Erika Yadira Raigoza Jiménez

Expediente 2350/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2350/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Erika Yadira Raigoza Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, remite los autos originales del juicio de amparo 1498/2018 del índice de este juzgado y un legajo de pruebas, que se envió al Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para el dictado de la sentencia correspondiente, la cual se aprecia de las constancias que lo integran ya fue dictada, terminada de engrosar el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la cual concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1498/2018, promovido por David Delgado Torres, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los razonamientos contenidos en el último considerando de este fallo." En consecuencia, hágase saber a las partes el contenido de la mencionada resolución; acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedes respectivo. Tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Finalmente, agréguese a sus autos el CD ROM que contiene grabada la sentencia dictada en el juicio de amparo que nos ocupa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Delegado Federal en el Estado de Nayarit de la Secretaría de Economía de Gobierno Federal, con residencia en la esta ciudad de Tepic, a través del cual, manifiesta cumplir con el requerimiento que le fue realizado por acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso. No obstante lo anterior, de su contenido se advierte que únicamente señala la situación laboral que guarda la quejosa FLAVIA UREÑA MONTOYA, de quien precisa, se reincorporó a sus labores el cinco de noviembre del presente año; sin embargo, omite precisar las acciones concretas que le fueron indicadas en el aludido auto de nueve de noviembre del año actual, con el propósito de dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos. En efecto, de la lectura integral del oficio de cuenta, no se advierte que le haya sido asignado por parte de la autoridad responsable, un lugar de trabajo adecuado; pues a decir de la propia autoridad, señala que la quejosa se instaló en la planta baja del edificio que ocupa la Delegación de la Secretaría de Economía en el Estado de Nayarit. Además, la autoridad no informa las acciones que implementó para facilitarle el registro de sus entradas y salidas, sin que se le obligara a la quejosa a subir escaleras, ya que precisamente indica que para esos efectos es apoya por algunos de sus amigos, para apoyarle con el registro de asistencia. Por otro lado, dicha autoridad omite precisar las actividades concretas que realiza en su jornada laboral, de acuerdo a su condición, categoría y cargo que desempeña la aquí quejosa. Por tal motivo, requiérase por última ocasión al Titular de la Delegación de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con residencia en Tepic, Nayarit, para que dentro del término de tres días, contados a partir del que surta efectos la notificación del presente proveído, dé debido cumplimiento a la suspensión definitiva, que para el caso, debe cuando menos, asignarle a la quejosa un lugar o espacio de trabajo conforme a sus capacidades y necesidades de accesibilidad; deberá informar la asignación de las tareas que debe realizar de acuerdo a su cargo, en la medida de sus posibilidades; de igual manera, le facilitara el registro de sus entradas y salidas, sin que se le obligue a subir escaleras; lo anterior, a fin de que esté en posibilidad de cumplir con sus funciones laborales, apercibido que de no hacerlo se dará vista al ministerio público. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. CLVII/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 454, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2009093, que dispone: "PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU DERECHO HUMANO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE O AUTÓNOMA NO IMPLICA QUE NO PUEDAN RECIBIR APOYO O ASISTENCIA EXTERNA. Lo que caracteriza al derecho humano de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente es la posibilidad de tener la decisión y el control sobre la asistencia y los medios requeridos, así como asegurado el acceso a los servicios necesarios para garantizar la efectividad de ese derecho fundamental. Lo anterior es reconocido en el artículo 19, inciso b), de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, que exige que los Estados Parte aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria y residencial, que sea necesaria para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta. Asimismo, derivado del derecho humano a vivir de forma independiente, en el inciso c) del artículo 19 citado, se exige que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general, es decir, los no específicamente dirigidos a las personas con discapacidad, estén a disposición de éstas y tengan en cuenta sus necesidades. De ahí que no debe considerarse que el derecho a vivir de forma independiente o autónoma implique que la persona no pueda recibir algún tipo de apoyo o asistencia externa, como el uso de aparatos ortopédicos, elevadores, rampas en las calles, servicios de luz, computadoras, etcétera, en tanto que ese apoyo es el que posibilita la efectividad del derecho, y es como la persona consigue situarse en igualdad de condiciones frente a las otras." Asimismo, la tesis 1a. CLV/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 453, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2009092, que establece: "PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NÚCLEO ESENCIAL DE SU DERECHO HUMANO A LA ACCESIBILIDAD, CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, deriva que el derecho humano a la accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos externos a la persona con discapacidad, esto es, el entorno físico, en el cual un sujeto con cualquier limitación puede funcionar de forma independiente, a efecto de que participe plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con los demás. Para ello, los Estados deberán identificar los obstáculos y las barreras de acceso y, en consecuencia, proceder a eliminarlos, además de ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Así, el entorno físico se refiere a los edificios y a las vías públicas, así como a otras instalaciones exteriores e interiores, incluidas las escuelas, las viviendas, las instalaciones médicas y los lugares de trabajo, obligando a los Estados a asegurar que, cuando dichas instalaciones o servicios estén a cargo de entidades privadas, éstas tengan en cuenta los aspectos relativos a su accesibilidad." (Subrayado añadido). Por otra parte, téngase a la autoridad de referencia, designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el informe que rinde. Respecto al domicilio que señala, dígasele que no ha lugar a tenerle el que menciona, toda vez que las notificaciones a las autoridades responsables, deben realizarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad, cuando se encuentra en el lugar del juicio, como ocurre en la especie; lo anterior, de conformidad con el ordinal 28, fracción I de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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