Erika Yazmin Reyes Pérez

Expediente 1485/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1485/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • Erika Yazmin Reyes Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede en la que se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Las notaciones háganse en el libro de gobierno y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es destruible, pues la demanda se tuvo por no presentada , el cual carece relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 1153/2015, promovido por Jesús Héctor Ruiz Velazco, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México; por lo que,R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Jesús Héctor Ruiz Velazco, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- RECLAMO TODO LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 734/2013, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO CIVIL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO, QUE TRAMITA EL TERCERO INTERESADO ANTE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DEBIDO A QUE TENGO CONOCIMIENTO CIERTO QUE CON DICHO JUICIO, SE ME PRETENDE DESPOSEER DE UN TERRERO DE MI EXCLUSIVA Y LEGÍTIMA PROPIEDAD, SIN SER PARTE EN EL JUICIO DE REFERENCIA".SEGUNDO. El quejoso señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.TERCERO. Por auto de treinta de julio de dos mil quince, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince.CUARTO. El treinta de octubre de dos mil quince, se terminó de engrosar la resolución en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo.QUINTO. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que por razón de turno, le correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y una vez integrado dicho recurso, en sesión de veinticinco de febrero de la anualidad, se revocó la sentencia impugnada y se ordenó reponer el procedimiento.SEXTO. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgado tomó conocimiento de lo narrado en el resultando anterior, tuvo por ofrecida la prueba pericial en materia de identificación de inmueble y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede y la cual forma parte de la presente resolución.C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48, y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman actos de una autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado.SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, que es del tenor siguiente:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el quejoso reclama:En su carácter de tercero extraño, todo lo actuado en el expediente 734/2013, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Lerma de Villada, Estado de México, en el que Aurelio Alejandro de Jesús ejerció la acción plenaria de posesión en contra de Arturo Fernández Franco, respecto de un predio ubicado en Chignahuacán, Lerma, Estado de México, que aduce el quejoso, forma parte del predio que es de su propiedad.TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, Juez Tercero Civil de Lerma de Villada, Estado de México, pues al rendir su informe con justificación lo aceptó; aunado a que de las constancias que se adjuntaron, se advierte su certeza (foja 22).Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado.Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causa de improcedencia. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados al Juez Tercero Civil de Lerma de Villada, Estado de México.Lo anterior porque se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, esto en atención a que la parte solicitante del amparo, omitió acreditar su interés jurídico para los efectos de la presente contienda constitucional, como se verá a continuación.El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) - - - XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)".Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."Así, por cuestión de orden, resulta pertinente precisar que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.Además, en el párrafo cuarto, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos de los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa.Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución vigente, que constituye la base constitucional de la actual redacción del artículo 5 de la Ley de Amparo, reglamentaria de aquél precepto, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, que tenga un interés jurídico. Apoya a lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), Libro XVIII, Marzo de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, Segunda Sala, página mil setecientos treinta y seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2003067, de rubro y texto siguientes:INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella."El concepto titularidad de un derecho subjetivo, está asociada al interés jurídico.Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), Libro XXII, julio de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, Primera Sala, página quinientos cincuenta y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, siguiente:INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional."Por tanto, es dable estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad.Sobre el particular son aplicables, por las razones que las informan, las tesis, IV.3o.A.6 K (10a.), Libro XIII, octubre de dos mil doce, Tomo 4, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página dos mil seiscientos seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2001950, cuyos rubro y contenido, son del tenor literal siguiente:INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas.". Así como la diversa Jurisprudencia VI. 3o. J/26, VIII, diciembre de mil novecientos noventa y uno, Tribunales Colegiados de Circuito página ciento diecisiete Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor:INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías."Y la tesis II.2o.C.92 K, XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito página mil cuatrocientos veintiocho, Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor:INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía."En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa.Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página mil ochocientos siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa."En suma, tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, para que proceda la acción constitucional es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que la persona que ejerce la acción constitucional, es la titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa. Es aplicable al caso, la tesis 1a./J. 1/2002, XV, febrero de dos mil dos, Primera Sala, Novena Época, página quince, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Así como la diversa Tesis: III.1o.A.25 K, VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página cuatrocientos uno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido:INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción."Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprende de las copias certificadas del juicio de origen allegadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley, en los siguientes términos:En escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil trece, Aurelio Alejandro de Jesús, demandó en la vía ordinaria a Arturo Fernández Franco, la acción plenaria de posesión y demás prestaciones legales, respecto del predio ubicado en Chignahuapan, Lerma, Estado de México, ahora avenida San Agustín sin número, Santa Cruz Chignahuapan, Lerma, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes:Al Norte: 104.00 metros, colinda con Porfirio Gutiérrez;Al Sur: 104.00 metros, colinda con carril, ahora avenida San Agustín;Al Oriente: 210.00 metros, colinda con Cesárea Peña de Alejandre (ahora carril sin nombre);Al Poniente: 170.00 metros, colinda con Felipe de la Cruz y Sebastián de la Cruz;Con una superficie aproximada de 170.00 metros cuadrados.Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil trece, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, lo radicó bajo el número de expediente 734/2013 de su índice y previno a la parte actora para que proporcionara el domicilio de la demandada.Por auto de cuatro de septiembre de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda y se ordenó entre otras cosas, el emplazamiento de la parte demandada.En acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil catorce, toda vez que la parte demandada Arturo Fernández Franco, no dio contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del término concedido para tal efecto, se le tuvo por contestada en sentido negativo y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación y depuración procesal.Posteriormente, seguido el juicio en sus etapas, por auto de veintinueve de julio de dos mil quince, se concedió a las partes el término común de tres días para que alegaran lo que su derecho corresponda.Siendo la etapa de alegatos en la que se encontraba el juicio de origen al momento de la interposición del presente juicio de garantías.Ahora, el quejoso acude al presente juicio como tercero extraño auténtico, y reclama de manera esencial, la desposesión de un predio ubicado en Chignahuapan, Lerma de Villada, Estado de México, con una superficie de 172.982.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 326.00 metros con Pánfilo Gutiérrez A.; Al Sur: 328.00 metros, con Camino Vecinal; Al Oriente 528.00 metros con Propiedad Privada; Al Poniente: 530.00 metros con Felipe de la Cruz y otro, pues, refiere, lo posee a título de propietario, afirmando tener la propiedad con motivo del contrato privado de compra venta, celebrado el catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve con Ricardo Rivera Flores, ratificado ante la fe del Notario Público número 7 de Toluca, Estado de México; y, por ello, sostiene se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución, por no habérsele respetado sus derechos de propiedad respecto de la aludida finca.Tomando en consideración la naturaleza de tercero extraño a juicio que detenta el quejoso, mismo que se corrobora de la anterior narrativa de lo acontecido en el expediente primario, de la que se advierte que no es parte en el mismo; resulta indispensable que, como se dijo, acredite fehacientemente el interés jurídico por el cual dice tener el derecho de posesión sobre el inmueble controvertido en el procedimiento de origen, pues ese es el supuesto básico en que descansa su reclamación.Esto es, debe probar que cuenta con un título jurídico como causa generadora de esa posesión, así como la identidad entre éste con aquel cuyo lanzamiento se ejecutó en el juicio natural; lo que, en la especie, no aconteció.Orienta lo sostenido, por analogía, el criterio contenido en la tesis VI.2o.C.570 C, XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Página: 3201, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 171148, cuyo rubro y texto son:INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos."Sentado lo anterior, es decir, que la acción constitucional tiene como presupuesto la comprobación plena del derecho de posesión que dice el quejoso le asiste, así como la identidad material; lo que sigue es determinar si éste lo acreditó o no, pues de lo contrario, la consecuencia necesariamente deberá ser que carece de interés jurídico para acudir en demanda de amparo.A efecto de acreditar el derecho que ejerce sobre el predio en cuestión, la parte quejosa exhibió los medios de prueba siguientes:Copia certificada de un contrato de compra-venta celebrado el catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve con Ricardo Rivera Flores, ratificado ante la fe del Notario Público número Siete de Toluca, Estado de México.Pericial en materia de identificación de inmueble.Presuncional e instrumental de actuaciones.En ese tenor, analizadas las probanzas de mérito, se consideran que son ineficaces para justificar la procedencia del juicio de amparo, por lo siguiente:En cuanto a la documental descrita en el punto 1, que antecede, es suficiente para acreditar la titularidad del derecho subjetivo de posesión del que aduce ser titular el quejoso, en razón de que el referido documento adquirió fecha cierta al momento en que fue ratificado ante fedatario público; no es suficiente para acreditar la identidad del inmueble que defiende con él, materia de la litis natural, debido a que dicho pacto fue respecto a la finca ubicada en Chignahuapan, Lerma de Villada, Estado de México, con una superficie de 172.982.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 326.00 metros con Pánfilo Gutiérrez A.; Al Sur: 328.00 metros, con Camino Vecinal; Al Oriente 528.00 metros con Propiedad Privada; Al Poniente: 530.00 metros con Felipe de la Cruz y otro, no así del predio ubicado en Chignahuapan, Lerma, Estado de México, ahora avenida San Agustín sin número, Santa Cruz Chignahuapan, Lerma, Estado de México, con una superficie aproximada de 170.00 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte: 104.00 metros, colinda con Porfirio Gutiérrez; Al Sur: 104.00 metros, colinda con carril, ahora avenida San Agustín; Al Oriente: 210.00 metros, colinda con Cesárea Peña de Alejandre (ahora carril sin nombre); Al Poniente: 170.00 metros, colinda con Felipe de la Cruz y Sebastián de la Cruz.Resultando aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia 1a./J. 33/2010, XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época, Primera Sala, página trescientos catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él."Máxime que, de las constancias certificadas del juicio de origen allegadas por la autoridad responsable, tampoco se puede advertir que al quejoso le asista la titularidad de derecho alguno en relación con el inmueble materia de la litis de origen, puesto que con dichas constancias, en el mejor de los casos acredita la titularidad de un derecho de posesión respecto al primer predio descrito; por ende, los torna ineficaces para demostrar el interés jurídico del quejoso.Orienta sobre el particular la tesis II.2o.C.T.20 K, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página seiscientos cuarenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197739, siguiente:AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."Por otro lado, con motivo del dictamen pericial en materia de identificación de inmueble rendido el cinco de abril de dos mil dieciséis, por parte del perito designado por el quejoso, se desprende que concluyó lo siguiente:[.] CONCLUSIONES.- Una vez que me he constituido en el inmueble que tiene en propiedad y posesión el señor JESÚS HÉCTOR RUÍZ VELASCO, y he tenido a la vista el documento que ampara su propiedad, concluyo que su predio se encuentra plenamente identificado (PLANO 1); y al tener a la vista el documento-Título de Adjudicación del señor AURELIO ALEJANDRO DE JESÚS y/o AURELIO ALEJANDRE y/o AURELIO ALEJANDRE DE JESÚS y/o AURELIO ALEJANDRES DE JESÚS, concluyo que su inmueble se encuentra en un lugar totalmente distinto y no se encuentra identificado dentro del predio del señor JESÚS HÉCTOR RUÍZ VELAZCO, puesto que se refieren colindancias que en todo el entorno del inmueble del amparista son inexistentes, por lo tanto, considero que el predio del tercero interesado, se encuentra en un punto totalmente ajeno al del señor JESÚS HÉCTOR RUÍZ VELAZCO [.] Lo anterior en virtud de que dentro del cuerpo del dictamen materia de análisis, el perito apuntó que una vez constituido en el inmueble que tiene en propiedad y posesión Jesús Héctor Ruiz Velazco, verificó las medidas y colindancias del mismo, determinó que dicho inmueble coincide fielmente en medidas y colindancias, con el que ampara el documento que sirve de base en el presente juicio, asimismo; que de acuerdo a las medidas y colindancias del inmueble propiedad del tercero interesado AURELIO ALEJANDRO DE JESÚS y/o AURELIO ALEJANDRE y/o AURELIO ALEJANDRE DE JESÚS y/o AURELIO ALEJANDRES DE JESÚS, dicho inmueble no se encuentra dentro del predio del quejoso, ya que las medidas y colindancias son totalmente distintas.También señaló que no es posible ubicar dentro del predio de Jesús Héctor Ruíz Velazco, el predio del señor Aurelio Alejandro de Jesús, por encontrase ubicados en sitios totalmente distintos uno del otro; y por último que, el terreno que ampara el título de adjudicación de AURELIO ALEJANDRO DE JESÚS y/o AURELIO ALEJANDRE y/o AURELIO ALEJANDRE DE JESÚS y/o AURELIO ALEJANDRES DE JESÚS, no se encuentra físicamente dentro del predio propiedad de Jesús Héctor Ruíz Velazco ya que ambos predios se encuentran ubicados en sitios totalmente distintos, lo que se corrobora con sus colindantes distintos.Esto es, dicha probanza resulta suficiente para determinar la falta de identidad del predio en cuestión, en relación con aquel que es materia del juicio natural, ello porque de acuerdo con lo asentado por el perito, el inmueble cuya posesión defiende el aquí quejoso Jesús Héctor Ruíz Velazco, tiene medidas y colindancias distintas al predio materia de la Litis en el juicio de donde deriva el acto reclamado, y por tanto, no es posible ubicar dentro del predio de Jesús Héctor Ruíz Velazco, el predio del señor Aurelio Alejandro de Jesús, por encontrase situados en lugares totalmente distintos uno del otro; de lo que es posible concluir que el inmueble materia del juicio de origen, no se encuentra inmerso en el que el quejoso afirma le pertenece.Probanza que alcanza valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción IV, 143, 144 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 97/2015, Segunda Sala, Libro 21, agosto de dos mil quince, Tomo I, página ochocientos quince, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor:PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo.Asimismo, la tesis I.11o.C.16 K, XVIII, agosto de dos mil tres, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página mil ochocientos seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor:PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. ES LA IDÓNEA PARA RESOLVER SOBRE HECHOS CONTROVERTIDOS QUE REQUIEREN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS O CIENTÍFICOS. Cuando la controversia planteada requiere para su solución de conocimientos que generalmente escapan a la cultura común del juzgador, por referirse a cuestiones en las que es necesaria la aplicación de conocimientos técnicos o científicos, propios de un especialista, es pertinente considerar que el juzgador respectivo debe auxiliarse del especialista correspondiente para que lo ilustre en el tema materia de la controversia, a fin de estar en aptitud de apreciarla adecuadamente y, atendiendo a los razonamientos expuestos por el perito, determinar con la argumentación respectiva el alcance demostrativo que a su juicio merezcan los dictámenes emitidos."Aunado a lo anterior, del dictamen en materia de topografía de siete de septiembre de dos mil dieciséis, signado por perito oficial, se desprende que no contradice lo afirmado por el perito del quejoso.Como se ve, no existe identidad ni correspondencia respecto del inmueble descrito en la demanda de amparo y aquel objeto materia de los autos del juicio de origen.De tal suerte que correspondía a la parte quejosa demostrar esa identidad material, pues, en todo caso, respecto a los diversos medios de convicción (instrumental de actuaciones y presuncional), por sí solas carecen de eficacia probatoria alguna, puesto que su desahogo se encuentra íntimamente ligado al diverso caudal probatorio desahogado en autos; de ahí que al haberse determinado que las diversas probanzas resultaron ineficaces para comprobar la identidad del inmueble que defiende el quejoso, con el bien materia de la litis natural, es por ello que dicha calificativa de ineficaz debe hacerse extensiva a dichas probanzas. Resultando aplicable al caso concreto, el criterio XX. 305 K, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página doscientos noventa y uno, Semanario Judicial de la Federación, Registro: 209572 del rubro y texto: PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos."De ahí que, como se anticipó, se actualice la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo y deba sobreseerse en el presente juicio de amparo. Finalmente, no pasa desapercibido para este Juzgado que en el presente juicio de garantías, no se haya emplazado a juicio al tercero interesado Arturo Fernández Franco, quien de acuerdo a los autos del juicio de origen, aparece con el carácter de demandado, en virtud del sentido de la sentencia que en este acto se pronuncia no le causa perjuicio alguno; aunado, que no se le deja en estado de indefensión, conforme a lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.Al respecto, es aplicable la tesis número P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo VII, Febrero de 1998, pág. 45:TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.Por último, conviene señalar que todos aquellos criterios que se han invocado en esta resolución, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando algunos de ellos se integraron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; ya que el artículo Sexto Transitorio del decreto que expidió la mencionada legislación vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa.De ahí que, si los aspectos contenidos en los criterios invocados no son opuestos a los principios y situaciones aquí abordados, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos de la nueva ley, es evidente que tales criterios judiciales cobran aplicabilidad conforme lo dispone el artículo Sexto Transitorio invocado.Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 a 75 y 217, todos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Héctor Ruiz Velazco, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.Notifíquese como legalmente corresponda.Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de la licenciada Eloísa Salinas Juárez, secretaria que autoriza, firma y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado permitieron concluir con su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, se requirió a Erika Yazmin Reyes Pérez, a efecto de que dentro del plazo de cinco días, aclarara su demanda de amparo en los términos precisados en el referido acuerdo. Luego, de la certificación de cuenta se advierte que no existe promoción alguna dirigida a desahogar cabalmente todos los requerimientos de mérito. Atento a lo anterior, de conformidad con lo que establece el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente cuaderno de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y en representación sustituta del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, rinde su informe a la suspensión de plano; con fundamento en el artículo 125 y 126 de la nueva Ley de Amparo, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido ante el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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