Erlins Nelson Ramirez Delgado

Expediente 1988/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1988/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Erlins Nelson Ramirez Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de diez de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra en el expediente físico ni electrónico, la constancia de notificación personal relativa a la partes quejosa del proveído de diez de diciembre de dos mil veintidós; en el que se desechó la demanda de que se trata, por tanto: Se comisiona al actuario judicial que corresponda. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dicha notificación ya se encuentre practicada, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, lo anterior dentro del término de tres días; 2) En caso de que no se hubiere llevado a cabo la notificación ordenada, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberá practicarse en forma personal de inmediato e integrarse debidamente el expediente electrónico. Cúmplase. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (A) **************, por encontrarse imposibilitado para promoverla directamente, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, contra actos del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se tiene por promovida dicha demanda en sus términos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1988/2022. Improcedencia. Ahora, en el caso se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Al respecto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro y contenido siguiente: "Registro digital: 186605 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXI/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 448 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [...]" El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de estudio de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Antes de continuar, resulta pertinente precisar que los asuntos que se tramitan ante este Juzgado constituyen hechos notorios; por tal razón, se advierte que en este órgano de control constitucional se tramita el diverso juicio constitucional 1943/2022, contra los mismos actos que hoy se reclama, el cual fue igualmente promovido en favor de (1) Erlins Nelson Ramírez Delgado, (2) Yanelys Galán Mendez y (3) Alexey Paz Almenares, juicio que actualmente se encuentra en trámite; lo cual actualiza la causa de improcedencia deducida del artículo 61, fracción X, de la Ley de la Materia, según se explica enseguida. En efecto, de la demanda que dio origen a dicho asunto, se advierte que se solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las mismas autoridades y actos reclamados, como se advierte a continuación: "II. ACTOS RECLAMADOS: A.- SUB REPRESENTANTE FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN con sede en MEXICALI baja california. B.- SECRETARIA DE GOBERNACION con residencia en MEXICALI baja california. [.]. El aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, del quejoso, BLANCA ILCIA CORDOVA RAMIREZ, de nacionalidad CUBANA en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración domicilio conocido por más de 36 horas, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades responsables de la estación migratoria. La violación que consagran en los Derechos Humanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, en razón a los artículos 1, 11, 14, 16, 18, 22, 21 p. tercero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aplicación incorrecta del Artículo 15 de la ley de migración. La violación al Derecho de pedir refugio como lo establece el Artículo 8 de Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, Artículo 5 y 11 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, ya que se le debe permitir a la persona extranjera al acceso y la integración al país que obtenga la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural. Así como el Derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de Refugiado. La omisión de las Autoridades responsables en: La aplicación de lo dispuesto en el Artículo 52 Fracción V de la Ley de Migración. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor Y amenaza de deportación y traslado a otra ciudad sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada. III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS Y EJECUTORAS: A.- SUB REPRESENTANTE FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN con sede en MEXICALI baja california. B.- SECRETARIA DE GOBERNACION con residencia en MEXICALI baja california." En tal virtud, por tratarse ello de un hecho notorio para esta autoridad, con fundamento en lo previsto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, se tiene a la vista para resolver el presente, sin necesidad de obtener copias certificadas para ser agregadas a los presentes autos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "Registro digital: 172215 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 285 Tipo: Jurisprudencia HECHO NOTORIO, PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De igual forma, por ilustrativa, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Pues bien, como se advierte de lo antes expuesto, el diverso juicio 1943/2022, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, fue promovido por los mismos quejosos, en relación a las mismas autoridades responsables con residencia en esta ciudad de Mexicali, y por los propios actos reclamados. Igualmente, apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del tenor siguiente: "Registro digital: 215942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: Sin número Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Julio de 1993, página 226 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Máxime, si se toma en cuenta que en el juicio de amparo 1943/2022, los propios quejosos ratificaron la demanda según se desprende de la razón actuaria de seis de diciembre del presente año, y que por auto de siete de diciembre del año en curso, fue admitida la demanda de que se trata. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, desechar de plano en el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en tanto como se evidenció, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar un acto de autoridad que es materia juzgada de un diverso juicio de amparo Autorizado. Se tiene como autorizado hasta en este momento en términos restringidos del artículo 12 de Ley de Amparo a (i) Juan Carlos Briones Acosta y (ii) Martín Hernández Núñez, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al quejoso directo. Correos electrónicos y número telefónico. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, téngase a la parte promovente proporcionando correo electrónico y número telefónico que señala; en el claro entendido de que, acorde al citado precepto, el mismo es única y exclusivamente con el fin de facilitar el contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones electrónicas por dichos medio de comunicación privada. Consulta electrónica. se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio al nombre de usuario ****** Notificaciones por vía electrónica. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa, por conducto de (A) *************** Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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