Erika Sandoval Romero

Expediente 241/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
241/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Erika Sandoval Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V - FIRME DESECHAMIENTO - SE ORDENA ARCHIVO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. SE PROCEDE A NOTIFICAR EL DE FECHA CATORCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, DE NUESTRO ÍNDICE, A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, "Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Agréguese a los autos el escrito firmado por .. mediante el cual, desahoga la prevención realizada en auto de seis de marzo del año en curso, atento a lo cual, se tiene a la peticionaria de amparo desahogando la prevención en los términos en los que le fue formulada, por tanto, este juzgado procede a proveer lo siguiente: Pronunciamiento en relación a la demanda intentada Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte la parte quejosa acude a esta instancia constitucional en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Jonacatepec, Morelos. Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Legislatura del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados -Del Juez de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Jonacatepec, Morelos: a) El auto de admisión de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desestima la demanda en contra de uno de los demandados. b) el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. De las autoridades señaladas en el numeral dos y tres: c) La sanción, promulgación, discusión, dictamen, aprobación, expedición y publicación del último párrafo del artículo 271 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Por lo anterior, se provee lo siguiente: Desechamiento Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Ahora bien, en relación al acto reclamado consistente en el auto de admisión de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desestima la demanda en contra de uno de los demandados, dentro del expediente ... del registro del Juzgado de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro se lee: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Sin embargo, antes de analizar la causal de improcedencia que se advierte, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes citado, establece que para la presentación de las demandas de amparo, será de quince días, con excepción de aquellas que se reclamen normas generales o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. De lo antes expuesto, se obtiene que para efectos de la temporalidad de la presentación de la demanda de amparo en el presente asunto, el término será de quince días, ello, atendiendo al acto que se reclama en esta instancia constitucional, siendo este, como se precisó en párrafos que anteceden, el auto de admisión de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se desestima la demanda en contra de uno de los demandados. Sentado lo anterior, este juzgado federal se avoca a estudiar la causal de improcedencia que nos ocupa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso concreto .. reclama del Juez de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Jonacatepec, Morelos, el auto de admisión de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se desestima la demanda en contra de .. En ese sentido, en el escrito aclaratorio recibido el tres de marzo del año en curso, la parte quejosa bajo protesta decir verdad, manifestó que dicho auto admisorio le fue notificado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés; confesión expresa que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 195, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior origina que su demanda resulte extemporánea, pues debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, esto es, a partir del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 19 de la ley en consulta, pues el diecisiete de dicho mes y año, fue cuando la parte quejosa, manifestó que fue notificada de la determinación por la que se admitió a trámite su demanda, la cual fue registrada bajo el número ... del índice de la responsable. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 142 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos "Los términos Judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal o a través del Boletín Judicial", razón por la que, resulta evidente que las notificaciones surten sus efectos el mismo día de su práctica. Por tanto, si desde esa fecha, la promovente del amparo tuvo conocimiento del controvertido del que emanan los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional, se advierte que la peticionaria de amparo, estuvo en aptitud de promover la demanda de amparo, pues como se indicó en líneas que anteceden, fue notificada de dicha determinación, desde el diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Luego entonces, si la demanda de amparo fue presentada el día diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, resulta notoriamente extemporánea, pues el término que tuvo para interponerla transcurrió del dieciocho de enero al ocho de febrero ambos del año dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada del acto reclamado materia de pronunciamiento el día diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por ende, el acto reclamado debe tenerse por tácitamente consentido para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que constituya obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa refiera que en relación al acuerdo combatido haya solicitado su regularización por escrito presentado ante la autoridad responsable el diecinueve de enero de dos mil veintidós, ello en atención a lo establecido en el artículo 271 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que, si bien la quejosa refiere que se trata de una irregularidad por parte de la autoridad responsable, la falta de admisión del juicio familiar de origen en relación a uno de los demandados; empero, de la lectura de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló la peticionaria de amparo, se advierte que en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós-, la autoridad responsable, estableció que el juicio de origen únicamente se tramitaría en relación a ******************** y no así en relación a .. a quien se le reclamaba la entrega del menor involucrado en la contienda de origen, lo anterior pues, a decir de la quejosa, la autoridad responsable sostuvo que "Habiendo analizado los argumentos vertidos por la accionante, así como las documentales anexas al escrito de demanda, de las que se desprende que el niño de iniciales ... se encuentra viviendo al lado de su progenitor .... De ahí que en el proveído reclamado por la quejosa no existe una irregularidad como tal, sino que la autoridad responsable determinó, de acuerdo a su criterio jurisdiccional, la tramitación del juicio natural, solamente en relación a uno de los demandados y no así respecto a la diversa persona que señaló la parte quejosa en su demanda familiar. Lo anterior, revela que la petición formulada por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, ante la responsable, de forma alguna puede constituir instancia o suspender el plazo que tiene la parte quejosa para la presentación del juicio de amparo que nos ocupa, pues aquella solicitud no resulta necesaria u obligatoria, máxime que en el caso, se sostiene que el caso que nos ocupa no se surte la hipótesis prevista por el artículo 271 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata respecto al acto reclamado materia de análisis. Por otro lado, con relación al diverso acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, por el que se dio contestación a su escrito por el cual, solicita se modifique el auto admisorio, mismo que fue presentado ante la responsable el diecinueve de enero del año en curso Este juzgador estima, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En efecto, el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de garantías contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1. Que el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Que la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Que no resulte ser uno de los casos de excepción previstos en la fracción que nos ocupa. Luego entonces, se advierte con claridad que los actos reclamados provienen de una autoridad judicial, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, en el caso, fue emitido por el Juez de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Jonacatepec, Morelos, y en el caso la ley ordinaria tiene previsto un medio de defensa idóneo. Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte 1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consisten los actos reclamados y qué recurso o medio de impugnación por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados. En el caso en concreto, tenemos que la parte peticionaria de amparo, en esencia, -entre otras cosas- reclama el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; dictado en el juicio relativo a la controversia del orden familiar sobre guarda, custodia y alimentos definitivos, del menor de edad de iniciales ... en el que la autoridad responsable dio contestación a su escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, refiriendo al efecto que la inadmisión del juicio de origen por cuanto hace a ... resultaba acorde a derecho en atención a que en suplencia de la deficiencia de las pretensiones de las partes estimo procedente únicamente iniciar el juicio familiar de origen respecto al diverso demandado. En ese orden de ideas, el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, vigente, en su dispositivo 566, establece: "PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso." En razón de lo anterior, resulta obvio que la parte peticionaria de amparo debió hacer valer el medio de impugnación correspondiente antes de acudir a esta instancia constitucional, sirve de sustento a lo antes manifestado por identidad jurídica, el criterio jurisprudencial I.6o.C.J/37, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2002, tomo XV, página 902, cuyo rubro estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así las cosas, es contundente que la parte promovente debe agotar el recurso previsto en la legislación secundaria, antes aludido, a través del cual puede hace valer las violaciones al procedimiento y así obtener la revocación o nulificación del acto impugnado. Así, en los juicios que se traten de actos de imposible reparación no generan, per se una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, como acontece en el caso, pues en contra del auto dictado el veinticuatro de enero del año en curso, emitido en el juicio del que emana el acto reclamado procede el recurso de revocación, como ya se analizó. Al respecto, es aplicable a lo anterior por similitud jurídica y en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10a) Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta diciembre de 2013, tomo I, libro 1, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. De ahí que, al no haber observado el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del numeral 113 de la legislación en cita, máxime que el acto combatido no encuadra en ninguna de las excepciones que se establecen por la fracción normativa que contempla la causal de improcedencia de que se trata. En otro aspecto, respecto al último acto reclamado consistente en la sanción, promulgación, discusión, dictamen, aprobación, expedición y publicación del último párrafo del artículo 271 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que se estima que el acto reclamado no causa un perjuicio directo e inmediato en la esfera jurídica de los impetrante de garantías, puesto que para que un acto de autoridad pueda ser reclamado mediante el juicio de amparo, debe producirse una afectación real y actual a su esfera jurídica y, sólo es hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de iniciar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada mediante la instauración del juicio de garantías, pero de ninguna forma, como acontece en la especie, el juicio de amparo es procedente antes de que se presente dicha afectación. Por tanto, resulta inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda no ha surgido el derecho al ejercicio constitucional del amparo, puesto que como quedó establecido, se requiere de la certeza y afectación actual del acto en la esfera jurídica de los gobernados, lo que en la técnica del juicio de amparo se conoce como el principio de agravio personal y directo, que encuentra su fundamento en la parte inicial del precepto 6 de la Ley de Amparo, que como se evidencia en el caso, no se actualiza al no existir un acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional. En efecto, la parte quejosa señala, impugna la norma derivado a que el citado texto normativo señala que no existe medio de impugnación recurrida ante el auto que admite la demanda, sin embargo, del desahogo de la prevención formulada por este órgano jurisdiccional se advierte que la parte quejosa manifestó que dicha porción normativa que pretende reclamar en esta instancia constitucional no le ha sido aplicada, lo cual, resulta relevante para la tramitación de la presente instancia constitucional, ya que para que la misma sea procedente se necesita un agravio personal y directo que sea causado por dicha norma general, lo cual en la especie no acontece, por tanto no se advierte el menoscabo de manera real y actual del derecho de la peticionaria; por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, en sentido contrario. Lo anterior es así, ya que en la Ley de Amparo, en sus artículos 6 y 61, fracción XII, se obtiene de una interpretación armónica y sistemática, que para la procedencia del juicio de garantías se requiere, como presupuesto indispensable, que los peticionarios de amparo acrediten el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, actual y real para que se encuentren debidamente facultados para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Sin embargo, en el caso, se estima que no se demuestra a la luz de las manifestaciones de la demanda, y de los diversos escritos aclaratorios, el acto concreto de aplicación de la norma puesto que como ya se mencionó, la parte quejosa refiere que lo impugna ante lo citado en el texto normativo respecto a que no existe medio de impugnación recurrida ante el auto que admite la demanda, mismo que se reitera no puede constituir un acto de aplicación de la norma. De ahí que, se estime que no se acredita de manera ineludible la existencia de un acto que provoque una afectación real ni actual a la esfera jurídica de la quejosa, máxime que en su escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la misma corrobora que no existe un acto de aplicación de dicha norma, por tanto su contenido no ha incidido en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, pues para ello resulta necesario que la quejosa hubiera pretendido promover algún medio de impugnación en contra del auto que admitió el juicio del que derivan los diversos actos reclamados y la autoridad responsable en observancia a la norma que se pretende reclamar desechara el mismo ante la irrecurribilidad señalada. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho humano violado, circunstancia que en la especie no acontece, pues como lo refiere la quejosa en su escrito aclaratorio, no existe acto alguno a través del cual, alguna autoridad haya aplicado el precepto normativo tildado inconstitucional en el presente asunto. De ahí que se estime que no exista afectación por parte de las autoridades responsables que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de restituir a una condición previa que permita a la peticionaria de amparo el goce y disfrute de sus derechos humanos. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En consecuencia, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, respecto del acto que se ha precisado; en las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia explicada en los términos precisados, se desecha la demanda de amparo de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia, respecto a la norma que se pretende reclamar en la presente instancia constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ***, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada por este juzgado federal en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Al respecto, indíquese a la promovente que no ha lugar a tener por subsanada la prevención formulada en el auto precisado en párrafo anterior, en razón de en el referido auto de prevención en su punto segundo, se le requirió para el efecto de que precisara cual era el acto concreto de aplicación de la norma que impugnaba de inconstitucional, sin que haya atendido dicho punto. Lo anterior se afirma así, pues de las manifestaciones realizadas en su escrito aclaratorio se aprecia lo siguiente: ". el acto de aplicación de la porción normativa que hoy se impugna, lo constituye la prohibición de interponer algún recurso ordinario cuando la demanda ha sido admitida, aun y cuando no fueron satisfechas todas las peticiones y pretensiones hechas valer en la demanda de origen." Razón por la cual, no se tiene por cumplido el requerimiento efectuado en el referido auto, al no precisar cuál es el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional. En ese sentido, se precisa a la promovente que a fin de dar cumplimiento a la prevención formulada por este juzgado federal, deberá el acto en donde se le haya aplicado la norma que impugna de inconstitucional, esto es, deberá señalar el acuerdo o resolución judicial en donde las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el artículo 271 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; o bien señalar, que respecto a dicha norma no existe una acto concreto de aplicación. Subsiste la prevención formulada Ante tal circunstancia, subsiste la prevención formulada por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, indicándole a la peticionaria de amparo que el plazo otorgado para tal efecto, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia de que cuenta con dos días hábiles, para que de cumplimiento a la prevención antes aludida. Sirve de sustento a lo antes manifestado, la tesis 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Así como lo establecido en el criterio III.2o.A.38 K, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, tomo XXI, abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Apercibimiento En la inteligencia de que sigue subsistente el apercibimiento decretado en el auto de mérito. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V- PARTE QUEJOSA PRETENDE SUBSANAR - NO HA LUGAR, SUBSISTE PREVENCION ", para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ***, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada por este juzgado federal en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Al respecto, indíquese a la promovente que no ha lugar a tener por subsanada la prevención formulada en el auto precisado en párrafo anterior, en razón de en el referido auto de prevención en su punto segundo, se le requirió para el efecto de que precisara cual era el acto concreto de aplicación de la norma que impugnaba de inconstitucional, sin que haya atendido dicho punto. Lo anterior se afirma así, pues de las manifestaciones realizadas en su escrito aclaratorio se aprecia lo siguiente: ". el acto de aplicación de la porción normativa que hoy se impugna, lo constituye la prohibición de interponer algún recurso ordinario cuando la demanda ha sido admitida, aun y cuando no fueron satisfechas todas las peticiones y pretensiones hechas valer en la demanda de origen." Razón por la cual, no se tiene por cumplido el requerimiento efectuado en el referido auto, al no precisar cuál es el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional. En ese sentido, se precisa a la promovente que a fin de dar cumplimiento a la prevención formulada por este juzgado federal, deberá el acto en donde se le haya aplicado la norma que impugna de inconstitucional, esto es, deberá señalar el acuerdo o resolución judicial en donde las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el artículo 271 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; o bien señalar, que respecto a dicha norma no existe una acto concreto de aplicación. Subsiste la prevención formulada Ante tal circunstancia, subsiste la prevención formulada por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, indicándole a la peticionaria de amparo que el plazo otorgado para tal efecto, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia de que cuenta con dos días hábiles, para que de cumplimiento a la prevención antes aludida. Sirve de sustento a lo antes manifestado, la tesis 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Así como lo establecido en el criterio III.2o.A.38 K, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, tomo XXI, abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Apercibimiento En la inteligencia de que sigue subsistente el apercibimiento decretado en el auto de mérito. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V- PARTE QUEJOSA PRETENDE SUBSANAR - NO HA LUGAR, SUBSISTE PREVENCION ", para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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