Erika Yadira Martínez López

Expediente 537/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
537/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Erika Yadira Martínez López
  • Lic. Charlotte Caballero Cano, En Funciones de Jueza de Control Adscrita Al Juzgado de Proceso Y Procedimiento Penal Oral Con Residencia En Coatepec, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, en atención al oficio remitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza al usuario "**********", para el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarla, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos de *******, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Procedo de Procedimiento Penal y Oral del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 37/2022 que le corresponde. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. HIPOTÉSIS NORMATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. HECHOS En el caso, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La determinación de la Jueza de Control responsable en el sentido de ampliar el término de investigación complementaria, a petición de la Fiscalía, en el proceso penal *******. En el apartado de antecedentes del acto reclamado, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, indicó que a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre de dos mil veintidós, sin precisar la fecha, fue vinculada a proceso al considerar que probablemente participó en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de *******, en el proceso penal *******, así como que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en dicho proceso penal. La impetrante también refirió que el siete de marzo de dos mil veintitrés, fue llevada a una nueva audiencia de control de detención, pero sin precisar si esta última correspondía al proceso penal ******* o a algún otro. Finalmente, indicó que la determinación de la Jueza de Control responsable en el sentido de ampliar el término de investigación complementaria, a petición de la Fiscalía, en el proceso penal *******, se le notificó a su defensa el diecinueve de mayo del presente año. CONCLUSIÓN Se considera que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino únicamente derechos adjetivos de la parte quejosa, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Ese mismo precepto dispone que la Investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; mientras que la investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. El artículo 213 del citado código dispone que el objeto de la investigación radica en que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Por su parte, el numeral 321 del ordenamiento referido señala que el Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria; precisando que el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, el cual no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. También establece que transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En ese último sentido, el numeral 322 del código procesal de la materia indica que, de manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición, así como que el Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Adicionalmente, el artículo 323 del código señala que transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo anterior; que si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre; así como que transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez. Bajo el citado contexto normativo, se considera que la determinación de la Jueza de Control responsable en el sentido de ampliar el término de investigación complementaria, a petición de la Fiscalía, en el proceso penal *******, no afecta derechos sustantivos de la quejosa, sino en todo caso afectaciones de índole procesal o adjetiva, que no son de imposible reparación; en primer lugar, porque si bien es cierto que el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria y precisa que el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, estableciendo incluso los plazos correspondiente de acuerdo a la penalidad del delito por el que se siga al proceso; también lo es que tanto ese numeral como el diverso 322 otorgan tanto al Ministerio Público, como a la víctima u ofendido, así como al imputado el derecho a solicitar justificadamente prórroga del plazo de investigación complementaria. En ese sentido, el artículo 322 del código de referencia es claro al señala que, de manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición, así como que el Juez, sin que medie audiencia, podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. De donde se desprende que la solicitud de prórroga de la investigación complementaria es un derecho procesal o adjetivo que en el proceso penal asiste por igual a las partes indicadas en líneas anteriores, sin que ello implique que se afecten derechos sustantivos de la parte que no lo solicite Efectivamente, el acto que reclama la quejosa en esta instancia constitucional no afecta derechos sustantivos de la quejosa, sino en todo caso afectaciones de índole procesal o adjetiva, que no son de imposible reparación, porque el hecho que se haya otorgado prórroga del plazo de investigación complementaria al Ministerio Público, no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca medios de prueba, ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337, para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante; audiencia que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. Lo anterior, conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante. En relación con lo anterior, es ilustrativa la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invoca enseguida: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025607 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 146/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, página 1224 Tipo: Jurisprudencia "PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LÍMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre la procedencia de otorgar o no la prórroga en la etapa de investigación complementaria dentro del proceso penal acusatorio, cuando en el caso ya se llegó al límite máximo que prevé el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales: dos meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión y seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo. Criterio jurídico: Si en un proceso penal acusatorio, el imputado o su defensa solicitan una prórroga de la etapa de investigación complementaria, ésta es improcedente otorgarla una vez que se hayan alcanzado los límites máximos que el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para su duración. Justificación: El cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. Lo anterior, conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante." Es importante señalar que la quejosa, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad manifestó que se encuentra privada de su libertad por virtud de la medida cautelar que se le impuso en el proceso penal *******. Por tanto, la prórroga del plazo de la investigación complementaria no constituye un acto que afecte la libertad personal de la impetrante, ya que esta última está limitada por virtud de un acto jurídico distinto como lo es la medida cautelar, el cual, incluso, puede ser revisado y modificado a solicitud de la impetrante y de su defensa, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. AUTORIZADOS Se faculta como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a Pedro Iván Hernández Durán, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES Con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza al usuario ******* el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo, presentar promociones y recibir notificaciones; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye al Analisto Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Por otra parte, con fundamento en el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda para que en lo subsecuente, dentro del plazo legal, agreguen al expediente electrónico las constancias que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. Sin que haya lugar a proveer de conformidad el domicilio particular que proporciona, en razón que en los párrafos que anteceden se ordenó que todas las notificaciones que del presente juicio emanen se realicen vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". DATOS DE CONTACTO Se toma como datos de contacto el correo electrónico que proporciona para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,349 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano