Erlinda Itzep Ordoñez
Expediente 496/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Erlinda Itzep Ordoñez
- Erlinda Itzep Ordoñez y Otros.
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora
- Briseyda Celena Valdez Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 12 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE DECRETO: Auto. Hermosillo, Sonora, doce de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los 1 Del referido cómputo, se excluyen los siguientes días: veintisiete y veintiocho de mayo, tres y cuatro de junio de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos sin mayor determinación el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, mediante el cual remite el oficio suscrito por el sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en virtud que por auto de veinticuatro de mayo anterior, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado firmado por el subdirector de la Estación Migratoria en Hermosillo, Sonora del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dese vista a las partes con su contenido. Designación de delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude en su informe; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; por lo que es procedente proveer lo siguiente: En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de acuerdo al estudio íntegro realizado a la demanda de garantías y de las constancias de autos, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa en el presente juicio constitucional, consisten en lo siguiente: ********************Sobreseimiento fuera de audiencia. De la revisión de los autos, en concatenación a lo informado por la citada autoridad responsable, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ?inexistencia de acto?; así como la prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo ?cesación de los efectos de los actos reclamados?. Inexistencia de actos reclamados. En relación con la presente causa de improcedencia, se debe decir, que la existencia del acto reclamado debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, en cuatro de abril de dos mil veintitrés. En esa medida, no son ciertos los actos reclamados consistentes en la********************, pues así se advierte de las constancias que obran agregadas al expediente, concretamente, de las notificación personal efectuada a las quejosas, informes de suspensión de plano, así como del informe justificado de cuenta, de los que se hace patente la inexistencia de los citados actos reclamados con las constancias remitidas a esta instancia por la autoridad de referencia, las cuales tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora bien, del análisis a las documentales que acompañó con su informe justificado la citada responsable, se aprecia, en lo sustancial, que se instruye en contra de las quejosas los procesos administrativos migratorios señalados al margen superior derecho el oficio de salida de la estación migratoria, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso a la fecha en que se emite la presente determinación, no se advierte la existencia de alguna orden de detención, retención, posible deportación, retorno asistido, así como una orden de traslado a otra estación migratoria, e incomunicación en contra de las quejosas. También la diversa 1a./J. 36/1998, que indica: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AÚN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demandada de amparo, aún en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." En esas circunstancias, es inconcuso que en relación con los actos de referencia, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cesación de efectos de los actos reclamados. En relación con el acto atribuido a las autoridades responsables, consistente en la ********************, han cesado en sus efectos. Al respecto, la causa de improcedencia aludida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que destruya la totalidad de sus efectos, de forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues las partes inconformes combaten la detención y retención de las partes quejosas en un alojamiento temporal de estación migratoria, derivado de los procedimientos migratorios instruidos en contra de ellas. Para demostrar tal aserto, de las constancias remitidas por la responsable, se destaca la salida de las quejosas de la estación migratoria el día cinco de abril del presente año, lo cual tiene sustento en la copia certificada el oficio que adjuntó por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración. Sentado lo anterior, se concluye que los quejosos se encuentran en libertad, tal y como se advierte de la copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria que exhibió la autoridad responsable al presente juicio de derechos; por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, a virtud de que la detención y retención reclamada fue sustituida procesalmente por la orden de libertad decretada por cumplir con los requisitos previstos en el precepto 102 de la Ley de Migración, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva; de ahí que el acto aquí reclamado dejó de surtir sus efectos con el nuevo pronunciamiento efectuado al respecto, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo y, en vía de consecuencia, la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." En tales condiciones ante la inexistencia de unos actos reclamados, y al haber cesado los efectos de los diversos actos reclamado en estudio, debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con los diversos 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional sin efectos. Finalmente, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con veintiséis minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por estrados a las quejosas, mediante oficio a las autoridades responsables y, por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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