Erla Engracia López Martínez
Expediente 409/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/05/2019
Partes del expediente
- Erla Engracia López Martínez
Actuaciones
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 97 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de veintitrés de abril del año en curso (foja 49), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruible (vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; veintitrés de abril de dos mil diecinueve. La primera certificación de cuenta evidencia que la quejosa Erla Engracia López Martínez, no desahogó la prevención formulada en proveído de uno de abril de este año (fojas 15 a 19); por tanto, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la segunda certificación de cuenta se desprende que el plazo de tres días concedido la parte quejosa de referencia, en proveído de uno de abril de este año (fojas 15 a 19), donde se le requirió para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, feneció sin que lo haya realizado. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se ordena practicar las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, acorde con lo previsto en el ordinal 27, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese a la parte quejosa por medio de lista como se determinó en el auto.
- Principal
Toluca, Estado de México a doce de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, al cual remite diligenciado el exhorto 118/2019, del índice estadístico de este juzgado. Atento a lo anterior, se tiene por notificada a la parte quejosa del auto de uno de abril del año en curso, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. y da fe.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México a uno de abril de dos mil diecinueve. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Erla Engracia López Martínez, contra actos de la Sala Regional del Sur, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 409/2019-VI. PREVENCIÓN. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir a la parte quejosa por el plazo de cinco días para que por escrito, y de ser posible con tres copias y entendida de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, para que realice lo siguiente: Con fundamento en el artículo 114, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que resulta confusa deberá realizar lo siguiente: PRIMERO. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aclare la denominación de la autoridad responsable, toda vez que del apartado correspondiente, manifiesta: "a) AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y EJECUTORA: Tiene tal carácter la H. Sala Regional del Sur, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Del capítulo de acto reclamado, señala: "IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que se reclama de la autoridad responsable la Resolución dictada dentro del Acuerdo de fecha 08 de marzo del 2019, y notificado mediante Boletín Jurisdiccional en fecha 25 de marzo del 2019, dictado dentro del expediente en que se actúa del índice de la PRIMERA SALA REGIONAL NORESTE I, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA." Más adelante, del capítulo de antecedentes, expresa: ". Se promovió Juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro II, con número de expediente citado en referencia y en el proemio del presente escrito." Lo cual evidencia una imprecisión en el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables. Al caso sirve de apoyo el criterio consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, Octava Época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". SEGUNDO. En términos del artículo 108, fracción II, de la Ley de amparo; de igual forma, deberá aclarar la denominación de la autoridad que señala como tercera interesada, pues en el apartado correspondiente señala: "II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO: Tiene tal carácter: El C. Subdelegado de Prestaciones Económicas, delegación Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (sic)." Y en el capítulo de antecedentes, señala: ". Se promovió Juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro II, con número de expediente citado en referencia y en el proemio del presente escrito en contra de una resolución emitida en el por el Subdelegado de Prestaciones Económica, Sociales y Culturales del ISSSTE, Delegación Estatal Tlaxcala y en la cual me negó el pago de diversas prestaciones económicas que le fueron reclamadas." Se estima tal aserto, porque el juez de Distrito debe analizar qué personas corren el riesgo de ver menoscabado su derecho con la insubsistencia del acto reclamado, quién tiene derechos opuestos al de la parte quejosa o interés en que subsista el acto refutado de inconstitucional, con el objeto de hacer efectivo su derecho de defensa, pues de lo contrario, se corre el riesgo de dejarlos indefensos. En lo conducente, se invoca la tesis que se aprecia en la página 538, del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, Tomo XIV, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevee' diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevee' en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." TERCERO. Finalmente, con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la Ley de amparo, la quejosa deberá manifestar el domicilio actual en el que reside, pues al impugnarse la determinación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declara infundada la queja interpuesta por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad que conmina al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la correcta cuantificación de una pensión, debe atenderse al criterio de competencia, ya que el impacto que tendrá la sentencia correspondiente podría, a su vez, trascender en una condena de índole económica que repercutirá en un incremento de la obligación para la demandada, lo cual surtirá sus efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado del pensionado, el cual, según lo que sostuvo el Alto Tribunal, se desenvuelve principalmente en el domicilio de la solicitante del amparo. Al caso es aplicable la tesis XVI.1o.A.167 A (10a.), publicada en la página 2285, del Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, Tomo XIV, Décima Época, con registro 2018135 que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA INTERPUESTA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD QUE CONMINA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A LA CORRECTA CUANTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL PENSIONADO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, consideró que, cuando se reclame la indebida cuantificación de la pensión de un derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe considerarse competente, conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada -correlativo del primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia vigente-, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, al ser éste el lugar en que debe entenderse que se ejecutó dicho acto. En ese contexto, al impugnarse la determinación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declara infundada la queja interpuesta por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad que conmina al organismo mencionado a la correcta cuantificación de una pensión, debe atenderse al criterio de competencia que informa la ejecutoria indicada, ya que el impacto que tendrá la sentencia correspondiente podría, a su vez, trascender en una condena de índole económica que repercutirá en un incremento de la obligación para la demandada, lo cual surtirá sus efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado del pensionado, el cual, según lo que sostuvo el Alto Tribunal, se desenvuelve principalmente en el domicilio de éste; de ahí que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo en el que se reclame dicho acto, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique dicho domicilio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la solicitante del amparo que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En ese orden, es pertinente indicar que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tal motivo, como lo dispone el ordinal 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y Jucios Federales en el Estado de Queretaro, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, e inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, notifique a Erla Engracia López Martínez o a cualquiera de sus autorizados el presente proveído (para lo cual se le manda copia de la primer foja de la demanda donde se advierten los nombres de los autorizados), en el domicilio ubicado en calle licenciado Leopoldo Aguilar, número 38, Villas del Sur Querétaro, código Postal 76040. Asimismo, en términos del numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en la misma diligencia, lo requiera por el plazo de tres días previsto en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que señale domicilio donde oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad de Toluca, Estado de México. Con el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional, en conformidad con lo establecido en el ordinal 27, fracción II, de la Ley de la Materia. En tal virtud, se solicita atentamente al juez exhortado, que con independencia de la fecha en que reciba el exhorto, lleve a cabo la diligencia encomendada en los términos anteriormente estipulados, y de no existir inconveniente legal, se sirva acusar recibo. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En el entendido que si compareciera a este recinto judicial la parte agraviada o alguno de sus autorizados, el actuario judicial podrá realizarles la notificación del presente proveído; en el entendido de que se considerara la primera notificación para efectos del plazo concedido. Sin que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones por medio de los números telefónicos y correo electrónico señalados, pues la Ley de Amparo no prevé que se puedan realizar por dichos medios. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Guadalupe Jiménez Dávila, María del Carmen Rico Torres y José Jesús García Rodríguez por tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho y por lo que a las demás personas se les autoriza en términos de la última parte del párrafo segundo del numeral en cita, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, ello en virtud de no contar con el registro de su cédula profesional en el sistema de referencia. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en los términos expuestos en el presente acuerdo.
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