contencioso administrativo 679/18-16-01-6/266/20-S-09-04, que resolvió: - Regularizar el procedimiento de instrucción del juicio contencioso administrativo 679/18-16-01-6 e efecto de: Dejar insubsistente el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte, por el que se declaró cerrada la instrucción; Dejar insubsistente el acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente en la parte que otorgó a las partes el término legal para formular alegatos por escrito y los autos de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve por los que tuvo por presentados los alegatos de las partes y, Requiera a la autoridad encargada del registro de las organizaciones sindicales para que informe si existe registro de un sindicato de la empresa y, en caso de ser así, le proporcione el nombre y domicilio de su representante, acordando lo que en derecho corresponda. Substanciado el procedimiento, otorgado el término de alegatos y cerrada la instrucción, remitir el expediente a la Segunda Sección de la Sala Superior para su resolución. ESTUDIO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA En el caso se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con el primero de los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que esta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por otra parte, en términos del segundo ordinal citado, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el juicio (en cualquiera de sus etapas), únicamente si generan una afectación material que sea de imposible reparación en la esfera jurídica de las personas, esto es, que afecte materialmente un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, ya que, de no ser así, únicamente procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el juicio respectivo (amparo directo), en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de provocar indefensión. En el caso, se considera que se actualiza dicha causa de improcedencia en atención a que el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la promovente protegidos en la Constitución Federal, sino que, en todo caso, únicamente podría provocar consecuencias que afecten cuestiones adjetivas o procesales. En relación con la reforma al artículo 107 Constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre el tópico en concreto, se obtienen las siguientes premisas: A. Que previo a la emisión de la nueva Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. Que en el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Que un acto será calificado como de imposible reparación únicamente si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ahora, en la demanda de amparo la promovente señala como acto reclamado la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo 679/18-16-01-6/266/20-S2-09-04, del índice de la Sala Superior -Segunda Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se analizó la existencia de violaciones al procedimiento, en términos de los dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto es, que advertida la existencia de una violación al procedimiento en la etapa de instrucción, la Sala Superior deberá proceder de oficio a estudiarla y, en su caso, devolverá los autos originales del expediente a la Sala Regional en la que se llevó su instrucción, para el efecto de que subsane las violaciones. De ahí que, la citada actuación se constriñe a subsanar toda omisión que notaren en la substanciación del procedimiento, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. En el caso, en la resolución reclamada la Sala Superior -Segunda Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó la actualización de violaciones substanciales en la instrucción del juicio, que impedían su resolución, por lo que ordenó la regularización del procedimiento de instrucción en el juicio contencioso, en los términos que fueron precisados con antelación, entre ellos, que una vez subsanadas las violaciones debían remitirse el expediente para la resolución correspondiente. En atención a lo antes expuesto, dicho acto no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que se trata de una determinación dictada dentro del juicio contencioso administrativo, que no tiene sobre la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, dado que solo produce consecuencias intraprocesales, en función de que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos en la Constitución. Cuestión que cobra relevancia si se toma en consideración que, las demás partes en el juicio contencioso tienen -al igual que la ahora promovente- el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva y, en consecuencia, a que se dé trámite y se resuelva la litis contenciosa administrativa, analizando las violaciones en el procedimiento a efecto de que se subsanen antes del fallo definitivo, así como que no se incurra en formalismos ni obstáculos tan rigurosos que impliquen una denegación de justicia. Es decir, el hecho de que se regularice el procedimiento para los efectos precisados por la Sala, abona, no solo a una impartición de justicia efectiva en favor de la promovente, sino también a la de demás partes que acudieron a un tribunal administrativo con el fin de que se realice el análisis de legalidad de la actuación estatal que se consideran violatoria de sus derechos. Por ende, la parte promovente debe esperar a que se resuelva en definitiva el referido juicio contencioso administrativo pues podría darse el caso de que la sentencia resulte favorable a sus intereses y, en la eventualidad de que la resolución dictada sea contraria a estos, podrán impugnarla a través de los juicios o medios de defensa que considere oportunos, por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, en la inteligencia que el aludido procedimiento está sujeto a los derechos fundamentales y formalidades exigidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, es notorio y manifiesto que el acto reclamado no es de aquellos que afecten derechos sustantivos de las partes en el procedimiento, sino que constituye una determinación que, en su caso, solo podría afectar derechos de naturaleza adjetiva, en contra de la cual no procede el juicio de amparo indirecto. De ahí que, se actualice de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desechamiento de la demanda de amparo no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el Juzgador se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos citados y el diverso 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en estudio, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. En términos del artículo 3° de la ley de la materia, se le autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, con el usuario bajo el nombre Fdelvalle, NNARJ y Janastacio. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con los artículos 20 y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación al diverso artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la promovente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ********************, quien se ostenta como representante legal ********************, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa , por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1214/2020, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares *****, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina que esta demanda debe reservarse. Lo anterior, ya que del análisis de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste, en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 679/18-16-01-6/266/20-S2-09-04 acto que no se encuentra en los supuestos de asuntos de carácter urgente que refieren documentos precisados en el presente proveído, por lo que una vez que concluya el referido periodo de suspensión de labores mencionado, se dará nueva cuenta con la demanda a fin de proveer lo relativo al análisis del escrito inicial de demanda. Sin que haya lugar a ordenar su notificación de forma personal, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes y que, una vez reanudadas las labores, se acordará lo conducente. Notifíquese.
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