Eristeo Jiménez Cortés y Otros.
Expediente 807/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eristeo Jiménez Cortés y Otros.
Actuaciones
- Principal
PRAL. 807/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el treinta y uno de agosto de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV, y 23 del referido acuerdo general, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO Número de expediente: 807/2023 Acuerdo: PRAL. 807/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese el escrito firmado por ***, **** y ****, por propio derecho, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención formulada en autos y, bajo protesta de decir verdad, reiteran las autoridades responsables y aclaran los actos reclamados, en los términos siguientes: La parte quejosa reclama de las autoridades ordenadoras: 1) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 2) Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 3) Coordinador de Cobro Coactivo, dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. La orden de requerimiento de pago y embargo, con motivo de la resolución determinante ASE/UAJ/P.R/066/2015, derivado del crédito fiscal 46708. De la autoridad ejecutora: 4) Notificador, actuario o personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. El cumplimiento de dicha orden. 2. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como del escritorio aclaratorio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones II y III, aplicados contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra resoluciones definitivas provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente. De ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la secuela procesal, sino hasta la resolución definitiva, pues si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 184435, del rubro y texto: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Se precisa que el procedimiento administrativo de ejecución, previsto para exigir el pago de los créditos fiscales se integra por cuatro etapas: Mandamiento de ejecución; Requerimiento de pago de los créditos fiscales y/o embargo de bienes; En su caso, la intervención de la negociación embargada; y, Remate de los bienes embargados. Ahora, la parte quejosa reclama del: 1) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 2) Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 3) Coordinador de Cobro Coactivo, dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. La orden de requerimiento de pago y embargo, con motivo de la resolución determinante ASE/UAJ/P.R/066/2015, derivado del crédito fiscal 46708. De la autoridad ejecutora: 4) Notificador, actuario o personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. El cumplimiento de dicha orden. En ese sentido, se concluye que la orden de requerimiento de pago y embargo no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento económico coactivo para hacer efecto el cobro del crédito fiscal 46708; de que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el diverso 113 de la ley en cita, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 807/2023 MESA 3-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el dieciocho de agosto de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma fecha, promovida por 1º ******, 2o ****** y 3º *****, por propio derecho, contra actos del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese el expediente 807/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención de la demanda. La parte quejosa en el capítulo relativo al acto reclamado señaló: "A) La violación de nuestros derechos humanos del debido proceso y al derecho de audiencia, ya que las autoridades responsables pretenden privarnos de nuestro patrimonio, nuestros documentos y posesiones, sin haber sido notificados de algún procedimiento en nuestra contra, donde hayamos tenido la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio. B) La violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque las autoridades responsables han emitido una orden de requerimiento de pago y una orden de embargo en contra de nuestros bienes, documentos o posesiones, derivados del crédito fiscal número 46708, que a su vez deriva de la resolución determinante ASE/UAJ/P.R/066/2015 y resolución de fecha 21 de enero de 2019, así como todos los acuerdos, oficios, requerimientos y actos de ejecución emitidos por las responsables, sin que dichos actos nos hayan sido notificados con las formalidades esenciales de todo procedimiento. C) La inconstitucionalidad del requerimiento de pago del crédito fiscal número 46708, derivado de la resolución determinante ASE/UAJ/P.R/066/2015 y la resolución de fecha 21 de enero del 2019, así como todos los acuerdos, oficios, requerimientos y actos de ejecución emitidos por las responsables, mismos que desconocemos porque que no han sido notificados conforme a los parámetros que exigen los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal. D) De todos los anteriores actos, reclamamos que no se nos haya garantizado el debido proceso y la garantía de audiencia, ya que se pretende ejecutarlos, sin darnos el derecho a defendernos, porque no se nos notificaron ninguno de dichos actos emitidos, en ningún momento no se nos notificó, en plazo, ni corrió traslado con los documentos esenciales para preparar nuestra defensa, es decir, se nos dejó en completo estado de indefensión. Estos actos que nos agravian y ponen en riesgo nuestro patrimonio, por esa razón solicitamos en el amparo y protección de la justicia federal." (Transcripción) Sin embargo, por lo que respecta a los incisos A), B) y D), no constituyen verdaderos actos reclamados, sino que su naturaleza corresponde a manifestaciones en vía de conceptos de violación, pues, al parecer, resultan como consecuencia directa de la conducta de las autoridades responsables que ya precisa en sus conceptos de violación; como así lo ilustra la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, página 69, registro digital 223603, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Por ello, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracción IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, a fin de que, en el plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito y con las copias necesarias, la aclare de la manera siguiente: Primero. Precise si lo que realmente reclama es la orden de requerimiento de pago y embargo, contra sus bienes, documentos o posesiones, derivados el crédito fiscal 46708 que, a su vez, dice que deriva de la resolución determinante ASE/UAJ/P.R/066/2015 y sus consecuencias. Segundo. De ser así, deberá indicar la fecha de la orden, así como la autoridad que le atribuye específicamente dicho acto. Pues en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, indica que personal de la Secretaría de Finanzas, a través del personal jurídico del Ayuntamiento de Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, les hizo entrega a los quejosos de una orden de requerimiento de pago y una orden de embargo derivado de un crédito fiscal 46708 que, a su vez, deriva de la resolución determinante ASE/UAJ/P.R/066/2015 y la resolución de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Irregularidades que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, las circunstancias correspondientes; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales. Sustenta lo anterior la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Y la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, noviembre de 1999, tomo X, foja 32, registro 192843, cuyo rubro es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD.ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUISTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." 3.1 Apercibimiento. En el entendido que, de no cumplir con la prevención formulada dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 4. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en el escrito de demanda; asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señala en el escrito de demanda, por así haberlo señalado expresamente la parte quejosa. 5. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..
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