Erika Yolanda Alvarado Espinoza
Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/07/2022
Partes del expediente
- Erika Yolanda Alvarado Espinoza
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali
- Erika Yolanda Alvarado Espinoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación de cuenta practicada por la Secretaria del juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado, en el presente juicio de amparo, promovido por Héctor Gutiérrez Montes en representación de Erika Yolanda Alvarado Espinoza, por la cual se SOBRESEYÓ en el juicio, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese el original del cuaderno incidental y archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración de Expediente Por otra parte, se hace constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así también, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme a lo dispuesto en el numeral 21, fracción c), del multicitado Acuerdo. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de acuerdo al precepto 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, el cual deberá mantenerse por separado en el archivo del presente juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de SEIS MESES previsto en tal considerando vigésimo, luego del cual se procederá a su destrucción. De igual manera se hace constar que este juicio no es de relevancia documental, de acuerdo al numeral 15 del mencionado Acuerdo. Así también, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; ello conforme al segundo párrafo del artículo 21 del indicado Acuerdo. De igual forma, se instruye a la Secretaria encargada del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A treinta de junio de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mexicali, Baja California, a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados por este Juzgado de Distrito para la celebración de la audiencia constitucional, al encontrarse presentes la licenciada Eva Elizama Durán Orozco, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en funciones de Jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/3799/2021, de ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, a partir del dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno y durante el tiempo que se encuentre de comisión el juez Alejandro González Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o hasta en tanto dicha Comisión o el Pleno del Consejo lo determinen; asistida de la licenciada Marilú Nirvana Millán González, Secretaria que autoriza y da fe, inicia la audiencia constitucional en el juicio de amparo 261/2022, promovido por ERIKA YOLANDA ALVARADO ESPINOZA por conducto de su apoderado legal, sin la comparecencia de las partes, la declaró abierta. A continuación, la Secretaría hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los autos de radicación y el de admisión de demanda, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, finalmente, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin que formulara pedimento. Enseguida, la Secretaria en funciones de Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar, se tiene por hecha la anterior relación de constancias. Acto seguido, se declara ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las pruebas documentales que exhibió la quejosa con la demanda de amparo y con las diversas que aportó la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje por conducto de su Presidente, con su informe justificado, así como las documentales agregadas mediante autos de once de mayo y ocho de junio de dos mil veintidós. A continuación, la Secretaria en funciones de Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, el Secretario hace constar que por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos. A lo anterior, la Secretaria en funciones de Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene a la parte quejosa por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula. Finalmente, la Secretaria en funciones de Jueza declaró vistos los autos para dictar la resolución correspondiente y dio por concluida la audiencia, procediéndose a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 261/2022, promovido por Erika Yolanda Alvarado Espinoza, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, el uno de marzo de dos mil veintidós, Erika Yolanda Alvarado Espinoza, solicitó el amparo y protección constitucional contra los actos de las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, los que enseguida se transcriben: "[.] [.]" Narró los antecedentes de los actos y precisó los conceptos de violación que estimó. SEGUNDO. Auto inicial. La demanda de amparo se recibió en este juzgado de distrito, atento al sistema aleatorio que se sometió, y previo desahogo de prevención se admitió el siete de marzo de dos mil veintidós, se determinó requerir los informes justificados, el emplazamiento de la parte tercero interesada y darle la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. TERCERO. Trámite. Las autoridades responsables rindieron el informe justificado solicitado; el tercero interesado fue emplazado, el Agente del Ministerio Público de la Federación fue notificado y finalmente, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede, previo diferimiento por razón de trámite. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver la presente controversia legalmente constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso b), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de naturaleza laboral atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado partiendo del criterio de que la demanda debe ser analizada como un todo; así del análisis integral del libelo inicial se aprecia que los actos reclamados en esta vía a las autoridades responsables, consisten sustancialmente en: La omisión de ordenar y de firmar la protocolización de la adjudicación a la quejosa ante el Notario Público número 10 en esta ciudad en el juicio laboral 1290/2011-1A. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad; toda vez que al rendir su informe justificado, lo negó expresamente aduciendo que como el juicio laboral 1290/2011-1A es del conocimiento de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, fue ésta quien emitió el acto reclamado no así aquélla junta; sin que el quejoso aportara a este juicio prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Razón por la cual, ante la inexistencia de los referidos actos, procede sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia 284 consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local y Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman. Asimismo, remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 1290/20211-1A de su índice; documental pública a la que asiste valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2°. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada toda vez que de las constancias remitidas para apoyar su informe justificado se advierte que mediante oficio despachado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve al referido notario, le solicitó la indicada protocolización, fue hasta el diez de marzo pasado en que se llevó a cabo, por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado, en razón de que su existencia está acreditada en el juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, por lo que respecta al acto reclamado consiste en la omisión de firmar la protocolización de la adjudicación a la quejosa ante el Notario Público número 10 en esta ciudad en el juicio laboral 1290/2011-1A, de oficio, se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". [.] Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias del juicio de origen remitidas por la autoridad responsable de la Junta Especial Número Uno, se desprende que mediante oficio 1313 de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, remitió copias certificadas del expediente 1290/2011-1, al Notario Número 10, a fin de que se llevara a cabo la protocolización de la adjudicación de los bienes inmuebles a favor de la quejosa, asimismo el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, tuvo al referido Notario informando respecto de la formalización de la escritura pública 103245, volumen 4867, de die de marzo de dos mil veintidós, quedando inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio bajo la partida 5925768, el diez de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior demuestra que la autoridad responsable dejó de afectar la esfera de derechos de la parte quejosa, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2ª./J.59/99 publicada en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, por resultar aplicable, se cita el diverso criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al acreditarse la actualización de la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por el indicado acto, con fundamento en el artículo 61, fracciones XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo que disponen los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 76, 77, 119, 124 y 192 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Erika Yolanda Alvarado Espinoza, por los actos reclamados a las autoridades responsables y motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Eva Elizama Durán Orozco, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en funciones de jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/3799/2021, de ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, a partir del dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno y durante el tiempo que se encuentre de comisión el juez Alejandro González Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o hasta en tanto dicha Comisión o el Pleno del Consejo lo determinen; asistida de la licenciada Marilú Nirvana Millán González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EEDO/MNMG/César 25750 y 2551 SECRETARIA EN FUNCIONES SECRETARIA DE JUEZA DE DISTRITO Marilú Nirvana Millán González
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al cual adjunta las constancias requeridas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por lo tanto, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngasele por ofrecidas las pruebas documentales, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de diecinueve de mayo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que remitiera copia certificada de ciertas constancias relativas al juicio laboral 1290/2011; sin embargo, a la fecha ha sido omiso en dar cumplimiento a ello. En tales condiciones, de nueva cuenta y por última ocasión, previo a la imposición de la multa por desacato, se REQUIERE a la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 64 y 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de su notificación, remita e informe lo siguiente: 1) Copia certificada de la contestación dada por el Notario Público Número Diez a su oficio 522/2022 de nueve de mayo en curso; e, 2) Informe el Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal y nombre completo del servidor público que tiene el cargo de Presidente de esa Junta, en quien en su caso, recaería la multa. En la inteligencia, que de hacer caso omiso a cada uno de los puntos aquí solicitados en el término que para tal efecto se le concede, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, con fundamento en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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