Erika Sánchez Muñoz

Expediente 787/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
787/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Erika Sánchez Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado la copia certificada constante de un tomo del duplicado del juicio de divorcio incausado 637-2/2017, enviado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, con motivo de la incompetencia decretada en auto de cinco de septiembre del año en curso, en el amparo directo civil 312/2018 y que a su vez remitió el Juez responsable, como apoyo a su informe justificado, en obvio de mayores dilaciones devuélvase a este último, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria de cinco de septiembre del año en curso, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo civil 312/2018, promovido por Erika Sánchez Muñoz, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 787/2018, y fórmese expediente. COMPETENCIA. Este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; infórmese esta decisión al Magistrado Presidente del citado Tribunal Colegiado; y, con fundamento en el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaran nulas las actuaciones con motivo del cambio de vía directa a indirecta. IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la ejecutoria de mérito en relación con las constancias remitidas por el Juez responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de divorcio incausado 637-2/2017, únicamente en la parte en la que se determinó de manera provisional lo relativo a la guarda y custodia del menor Ángel Gabriel Diego Sánchez. Ahora bien, en relación al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" A efecto de corroborar lo anterior, conviene precisar que en sesión de veintidós de agosto de dos mil doce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 63/2011, en donde abordó como tema "la posibilidad de impugnar o no, las resoluciones o determinaciones dictadas en el curso del procedimiento del divorcio sin expresión de causa, concretamente, las que se emiten antes de que éste se decrete", estudio que realizó con base en la legislación del Distrito Federal, pero que por su semejanza con la del Estado de Guerrero, en lo esencial se cita como sigue: "Así, en concordancia con lo anterior, en el Título Décimo Segundo, Capítulo I, denominado "De las revocaciones y apelaciones" del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se adicionó el artículo 685 Bis, el cual establece: Artículo 685 Bis. Únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados; la que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable. De lo dispuesto en dicho precepto y atendiendo a la finalidad perseguida por el legislador a través de la introducción del juicio de divorcio sin expresión de causa, se puede afirmar que el artículo reproducido constituye una norma especialmente diseñada en materia de impugnación para el procedimiento de divorcio mencionado, por lo que atendiendo al principio de especialización de la norma, ésta resulta determinante a fin de establecer si las resoluciones emitidas por el juzgador en el juicio de divorcio, concretamente las que se dictan antes de que éste se decrete, son o no susceptibles de recurrirse. Así, aunque en términos de la disposición que se comenta, el auto definitivo o la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, de la redacción de ese precepto no se advierte si las determinaciones o resoluciones recaídas en el juicio de divorcio sin expresión de causa, concretamente las que se emiten antes de que este se decrete, son o no susceptibles de impugnarse; no obstante, si se atiende a las razones y a la finalidad de la reforma por virtud de la cual se introdujo el divorcio sin expresión de causa, se puede concluir que a pesar de que en dicho numeral no se estableció expresamente la procedencia de algún recurso, ello por sí solo, no implica que tales determinaciones no sean susceptibles de impugnación. Se estima de esa manera, porque de la exposición de motivos antes reproducida, se advierte que si bien la finalidad de la reforma que introdujo el divorcio sin expresión de causa en el Distrito Federal, fue privilegiar la voluntad del cónyuge que lo solicita, a fin de evitar que el enfrentamiento continuo entre los consortes erosione mayormente el núcleo familiar, también lo es que atendiendo a esa finalidad, al hacer referencia de los posibles medios de impugnación, el legislador únicamente consideró que el recurso de apelación era improcedente en contra de la resolución que declara el divorcio, lo que resulta lógico y congruente con el motivo de la reforma; sin embargo, en la misma exposición de motivos no se advierte que exista alguna imposibilidad o impedimento para recurrir la resolución que niega esa determinación o cualquiera que se emita antes de decretarse el divorcio; de ahí que sea el caso de acudir a lo previsto en el artículo 691 último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que dispone que los asuntos de cuantía indeterminada (como es el caso del divorcio) siempre serán apelables, consolidado esto con el contenido del artículo 685 Bis del mismo ordenamiento legal que no establece alguna limitante para que esas resoluciones sean impugnables; por ello, tanto la determinación que niega la pretensión del divorcio, como aquellas resoluciones que se emitan antes que éste se decrete podrán ser impugnadas a través de los recursos ordinarios procedentes. En efecto, no se advierte que haya sido la intención del legislador que tales determinaciones sean irrecurribles; por el contrario, en la exposición de motivos expresamente se consideró como recurribles, aquellas relacionadas con la distribución de los bienes comunes, de pago indemnizatorio, alimentos, guarda y custodia, convivencias, daño moral, etcétera. En ese orden de ideas, si el legislador expresamente consideró la posibilidad de impugnar esas determinaciones, válidamente se puede concluir que las resoluciones o determinaciones emitidas en el juicio de divorcio sin expresión de causa, concretamente las que se dictan antes de que éste se decrete, sí pueden ser recurridas, pues como ya se ha dicho en líneas anteriores, aun cuando el artículo 685 Bis del ordenamiento legal citado, señala que "únicamente" podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto del o los convenios presentados, no debe perderse de vista que el numeral 79 del propio ordenamiento les atribuye el carácter de resolución a los autos, decretos y sentencia; por tanto, como el primero de los preceptos citados no distingue entre el tipo de resoluciones que pueden impugnarse, y tampoco prohíbe la impugnación de actos emitidos durante el procedimiento sino más bien lo permite al expresar que las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentados son recurribles, debe concluirse que las diversas resoluciones que se emitan en el procedimiento son susceptibles de impugnación, además de que, el recurso para impugnar esas resoluciones dependerá del tipo de decisión que se pretenda combatir. Conclusión que se robustece, si se tiene en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, durante el desarrollo del juicio de divorcio sin expresión de causa se pueden dictar medidas provisionales "relacionadas con las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial", como son entre otras, las relativas a: Salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados; Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; Asegurar que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal; Ordenar la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes; Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado; Decidir cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar; Determinar que bienes deben permanecer en la vivienda familiar y cuáles los que se deberá llevar el otro cónyuge; y La guarda y custodia provisional de los hijos, y las modalidades del derecho de visita o convivencia de los hijos con sus padres. Ello es así, pues si se tiene en cuenta que dicho precepto expresamente dispone que "las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda" (que según lo analizado no es otra que la sentencia definitiva dictada después de que se decreta el divorcio sobre los aspectos en que no hubo acuerdo), se llega a la conclusión de que tales medidas y cualquier decisión tomada con relación a ellas, aun cuando no sean propiamente una medida provisional, pueden ser susceptibles de impugnación, pues como ya se analizó, no hay prohibición al respecto; además, de no permitirse la impugnación quedarían sin resolverse algunas determinaciones que si bien son accesorias al divorcio, por su materia resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas con menores, que pueden emitirse antes y después del divorcio, como son las relativas a la guarda y custodia y los alimentos, por lo que no se justificaría que quedaran sin análisis. Atendiendo a lo anterior, si tanto las medidas provisionales como cualquier otra determinación relacionada o no con ellas, deben subsistir hasta que se dicte la sentencia definitiva, entonces es dable concluir que sí pueden ser impugnadas durante la tramitación del juicio, porque si bien no pasa inadvertido que la reforma que introdujo el divorcio sin causa, busca hacer más rápido, dinámico y laxo el procedimiento relativo, esa celeridad, no debe interpretarse como una limitación al derecho que tienen las partes de impugnar las determinaciones que estimen contrarias a sus intereses, pues ese derecho sólo se puede limitar cuando la propia ley determina que son inimpugnables, lo que en el caso no acontece. Ello es así, pues la expresión 'únicamente' utilizada en el artículo 685 Bis del CPCDF, debe interpretarse en su contexto, ya que sólo va dirigida a enfatizar o exaltar la inapelabilidad de la resolución que declara el divorcio." Lo transcrito permite concluir que las demás resoluciones provisionales, diferentes al auto definitivo o sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial, son impugnables mediante el recurso ordinario que la ley señale al efecto. Ahora, el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, prevé lo siguiente: "Articulo 51. Impugnación de las sentencias. La sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse la resolución interlocutoria que recaiga en vía incidental respecto del o los convenios presentados." Dicho precepto debe interpretarse en relación con los diversos 28 y 33 del ordenamiento en cuestión, que son del tenor siguiente: "Artículo 28.- El cónyuge promovente deberá acompañar a su solicitud de divorcio, una propuesta de convenio que deberá contener los siguientes requisitos: I.- La designación del progenitor que tendrá la guarda y custodia de los hijos; II.- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento, en términos del artículo 404 del Código Civil del Estado de Guerrero. La obligación alimentaria se fijará en los términos del artículo 8 de la presente ley; III.- Designación del cónyuge que hará uso del domicilio conyugal y del menaje, o en su caso el domicilio en que radican en caso de no existir éste; IV.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta su liquidación, así como la forma de liquidarla. Para ese efecto se acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad conyugal, las capitulaciones matrimoniales y el proyecto de partición; V.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la indemnización a que se refiere el artículo 7º. Bis de la presente ley, salvo que se trate de bienes adquiridos a través de donaciones o herencias, éstos se sujetarán a las reglas propias previstas en el Código Civil del Estado. El Juez resolverá atendiendo las circunstancias especiales de cada caso; y VI.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos." "ARTÍCULO 33.- En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto al convenio señalado en el artículo 28 de esta Ley, y éste, no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano decretando el divorcio mediante sentencia. Caso contrario, el Juez en su sentencia que decrete el divorcio, dejará a salvo el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio, aplicándose las disposiciones que establece el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el Procedimiento Incidental." De la interpretación armónica de los numerales transcritos se obtiene que, al promover el juicio de divorcio, el cónyuge actor deberá proponer en el convenio respectivo quién tendrá la guarda y custodia de los hijos (si los hay), la manera en que habrá de cumplirse la obligación alimentaria, cómo administrar y liquidar la sociedad conyugal, y el derecho de visitas respecto de los hijos; que en caso de no existir acuerdo en los aspectos antes señalados, el juez decretará la disolución del matrimonio y reservará el derecho de los cónyuges para que los hagan valer vía incidental respecto de los temas sobre los que no existió acuerdo. Por tanto, la sentencia que decreta el divorcio es inapelable, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, pero no los temas relativos al matrimonio (alimentos, guarda y custodia, convivencia, patria potestad). Ahora, en el acto reclamado en el juicio de amparo, se decretó la guardia y custodia provisional del menor y determinó que ambos padres continúen ejerciendo la patria potestad, en los términos siguientes: (.) "RESUELVE: PRIMERO. SERGIO DIEGO VÁZQUEZ acreditó los elementos de la acción de divorcio incausado, la demandada no asistió a la audiencia previa y de conciliación, en consecuencia, SEGUNO. Se declara disuelto tanto el vínculo matrimonial que une a SERGIO DIEGO VÁZQUEZ Y ERIKA SÁNCHEZ MUÑOZ, como el régimen de sociedad conyugal bajo el cual lo realizaron, y como los divorciados no se ponen de acuerdo en cómo liquidarla, queda reservada para el incidente que promuevan, donde deberán acreditar la existencia y propiedad de los bienes adquiridos durante la vigencia de su matrimonio. TERCERO. Se deja a los divorciados en aptitud de contraer nuevas nupcias, lo que podrá hacer una vez que cause ejecutoria la presente resolución. CUARTO. En su oportunidad, gírese oficio al Encargado del Registro Civil donde contrajeron matrimonio las partes y al Coordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de este fallo. QUINTO. La patria potestad del menor ÁNGEL GABRIEL DIEGO SÁNCHEZ, seguirá siendo ejercida por ambos padres, su custodia de manera provisional queda a cargo de la madre ERIKA SÁNCHEZ MUÑOZ, y la convivencia entre el progenitor y dicho adolescente, se llevará en forma provisional en los términos precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEXTO. Respecto a los alimentos del menor ÁNGEL GABRIEL DIEGO SÁNCHEZ, por ser materia de un juicio diverso, estarán a lo que ahí se resuelva. SEPTIMO. El menor ÁNGEL GABRIEL DIEGO SÁNCHEZ, no podrá salir de la Ciudad, Estado o País, sin autorización de ambos padres o bien con autorización judicial. OCTAVO. Una vez publicada la presente sentencia y notificada personalmente a las partes, causará estado solo por cuanto hace a la disolución del vínculo matrimonial. Como se advierte en la sentencia reclamada, entre otras cuestiones, se declaró la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre Sergio Diego Vázquez y Erika Sánchez Muñoz, además de que se decretó de manera provisional guarda y custodia del menor Ángel Gabriel Diego Sánchez, así como la convivencia de el con su padre. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, dadas las razones de la información, la tesis PC.XXI. J/5 C (10a.), emitida por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con registro 2010515, que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." Entonces, si el Juez decretó la guarda y custodia y convivencia provisionales, la quejosa debió apelar la resolución reclamada en términos de los preceptos 375 y los diversos 384 al 398 de la ley adjetiva civil del Estado de Guerrero. En efecto, si en la especie, la ley ordinaria establece la apelación para impugnar las resoluciones provisionales que resuelvan los aspectos sobre los que no existió acuerdo en el juicio de divorcio sin expresión de causa, el amparo es improcedente, pues debió agotarse dicha vía antes de acudir a la instancia constitucional. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 120/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 709, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2003036, de rubro y texto: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES. De la interpretación del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe entenderse que el término "resoluciones" engloba a los decretos, autos y sentencias previstos por el artículo 79 del mismo código, por lo que si dichas determinaciones constituyen resoluciones, y el artículo citado en primer término no distingue entre el tipo de resoluciones que pueden impugnarse, y tampoco prohíbe la impugnación de los actos emitidos después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, sino más bien lo permite expresamente al establecer que "las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentados" son recurribles, debe concluirse que el artículo citado en primer término permite expresamente la impugnación de las diversas resoluciones que se emitan después de decretada la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa. Lo anterior es compatible con lo señalado en la exposición de motivos correspondiente, en cuanto el legislador da un tratamiento distinto a la disolución del vínculo matrimonial y a la determinación de las obligaciones que subsisten a la terminación de dicho vínculo, dado que sostuvo que simplificar el proceso de divorcio "permitiría poner más énfasis en los demás puntos controvertidos"; se pronunció expresamente en cuanto a la procedencia del recurso de apelación para impugnar las cuestiones materia de los convenios y manifestó que uno de los objetivos de la reforma era que "los justiciables encuentren en la autoridad un instrumento idóneo para dirimir sus conflictos". No debe pasarse por alto que las cuestiones inherentes al matrimonio objeto de los convenios constituyen prestaciones principales de la demanda, y que por lo tanto, la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquella que resuelve en forma definitiva todas esas cuestiones y, por lo tanto, las resoluciones que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial deben ser recurribles; de otra manera el procedimiento previsto para dirimir dichas controversias no podría ser un instrumento idóneo, pues se privaría a las partes de la posibilidad de inconformarse con las resoluciones. Además, de no permitirse la impugnación de cualquier auto o resolución que ponga fin a una controversia sin decidir el fondo de la misma, podrían quedar sin resolverse ciertas determinaciones que por su materia resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas con menores y alimentos. En conclusión, si la sentencia que resuelve todas las prestaciones contenidas en la demanda y contestación constituye la sentencia definitiva, porque resuelve en su totalidad lo relativo a las obligaciones que subsisten a la disolución del vínculo matrimonial, en términos del primer párrafo del artículo 685, y del segundo párrafo del artículo 691, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." Por tanto, aun cuando el acto reclamado sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, está acción es factible una vez que se haya agotado el recurso de apelación respectivo, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial, o en la contienda esté involucrado un menor de edad; esto de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 350, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." También es aplicable la jurisprudencia 11/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y textos siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, si bien se encuentran involucrados los derechos del menor de edad Ángel Gabriel Diego Sánchez; estos no se ven disminuidos de manera alguna, al contrario, el mecanismo procesal puesto al alcance de las partes a través del incidente respectivo es el óptimo para definir en su justa medida lo relativo a la custodia definitiva del menor de edad. Igual criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 52/2018 derivado del juicio de amparo indirecto 725/2017 del índice de este Juzgado, lo que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y constancias remitidas poir el Juez responsable e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tampico, número 80, colonia florida, en esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Víctor Pablo Bautista y Emilio Garay López, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Manuel García Cruz, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TOMO DE PRUEBAS. Por otra parte, con las actuaciones remitidas, fórmese por separado el tomo I de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional, mismos que quedan a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente....."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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