Erika Yunue Espindola García
Expediente 272/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2020
Partes del expediente
- Erika Yunue Espindola García
Actuaciones
- Principal
DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21 inciso a) del citado Acuerdo General. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente el presente acuerdo a las partes, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el término de los noventa días a que se refiere el citado acuerdo.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 272/2020, promovido por... y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la parte quejosa por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y el acto reclamado que a continuación se indican: Autoridades responsables: 1.-Congreso del Estado de Puebla. 2.-Gobernador del Estado de Puebla. 3.-Secretaría de Administración. 4.-Secretaría de la Función Pública. 5.-Secretaría de Economía. 6.-Secretaría de Cultura. 7.-Secretaría de Infraestructura. 8.-Secretaría de Movilidad y Transporte 9.-Secretaría de Seguridad Pública 10.-Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial Todos del Gobierno del Estado de Puebla Acto reclamado: ...A. Del Congreso y Gobernador: I. El artículo 29, fracción I, inciso a, apartado 1, párrafo cuarto, incisos a, b y c, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, con motivo de su entrada en vigor en perjuicio del quejoso; y, B. De las Secretarías de Administración; Función Pública; Economía; Cultura; Infraestructura; Movilidad y Transporte; Educación; Seguridad Pública y Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, todas del Gobierno del Estado de Puebla: La omisión de cumplir con lo ordenado sic 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, esto es, refrendar los decretos promulgatorios de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla el Ejercicio Fiscal 2020. foja 3 SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 31 fracción IV y 84 párrafo segundo constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo en sus términos y se registró como 272/2020; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; CUARTO.- A causa de la emergencia sanitaria derivada por el brote del virus COVID-19, el Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general, por lo que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del miércoles dieciocho de marzo levantándose la suspensión a partir del tres de agosto de dos mil veinte; por lo que, en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto emitido por autoridades administrativas con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a que la demanda es un todo, se precisa que el acto reclamado es: Del Congreso y Gobernador ambos del Estado de Puebla: A. El artículo 29, fracción I, inciso a, apartado 1, párrafo cuarto, incisos a, b y c, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, con motivo de su entrada en vigor; B. Los artículos 82, 83, fracción IV, 87 y 89, de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con motivo de su entrada en vigor. De las Secretarías de Administración; Función Pública; Economía; Cultura; Infraestructura; Movilidad y Transporte; Educación; Seguridad Pública y Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, todas del Gobierno del Estado de Puebla: La omisión de cumplir con lo ordenado en el artículo 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, esto es, de refrendar los decretos promulgatorios de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Las Secretarías de Administración; Función Pública; Economía; Cultura; Infraestructura; Movilidad y Transporte; Educación; Seguridad Pública y Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, todas del Gobierno del Estado de Puebla, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados fojas 69, 86, 91, 102, 106, 110, 123, 142 y 143. No obstante ello, considerando la naturaleza negativa omisión de los actos reclamados, los cuales se caracterizan porque las autoridades se abstuvieron o rehusaron a actuar en determinado sentido, a fin de determinar si en el caso las autoridades responsables estaban obligadas a actuar en el sentido alegado por el quejoso, debe atenderse a las facultades de las mismas y de este modo establecer si tenían obligación o no de refrendar las normas impugnadas por el impetrante. Tiene aplicación la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII página 53, Junio de 1998 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO En el caso, las indicadas autoridades responsables en sus respectivos informes justificados manifestaron y acreditaron no estar obligados ni encontrarse dentro de sus facultades el refrendar las normas reclamadas por el quejoso. Lo señalado por las responsables se corrobora con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, cuyo artículo 26 establece: Artículo 26. Todos los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador, para su validez y observancia deberán ser refrendados por el secretario del ramo al que corresponda el asunto, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías deberán ser refrendados por los titulares de las mismas. Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación. Del citado precepto legal se aprecia que en los decretos promulgatorios expedidos por el Congreso del Estado sólo se requerirá el refrendo del Titular de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, de acuerdo al análisis efectuado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los artículos 79, fracción III y 84 de la Constitución Política del Estado de Puebla en la jurisprudencia 2a./J. 168/2015, concluyó que además de la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobernación, debe estar refrendado también por el secretario del ramo al que el asunto corresponda, entendiéndose por éste, al funcionario de la administración pública que realiza las atribuciones legales en un nivel jerárquico superior, con respecto a la materia sustantiva de la ley o decreto legislativo que ha de promulgarse. En razón de lo anterior, y considerando que las normas reclamadas están estrictamente relacionadas con las medidas establecidas a fin de captar ingresos para el Estado de Puebla, de conformidad con las facultades otorgadas a la Secretaría de Planeación y Finanzas, es de concluirse que corresponde al Titular de dicha Secretaría a quien corresponde refrendar la Ley de Hacienda del Estado de Puebla, así como la Ley de Ingresos de la misma entidad federativa. En efecto, el artículo 33, fracciones I, II y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, señala: Artículo 33. A la Secretaría de Planeación y Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Elaborar y proponer al Gobernador el Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo consideraciones y proyecciones de largo alcance, así como los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y anuales que requiera la Entidad, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y en apego a las disposiciones legales aplicables; II. Llevar a cabo la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y anuales, así como de las políticas públicas, conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública; III. Establecer políticas en materia hacendaría; así como recaudar y administrar los ingresos del estado, de conformidad con los ordenamientos legales vigentes, y los convenios y sus anexos celebrados, entre la Administración Pública Estatal con la Federal o Municipal; Como se ve, la Secretaría del Estado de Puebla, encargada de establecer las políticas hacendarías, así como recaudar y administrar los ingresos del Estado de Puebla, es la de Planeación y Finanzas, por lo que si los temas principales de las normas reclamadas por el solicitante de amparo están encaminadas precisamente a establecer los mecanismos de recaudación de ingresos para dicha entidad, es incuestionable que sólo corresponde a dicha secretaría y no a otra, refrendar la Ley de Hacienda y de Ingresos del Estado de Puebla. Por tanto, al no existir obligación por parte de las autoridades responsables de refrendar las normas reclamadas, la omisión a ellas atribuidas, debe considerarse inexistente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta a la Secretaría de Administración, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Cultura, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad y Transporte, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamientos Territorial, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. CUARTO. Certeza de actor reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Puebla, consistentes -en el ámbito de su competencia-, en la iniciativa, expedición y promulgación del Decreto de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87 y 89, así como del Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el numeral 29, fracción I, inciso a), apartado 1, párrafo cuarto, incisos a, b y c. Aunado a ello, debe considerarse que la existencia de los actos atribuidos a dichas autoridades se encuentran demostrados de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tratándose de amparo contra leyes y decretos, no es necesario acreditar su existencia con algún medio de convicción, de conformidad con el principio jurídico de que el derecho no es objeto de prueba. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. QUINTO. Causales de improcedencia. Ahora, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, se estudia de forma oficiosa y preferencial, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. En el caso, las autoridades responsables Gobernador del Estado de Puebla, Secretaría de Movilidad y Transporte por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos y el Congreso del Estado de Puebla por conducto de la Secretaria General, sostienen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que las disposiciones normativas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa, no autoaplicativa -como lo reclama la quejosa- y, por ende, no le causa perjuicio alguno, dado que requiere de un acto concreto de aplicación para estimar que se transgredió su esfera de derechos. Al respecto, la suscrita estima que dicho motivo de improcedencia es fundado. En efecto, este Juzgado de Distrito considera que respecto a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Puebla, consistentes, en el ámbito de su competencia, en la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89, que contemplan el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo; así como del Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en concreto, el numeral 29, fracción I, inciso a, apartado 1, párrafo cuarto, incisos a, b y c, que prevé el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, ambos con motivo de su sola entrada en vigor, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la sola entrada en vigor de las normas reclamadas no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa y, por ende, no tiene interés jurídico para reclamarlas. En ese orden, los artículos 5o, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Conforme al artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que los actos reclamados produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa interés jurídico o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico interés legítimo; señalando además en el párrafo cuarto, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el impetrante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo del medio de control, que bajo el marco constitucional y legal actual, consiste en la protección de los derechos humanos y garantías reconocidos por la Constitución y su consiguiente restitución. En esta medida, la legitimación debe atender a los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente los de instancia de parte y agravio personal y directo. La importancia del principio de agravio personal y directo radica desde su propia concepción, al entenderse como el daño o perjuicio, una ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela. Por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia entonces la acción intentada se torna improcedente. Razones las anteriores que permiten sostener que la legitimación para instar la acción de amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Federal, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce del derecho violado. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico o legítimo, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En consecuencia, la noción de perjuicio para efectos del juicio constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el Tribunal de Amparo demandando el cese de esa trasgresión y su consiguiente reparación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 704, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. En el caso particular, la parte quejosa aduce una afectación a sus derechos subjetivos reconocidos por las leyes, toda vez que como propietaria o poseedor de vehículos automotores que están inscritos en el registro estatal vehicular de la entidad, se le impone la obligación de llevar a cabo un canje de placas. Lo cual dice, implica que se cause dos veces el derecho de "control vehicular", partiendo del hecho de que éste debe pagarse dentro de los primeros tres meses del ejercicio fiscal y si con posterioridad el Gobernador emite el programa de canje de placas, quedaría a decisión del funcionario recaudar nuevamente el derecho de control vehicular. Y con ello, las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, la noción de afectación que hace valer la parte quejosa es la de un agravio personal y directo a una serie de derechos subjetivos, como destinataria directa de las normas reclamadas, y no una afectación indirecta generada por la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico -interés legítimo-. Una vez precisado el tipo de interés que se requiere en el presente caso para instar la acción de amparo, resulta conveniente precisar que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general: con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En efecto, uno de los rasgos definitorios del juicio de amparo -que lo caracterizan como un medio de control constitucional- es su aptitud para proceder contra normas generales, incluso, cuando no exista un acto de aplicación concreto. Así, el denominado amparo contra leyes reconoce el derecho de las personas a oponerse a las mayorías legislativas cuando estimen que han sobrepasado los límites de lo decidible en una democracia constitucional como la nuestra. El fundamento de la división conceptual entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas se encuentra en el requisito constitucional, contemplado en el artículo 107, fracción I, de que el amparo sólo procede a instancia de parte agraviada, pues, se requiere que el acto reclamado genere una afectación a un interés legítimo o un interés jurídico. Como el amparo también procede contra normas generales, los jueces de amparo requieren verificar este presupuesto de afectación cuando se impugnen éstas. Este requisito atiende a la naturaleza de las funciones del poder judicial, que permite preservar el principio de división de poderes, pues la reducción de los presupuestos procesales de impugnación de normas generales al grado de no exigir más que un interés simple podría generar el desbordamiento del papel a que están llamado a desempeñar los jueces y las juezas en una democracia representativa, como es aquella limitada a resolver casos o controversias mediante la aplicación del derecho y no analizar la bondad de las leyes en abstracto. Así, la procedencia del juicio constitucional contra leyes por simple oposición o disidencia ideológica, sin mediar la violación a un derecho de las personas, vaciaría el sistema de pesos y contrapesos contemplado por nuestra Constitución, de lo que se deriva el deber de los jueces y juezas de verificar cuidadosamente que la función de control constitucional que ejerzan sea activada sólo cuando se actualice el principio de agravio de parte. El actual contenido del artículo 103, fracción I, Constitucional, establece que los tribunales de la Federación resolverán, entre otras cuestiones, las controversias que se susciten por normas generales que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, si las normas generales pueden combatirse en el juicio constitucional por vulnerar derechos humanos, la procedencia de la acción se condiciona a la existencia del principio de agravio. Por tanto, el juicio de amparo procede contra normas generales que se estimen violatorias de los derechos humanos y/o garantías constitucionales cuando exista un principio de afectación, para lo cual en la ley se contemplan dos momentos posibles: a por su sola entrada en vigor, y b cuando existe un acto de aplicación. Así, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, la jurisprudencia de la Suprema Corte introdujo la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, en función de las posibilidades de afectación de una norma general. En la actualidad -desde la novena época- el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de individualización incondicionada, con el cual se ha entendido, desde entonces, la noción de norma autoaplicativa, como aquella norma que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de autoejecución, con la cual se explicaba esta categoría de normas. En este orden de ideas, el concepto de distinción se basa en la noción de contenido normativo condicionado: Si se trata de un contenido normativo incondicionado, la norma es autoaplicativa. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De lo anterior, se desprende que el criterio de clasificación de heteroaplicabilidad y autoaplicabilidad es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues, sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, legítimo o simple, el concepto de individualización incondicionada no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Así pues, tratándose de interés jurídico -que es el que se requiere en el presente juicio-, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación de un derecho subjetivo; es decir, cuando de forma personal y directa se creen, transformen o extingan situaciones concretas de derecho, en dos escenarios distintos: a esas normas establezcan obligaciones de hacer o no hacer directamente a los particulares, o b generen hipótesis normativas cuya actualización inmediata traigan aparejadas consecuencias jurídicas para ellos. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. En ambos casos se entiende que la noción de afectación es un agravio personal y directo a un derecho subjetivo, por lo que cabría afirmar que la parte quejosa es destinataria directa de estas normas. Acotado lo anterior, como se señaló en la precisión del acto reclamado, la parte quejosa impugna la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 -que contemplan el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo-; así como del Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en concreto, el numeral 29, fracción I, inciso a, apartado 1, párrafo cuarto, incisos a, b y c -que prevé el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación-, ambos con motivo de su sola entrada en vigor. Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, resulta oportuno conocer el contenido de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el seis de diciembre de dos mil diecinueve; y numeral 29, fracción I, inciso a, apartado 1, párrafo cuarto, incisos a, b y c, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, que establecen lo siguiente: Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Artículo 82. Los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular deberán pagar dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal las contribuciones vehiculares que les corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales, aplicando las cuotas, tasas y/o tarifas que establezca la Ley de Ingresos del Estado vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Artículo 83. Los propietarios, tenedores o usuario sic de los vehículos están obligados a presentar ante las autoridades competentes del Estado, los trámites o movimientos siguientes: ... IV. Canje de placas, ya sea por Programa General, por deterioro, robo o extravío, por cambio de modalidad del vehículo y/o por cambio de dígito; Artículo 87. En el trámite de inscripción de vehículos nuevos o usados, la autoridad competente expedirá a los contribuyentes previo pago de los derechos que correspondan, las placas de circulación, calcomanía de identificación vehicular y tarjeta de circulación. Se entenderá por placa de circulación, la forma oficial valorada consistente en el trozo de metal troquelado, con características y diseños particulares que sirve como distintivo de esta Entidad Federativa, cuya clasificación, características y especificaciones se sujetarán a la Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones federales aplicables. Se considerará placa oficial, aquélla diseñada en los términos y condiciones a que se refiere el párrafo anterior y que se dé a conocer por el Gobernador del Estado a través del Periódico Oficial del Estado, la que estará vigente hasta en tanto se autorice otra que la sustituya. En los trámites y movimientos a que se refieren las fracciones III, IV y VI del artículo 83 de esta Ley, la autoridad competente expedirá una nueva tarjeta de circulación. Artículo 88. La autoridad competente tendrá la obligación de negar el otorgamiento o requerir la devolución de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de los vehículos, en los casos en que no se acredite el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. Para efectos del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad fiscal competente, concederá un plazo de cinco días para la devolución de las formas valoradas o de los documentos que correspondan; apercibiéndolo de las sanciones y/o delitos en los que se incurra por omisión a dicho requerimiento. Artículo 89. El Gobernador del Estado establecerá los Programas de Canje de Placas respecto de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular. Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020. Artículo 29. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas y tarifas siguientes: APARTADO A DEL CONTROL VEHICULAR I. De las placas de circulación: a Por la expedición, reposición o canje de placas de circulación, que incluye calcomanía de identificación vehicular:... No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular, ni se aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en los casos en que no se acredite ante la Secretaría de Planeación y Finanzas la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva b Por la expedición, revalidación, canje o reposición de placas de demostración para vehículos de prueba o demostración $1,135.00 Para el otorgamiento de las placas de demostración, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos que mediante Reglas de Carácter General autorice y publique en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Planeación y Finanzas. La revalidación de las placas a que se refiere este inciso deberá realizarse por año calendario y se pagará simultáneamente con los derechos por los servicios de control vehicular, durante los primeros tres meses. c Por el trámite de baja de placas de circulación del Registro Estatal Vehicular, así como de otras Entidades Federativas, previa devolución de las mismas $125.00. Del contenido de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se obtiene que los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular deberán pagar dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal las contribuciones vehiculares que les corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales, aplicando las cuotas, tasas y/o tarifas que establezca la Ley de Ingresos del Estado vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Asimismo, que los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos están obligados a presentar ante las autoridades competentes del Estado, entre otro trámite, el relativo al canje de placas por programa general, para lo cual, al inscribir vehículos nuevos o usados, se expedirá a los contribuyentes, previo pago de los derechos que correspondan, las placas de circulación, calcomanía de identificación vehicular y tarjeta de circulación. De igual forma, que la autoridad competente tendrá la obligación de negar el otorgamiento o requerir la devolución de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de los vehículos, en los casos en que no se acredite el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. Además, que el Gobernador del Estado establecerá los programas de canje de placas respecto de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular. Por su parte, el artículo 29, fracción I, incisos a, b y c de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, establecen que por el derecho por el servicio prestado por la Secretaría de Planeación, en concreto, el correspondiente al canje de placas de circulación, que incluye calcomanía de identificación vehicular, se pagará de la siguiente manera:... Por la expedición, revalidación, canje o reposición de placas de demostración para vehículos de prueba o demostración $1,135.00 y que por el trámite de baja de placas de circulación del Registro Estatal Vehicular, así como de otras Entidades Federativas, previa devolución de las mismas $125.00. En consecuencia, se concluye que las porciones impugnadas artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla vigente y 29, fracción I, incisos a, b y c, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte -que se reclaman como unidad normativa- son de naturaleza heteroaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de las normas mencionadas, no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que se requiere de una condición para que sus efectos puedan materializarse en su perjuicio, esto es, resulta indispensable un acto de aplicación en concreto. Se afirma lo anterior, porque la hipótesis normativa regulada en los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 29, fracción I, incisos a, b y c, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte, se actualiza únicamente con un acto de aplicación concreto, como sería la emisión del programa de canje de placas implementado por el Gobernador del Estado de Puebla, o que los quejosos formularon el pago correspondiente por dicho derecho atendiendo a las reglas que en este último ordenamiento se hubieran establecido. De tal forma que, para que la quejosa acreditara su interés jurídico, resultaba necesario lo siguiente: a Que demostrara, en primer lugar, que era propietaria, tenedor o usuaria de vehículos registrados en el Registro Vehicular del Estado de Puebla. b La existencia del programa de canje de placas que para tal efecto hubiera emitido el ejecutivo de la entidad; y/o que formularon un pago por concepto de derechos por el correspondiente canje de placas de circulación; situación que no aconteció en la especie, dado que, como se mencionó, la parte quejosa impugna las normas por su sola entrada en vigor, y tanto a la fecha de presentación de la demanda como de la celebración de la audiencia que precede esta sentencia, no quedó probada la existencia del programa de canje de placas que contemplan los numerales reclamados. Por tanto, no basta que los solicitantes de amparo acudan al juicio constitucional señalando que son propietarios de diversos vehículos automotores y, que por tal motivo, se encontraban obligados a llevar a cabo el canje de placas, previo pago de derechos. En efecto, a fin de que la parte quejosa demostrara el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por las normas impugnadas, debió de acreditar el acto de aplicación de éstas; sin embargo, no aportó algún medio de prueba idóneo y certero para acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada y, por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico. Máxime que la parte quejosa ofreció copia de una tarjeta de circulación Vehicular expedida a su nombre por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, misma que no se le puede dar algún valor probatorio, al ser copia simple. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 4/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 194605, visible en la página 103, Tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ello, resulta claro que la parte quejosa fue omisa en allegar algún medio de prueba idóneo con el que acreditara que llevó a cabo el canje de placas a que se refieren los numerales tildados de inconstitucionales; aunado a que no acreditó ser propietaria de algún vehículos para considerar que el establecimiento genérico para llevar a cabo el pago por canje de placas le irroga un perjuicio en su esfera de derechos. De ahí que, si en la especie, la quejosa no acredito en modo alguno haber erogado determinado numerario por el pago del derecho de canje de placas al haberse establecido dicho programa, es evidente que no queda probado que el contenido de dichas disposiciones normativas se haya materializado sobre la esfera de derechos de los peticionarios. Es decir, la quejosa fue omisa en aportar alguna prueba fehaciente que demostrara que la autoridad le hubiera impuesto la obligación de pagar el derecho por el canje de placas proveniente de un programa en el que se hubiera establecido tal circunstancia; por tanto, las normas reclamadas no les causan perjuicio alguno por su sola emisión, pues, ello sucederá, hasta que se emita el aludido programa y/o se pague el derecho correspondiente por ese concepto. Por tanto, si la parte accionante de amparo prescindió exhibir los medios de prueba para demostrar el primer acto de aplicación en su esfera de derechos - dada la naturaleza heteroaplicativa de las normas impugnadas-, así como acreditar ser propietaria de algún vehículo resulta evidente la falta de interés jurídico para reclamar en esta instancia el actuar de las autoridades responsables. Por ende, si el ejercicio de la acción constitucional se reserva sólo a quien como titular de un derecho legítimamente tutelado recibe un perjuicio por un acto de autoridad o por la ley y, en la especie, la parte quejosa no demostró la existencia de ese primer acto de aplicación; entonces, se debe concluir que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo no fue demostrado plenamente. En consecuencia, se concluye que la sola entrada en vigor de las disposiciones normativas reclamadas no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que, se reitera, los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 29, fracción I, incisos a, b y c, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte, son disposiciones normativas de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que es necesaria la realización de un acto para que dichos artículos adquieran individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice un perjuicio; circunstancia que no quedó acreditada en este caso. Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la imposibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es así, porque cuando se promueve un juicio de amparo contra normas generales alegando que su sola expedición causa perjuicio al amparista, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo a más tardar en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación; ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.77/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. En las relatadas condiciones, al ser las normas impugnadas de naturaleza heteroaplicativa y no acreditarse respecto de ellas el acto concreto de aplicación que actualice un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, es que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Cabe precisar, que el sobreseimiento decretado en el presente juicio respecto de los actos reclamados materia del presente considerando, por no haberse acreditado el primer acto concreto de aplicación de la norma reclamada, de ninguna manera impide a la parte quejosa para en posterior oportunidad, acudir al juicio de amparo a efecto de impugnar los preceptos que tilda de inconstitucionales, pero esto, cuando en realidad se apliquen en su perjuicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por..., contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,777 expedientes
- Erika Pérez Salgado1533/2019
- Erika Reyes Castillo543/2019
- Erika Rocío Ruíz Zenteno836/2023
- Erika Sánchez Dorantes1791/2023
- Erika Vázquez Bonola351/2023
- Erika Velasco Moreno206/2015
- Erikc Loeza Patiño573/2021
- Erkiz Geovanny Cruz Cardona383/2020
- Ernesetina Morales Espinosa889/2021
- Ernestina Cortés Bautista103/2017
- Ernestina Moreno Rodríguez1312/2023
- Ernestina Ramos Contreras1333/2016