Erika Yazmín González Cuevas

Expediente 828/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
828/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Erika Yazmín González Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiere interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veintiocho de abril del año en curso, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento los artículos 12, 14 fracción III, y 20, fracción I, todos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; es destruible, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. En consecuencia, mediante sello, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Conforme a la certificación de cuenta, se hace constar que no se ordenó la apertura de incidente de suspensión. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obran las constancias requeridas a la autoridad responsable en proveído de doce de abril pasado, toda vez que en auto de trece de abril siguiente se le remitió a la autoridad el tomo de pruebas necesario para el cumplimiento del requerimiento supradicho. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la tercero interesada Zaida Patricia Torres Guerrero NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 21/ABRIL/2023; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, que dice:Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, agréguese al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2101/2022, la ampliación de demanda promovida por el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO, por conducto de su representante legal (Síndico) Ana Carmina García Valladares, contra actos de autoridades. Ahora, de conformidad al transitorio identificado como "SEXTO" del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; el expediente físico se integrará únicamente con los documentos recibidos por esa vía. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE vía interconexión o correo electrónico oficial, cuya recepción se deberá certificar, y agregar a los autos, A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la ampliación de demanda de constitucional. Se le apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe previo al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx con la precisión de que el mismo deberá encontrarse firmado de manera electrónica; por lo que de no contar con dicho requisito, el mismo no será válido. Asimismo, al momento de rendir su informe antes mencionado, y por esa vía, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifieste que los documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la Ley de la materia, se señalan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Máxime si se toma en consideración, que el señalamiento de la anterior fecha obedeció a la facultad a cargo del Actuario Judicial adscrito de practicar la citada diligencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la orden respectiva; ello, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo. La que se procurará practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. En atención a la certificación de cuenta, en el particular se emite la orden de compulsa y certificación correspondiente; toda vez que la parte quejosa adjuntó documentos originales anexos o copias certificadas, así como sus copias a fin de emitir la orden respectiva. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar, es menester determinar el acto reclamado cuya suspensión se solicita. Así, de un análisis integral de la ampliación de demanda de amparo, mismo que tiene como fundamento en las jurisprudencias 2a./J. 55/98, P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097 y 176329, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA"; se advierte que se reclama del Jefe y del Ejecutor Fiscal de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea Número 096 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: El requerimiento F922096000164. Resulta pertinente precisar, que vía la emisión del acto reclamado, se determinó la ejecución en contra de la parte quejosa de una sanción económica al incumplir con lo laudado. En tanto que se solicitó la medida suspensional constitucional para efecto de que: "Suspensión". Es decir, para los efectos siguientes: I) Las autoridades responsables, se abstengan de hacer efectiva la sanción económica decretada, con motivo a un supuesto incumplimiento al laudo laboral dictado dentro del expediente de origen. Pretensión de la parte quejosa, que fue advertible una vez analizada en su integridad la ampliación de demanda de amparo. Lo cual, con fundamento en las razones que informan las jurisprudencias 2a./J. 55/98, P./J. 40/2000, 2a./J. 183/2005 y P./J. 4/2019 (10a.) sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097, 176329 y 2019200, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA" y "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar el contenido del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo; para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la ley de la materia, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: 1) Que exista la solicitud del quejoso (interés jurídico y afectación). 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3) El análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. 4) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por la parte interesada, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que se reprochan los actos de ejecución que se pudiesen llevar a cabo para imponer una sanción a la parte quejosa, y, en caso de ejecutarse dicho acto, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían. Consecuentemente, se CONCEDE al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO, la suspensión provisional para el efecto buscado bajo el número romano I); es decir, para que no se ejecute la imposición de la sanción económica decretada, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Es preciso enfatizar que la medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado, obedezcan a antecedentes diversos a los narrados, o provengan de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Ahora bien, cabe precisar que resulta innecesario requerir a la parte quejosa por la exhibición de garantía a fin de salvaguardar los posibles daños o perjuicios ocasionados a terceros, con motivo a la concesión de la medida suspensional en cuestión; toda vez que al constituir una persona moral pública, se encuentra exenta de prestar las garantías respectivas; lo anterior con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN MATERIAL DE GARANTÍA A CARGO DE LA QUEJOSA CUANDO ÉSTA ES UNA PERSONA MORAL OFICIAL. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, el quejoso debe otorgar garantía suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión en cualquier momento procesal. No obstante, en términos del artículo 9o. de la ley citada, las personas morales oficiales están exentas de esa carga, pues se considera que tienen capacidad patrimonial para hacer frente a las obligaciones surgidas de la medida cautelar. En ese tenor, dicha excepción no significa que esos entes públicos no deban responder por los daños y perjuicios que pudieran generarse al tercero perjudicado con motivo de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, pues tal precepto únicamente los exime de presentar materialmente alguna garantía, ya que ésta se satisface con la presunción legal de capacidad patrimonial para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios ocasionados al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la medida cautelar. En ese sentido, el incidente de daños y perjuicios establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo, es el medio idóneo para que el tercero perjudicado pueda ver resarcida la afectación a su patrimonio con motivo de los daños y perjuicios generados por la concesión de dicha medida, a personas morales oficiales, sin que sea obstáculo para ello que la ley exonere de exhibir tal respaldo, pues tratándose de dichos entes, la garantía la constituye su capacidad, per se, para hacer frente a sus obligaciones". (Época: Décima Época, Registro: 2001347, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 70/2012 (10a.), Página: 387). Se tiene(n) como autorizado(s) de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Pablo Ramos Castillo, Erick Ernesto Vázquez Enríquez, Juan Carlos de Obeso Orendain, Rodolfo Vázquez Cabello, Beatriz Valladolid Briseño, Cecilia Cortez Díaz Corona y Édgar Adrián Moro López; toda vez, que sí cuenta(n) con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene(n) como autorizado(s) en los términos restringidos de los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la totalidad de persona(s) restante(s), al así haberse solicitado, o en su caso, al no justificar el anterior registro. Finalmente, en relación a la solicitud por la consulta del expediente electrónico; dígasele que deberá estarse a lo determinado vía proveído emitido el catorce de octubre de dos mil veintidós.

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