Erika Yolanda Ortega Gonzalez
Expediente 196/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Erika Yolanda Ortega Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el magistrado Supernumerario en auxilio de las labores de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, por el cual acusa recibo de la comunicación 5358/2023 de veintinueve de marzo pasado, mediante la que se le remitió el toca * y las copias certificadas del expediente * en dos tomos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida por Erika Yolanda Ortega González, por propio derecho, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Devuélvanse las constancias relativas al toca * y las copias certificadas del expediente * en dos tomos a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en la ciudad de Guanajuato.
- Principal
Visto el comunicado y anexos que envía la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Decimosexto Circuito en el Estado, residente en la ciudad de Guanajuato, al que se acompaña la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Hágase del conocimiento al tribunal colegiado que este órgano acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por *, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 196/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. De lo anterior, tenemos que en los procedimientos judiciales (que es el procedimiento respectivo), la última resolución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. De lo que se sigue que de la intelección de los numerales 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos emitidos por autoridades jurisdiccionales: La primera consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia o durante la sustanciación del procedimiento de remate, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del arábigo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.
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