Erika Susana Rubio Emigdio
Expediente 988/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Erika Susana Rubio Emigdio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, dado que resulta innecesario que este órgano jurisdiccional siga conservando el tomo que se formó por separado con la copia certificada del juicio natural 605/2016-II, que remitió la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, devuélvasele para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 988/2022-II, promovido por ******, por derecho propio, contra actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad y otra responsable. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Por escrito depositado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno al día siguiente, a este Juzgado Cuarto de Distrito, Erika Susana Rubio Emigdio, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y el acto que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORA.- C. JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. IV.- AUTORIDAD EJECUTORA.- JUZGADO 8 DE LO FAMILIAR DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO.- LA FALTA DE IMPARTICIÓN PRONTA Y EXPEDITA CONTEMPLADA Y PREVISTA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN. CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 .BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SE HAN GIRADO ANTERIORES EXHORTOS A LA FUENTE DE TRABAJO DEL TERCERO INTERESADO.Y EL ÚLTIMO EXHORTO QUE SE GIRÓ A LA FUENTE DE TRABAJO FUE ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.A LA ACTUALIDAD LA AUTORIDAD EJECUTORA NO ADADO (sic) CUMPLIMIENTO NI HA INFORMADO DEL ÚLTIMO EXHORTO QUE RECIBIO PARA SU DILIGENCIACIÓN.". Mediante escrito de desahogo de prevención, la parte quejosa señaló: ".DEL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA.NO HAN DILIGENCIADO DICHO EXHORTO CAUSANDOME PERJUICIO. .DEL JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR.LA FALTA DE DILIGENCIACIÓN A LO ORDENADO POR EL JUEZ TERCERO. SEGUNDO. Trámite del juicio Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 988/2022-II; se solicitó a las autoridades responsables rendir su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: De la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares.- La abstención de tomar las medidas necesarias para diligenciar el exhorto de fecha seis de junio de dos mil veintidós, ordenado en los autos de veinte y treinta de mayo de esa anualidad, en el expediente 605/2016, de su índice, a través del cual solicitó el auxilio para la emisión del oficio dirigido al Director de Pago de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que se diera cumplimiento a la diversa comunicación 5206 de quince de junio de dos mil dieciocho. Del Juzgado Octavo de lo Familiar en la Ciudad de México.- La falta de desahogo de la encomienda comunicada en el exhorto en cuestión. CUARTO. Existencia de los actos reclamados La autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al momento de rendir su informe justificado negó los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que realiza manifestaciones en su informe de donde se evidencian su certeza. De ahí, que resulten ciertas las conductas reclamadas en esta instancia constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito4, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las constancias certificadas allegadas por la responsable en cuestión al momento de rendir su informe con justificación, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 4 Visible en la página 391 del tomo XIV, del mes de Julio de 1994, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004. supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, al haber sido expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153) Por su parte, la diversa responsable Juez Octavo de lo Familiar en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante de encontrarse notificada para tal efecto desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se declara la presunción que se le atribuye, y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia Las causas de improcedencia son de orden público y se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional federal en el juicio de control constitucional, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se observa de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que han cesado los efectos, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Precepto que dispone la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". La improcedencia advertida se actualiza, ya que la conducta omisiva de las autoridades responsables, para diligenciar el exhorto que nos ocupa, ya fue subsanada, lo anterior, es así, ya que de las constancias que obran en autos, concretamente en el tomo de pruebas formado con motivo del informe justificado rendido por la autoridad local, se advierte que en auto de once de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente de origen, se tuvo por devuelto sin diligenciar el exhorto de fecha seis de junio de dos mil veintidós, ordenado en los proveídos de veinte y treinta de mayo de esa anualidad, a través del cual solicitó el auxilio para la emisión del oficio dirigido al Director de Pago de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que se diera cumplimiento a la diversa comunicación 5206 de quince de junio de dos mil dieciocho. En esas circunstancias, la omisión que dio origen a este juicio de amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, y con ello quedó satisfecha la prerrogativa tutelada por la norma constitucional que se consideró vulnerada; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, en términos de la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Erika Susana Rubio Emigdio, por propio derecho, contra las autoridades y por los actos destacados en considerando tercero, en términos de lo expuesto en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ante el secretario Carlos Adán Piza Cortez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable foránea Juez Octavo de lo Familiar de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y no se aprecia que haya sido notificado del oficio 33490/2022, de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual se le requirió. Por tanto, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído acuse recibo del oficio 33490/2022, por el que se le requirió dicho informe, vía telegráfica o incluso al correo electrónico a la dirección 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y en su caso informe la fecha en que recibió la comunicación oficial, si ya rindió su informe justificado, y el sentido en que lo hizo. Apercibido que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Por tanto, para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, para su verificativo
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, se encuentra programada para el día hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable foránea Juez Octavo de lo Familiar de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y no se aprecia que haya sido notificado del oficio 33490/2022, de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual se le requirió. Por tanto, para dar margen a ello, procede diferir la audiencia constitucional señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, para su verificativo. Notifíquese por lista a todas las partes, incluidas las responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Berenice de los Santos Mendoza, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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