ERIKA SUÁREZ CHAGOYA y Otros.
Expediente 1206/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ERIKA SUÁREZ CHAGOYA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que no acepto la competencia de dicho asunto por referir es de naturaleza meramente laboral, por las razones que expone; sin embargo, informa que declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien estimo competente para conocer de dicha demanda. En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo, promovida por ..... ; Profesional Operativa adscrita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, contra actos del Honorable Congreso de la Unión y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1206/2018. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, la peticionaria de amparo, reclama del Honorable Congreso de la Unión y otras autoridades, lo siguiente: 1.- La discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo del sistema general normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos, con especial énfasis en lo que respecta a juzgadores federales, que se articula sobre los siguientes ordenamientos generales: a) Artículos 75 y 127 Constitucionales. b) Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. d) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto a su artículo 65, fracción II. e) Código Penal Federal en sus artículos 217 bis y 217 ter. 2.- De manera destacada y para el caso de que su señoría no comparta la existencia del sistema general normativo, también se reclaman en lo general y lo particular, por ser autoaplicativas y en sí mismas inconstitucionales, la discusión, aprobación, publicación y refrendo de los siguientes ordenamientos: La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo general, y en lo particular los artículos 4, 5, 6, 217 bis y 217 ter. Los Artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal. La inminente aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, con disminución de la base tabular que determina las percepciones nominales del Presidente de la Republica de $259,000.00 (Doscientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.) a $108,000.00 (Ciento ocho mil pesos 00/100 m.n.), según lo anunciado por el Sr. Presidente de la República para el periodo 2018-2024 y su partido político. Sobre la inminencia de este acto se hace notar a su señoría que, en la interpretación más favorecida para la Cámara de Diputados, de los artículos 66, 74, fracción IV y 75 constitucionales, el Presupuesto de Egresos deberá estar aprobado en este año electoral, a más tardar el 31 de diciembre. Lo anterior, sin perjuicio de ampliar mi demanda de amparo en el momento en que se materialice la aprobación del Presupuesto de Egresos, por los vicios propios y adicionales de que pudieran adolecer las disposiciones presupuestales. 3.- Los efectos y consecuencias que se deriven de tales ordenamientos, como pudieran ser la disminución de mi percepciones, la retención de recursos presupuestales por las autoridades hacendarias, la privación de mi libertad personal, la afectación a la independencia judicial y al sistema de pesos y contrapesos que determina la division de poderes. Expuesto lo anterior y en el caso concreto, resulta evidente que los actos reclamados por la parte quejosa a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en la Ciudad de México, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional, ello atento a que como refiere la parte quejosa en su demanda de amparo, actualmente se encuentra desempeñando su cargo como Profesional Operativa, Rango D, adscrita a la Ponencia del Señor Ministro Eduardo Medina Mora I., por ende los efectos del acto reclamado tendrá ejecución en ese circuito judicial; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza; ello además, considerando que uno de los actos reclamados destacados, son los efectos y consecuencias que deriven de los ordenamientos tildados de inconstitucionales, que se traducen en la disminución de sus percepciones, así como la privación de su libertad personal. En ese sentido, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la ley de Amparo, en inconcuso que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por razón de territorio, ya que la misma se surte a favor del Juez de Distrito en materia Administrativa en turno en la Ciudad de México. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tienen ejecución los actos reclamados, esto es, en la Ciudad de México, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena remitir de inmediato este expediente junto con las copias de la demanda correspondientes, al Juez de Distrito en materia Administrativa en turno en la Ciudad de México, por conducto de su Oficina de Correspondencia, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles.
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