Erika Velazquez Reyes

Expediente 247/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
247/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Erika Velazquez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    v) Toluca, Estado de México a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de siete de marzo pasado (f. 19-21), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    v) Toluca, Estado de México a siete de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado y oferta como pruebas diversas constancias relativas al expediente laboral 127/2016 de su índice. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta la responsable. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación." No obstante, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden resulta oportuno precisar que del estudio integral de la demanda de amparo y de la intención del promovente se advierte que el acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar diversas promociones presentadas el veintitrés de enero y doce de febrero del año en curso, la negativa de dictar el auto de requerimiento de pago y embargo así como la aplicación de las medidas de apremio dentro del expediente laboral 127/2016. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular el informe justificado y las documentales enviadas en complemento al mismo, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En efecto, las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, de acordar diversas promociones, así como la negativa de requerimiento de pago y la aplicación de medidas de apremio correspondientes en el expediente laboral 127/2016, ha cesado sus efectos, toda vez que de las copias certificadas que remitió la referida responsable, se advierte que el cinco del presente mes y año (fojas 17-18), emitió el acuerdo correspondiente, atendiendo lo solicitado en los escritos en comento, es decir, tuvo por sustituido el poder referente a Juan Soto Mendoza, requirió el pago y embargo, determinó las medidas de apremio a las cuales se haría acreedora la parte demandada (aquí tercero interesada) en caso de omisión, así como que en caso de que las instalaciones donde se llevaría a cabo el requerimiento en mención estuvieran cerradas y/o que en el desahogo de la diligencia de referencia se desprendan hechos que pidieran ser constitutivos de delitos se daría vista al Agente del Ministerio Público, haciendo saber a las partes que los motivos por la lejanía de la fecha de requerimiento de pago, lo es por la excesiva carga de trabajo y falta de insumos necesarios, finalmente, ordenó la notificación personal de cada una de las parte del auto de mérito. En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." La tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 991, Tomos XXIV, de Noviembre de dos 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.". Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México a uno de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Erika Velázquez Reyes, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 247/2019-V. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de mérito. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se forma incidente de suspensión, pues la parte agraviada no solicitó la medida cautelar en términos del numeral 128 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, con fundamento en el artículo 26 de la ley de Amparo y, notifíquesele la radicación del presente asunto, así como las subsecuentes por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de treinta a trecientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237 fracción I, y 251 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo se tiene como tercero interesado al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONATICO ESTADO DE MÉXICO; en el domicilio señalado en el ocurso de cuenta; por lo que con fundamento en la fracción I del artículo 28, de la Ley de Amparo, emplácese mediante oficio, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo, para el efecto de que se hagan sabedores de la instauración del presente juicio y el derecho que tienen para apersonarse en él, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho corresponda. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala, facultando al funcionario judicial para que en caso de ser necesario, realice las diligencias que se deriven del presente asunto en los términos establecidos en artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos del párrafo segundo in fine del artículo 12 y el diverso 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo a las personas que designan, es decir para oír y recibir notificaciones, por así señalarlo expresamente la promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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