Erika Rubí Montes Jiménez

Expediente 416/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
416/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Erika Rubí Montes Jiménez y Otros.
  • Erika Rubí Montes Jiménez
  • Fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el nueve de junio de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, toda vez que en este asunto se concedió la suspensión de plano, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso a) (Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 416/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Erika Rubí Montes Jiménez, por sí y en representación de su hija menor de edad de nombre con iniciales S.D.R.M. de quien se omite su nombre completo en atención al Protocolo de Actuación para quienes impartes justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad que se describen a continuación; Autoridades responsables: Fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género Lic. Alba Lidia Aquino Rodríguez, a cargo de la carpeta de investigación 14745/FEADM/UDNA/2023 cuya denominación correcta es Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Actos reclamados: La privación ilegal de la libertad. Actos de tortura. incomunicación de la menor con iniciales S.D.R.M. Menor de edad que la promovente del amparo refirió que se encontraba en las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, desde el veintisiete de abril de este año y que hasta ese momento (presentación de la demanda) seguía en dicho lugar, en condiciones no aptas para los niños menores. Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 15, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en ; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro del territorio en el que este juzgado federal ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La privación ilegal dela libertad. Actos de tortura incomunicación de la menor con iniciales S.D.R.M. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ello se considera así, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado el dos de mayo actual, en esencia, las dos autoridades señaladas como responsables, coincidieron al negar que se hubieran realizado en perjuicio de la menor, actos de tortura e incomunicación, o cualquiera otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la emisión de las medidas necesarias y eficaces para la protección de la niña que garantizaran su restitución al cuidado de quien legalmente ejerciera la guarda y custodia, sin dejar de ponderar y cerciorarse que ese derecho no causara daño en su integridad física y emocional, sostuvieron - también en forma similar- que desde el veintisiete de abril último, fecha en que la citada menor fue presentada ante la autoridad ministerial, a fin de garantizar sus derechos y evitar cualquier acto que atentara contra su integridad física y psicoemocional, la representación social dictó a favor de las víctimas Erika Rubí Montes Jiménez y su menor hija con nombre de iniciales S.D.R.M., la medida de protección prevista en el artículo 137, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales consistente en el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, para garantizar la integridad física y psicoemocional, incluso, en atención a lo manifestado por Erika Rubí Montes Jiménez, quien refirió que sentía temor de ser agredida por familiares de las personas imputadas que fueron puestas a disposición de la representación social, quienes el veintisiete de abril actual la agredieron física y verbalmente, aunado a que, de los antecedentes recabados por la autoridad ministerial, advirtieron un litigio familiar sobre la guarda y custodia de la niña víctima, por tanto, no se podía determinar la entrega de ésta a uno de sus progenitores ni ingresarla a un Centro de Asistencia Social del Sistema DIF Estatal, pues ello atentaría contra su desarrollo integral; por ese motivo, y atendiendo a que la niña mostró afinidad y afecto hacia su progenitora, la representación social estimó que ambas fueran ingresadas y resguardadas, garantizando así el derecho de la niña víctima como el de su progenitora, sin que en momento alguno la niña hubiera estado sola e incomunicada, menos sometida a actos de tortura, sino en todo momento la progenitora permaneció en compañía de la niña víctima, sin que alguna de las mencionadas haya estado incomunicada o sometida a actos de tortura como se refirió en la demanda constitucional, ya que desde su presentación ante la Fiscalía, se le proporcionaron los servicios integrales con los que cuenta el Centro de Justicia para las Mujeres dependiente de la Fiscalía General del Estado. También coincidieron ambas autoridades al manifestar, que el veintinueve de abril de dos mil veintitrés, la quejosa Erika Rubí Montes Jiménez y la niña de iniciales S.D.R.M. egresaron de manera voluntaria del albergue del Centro de Justicia para las Mujeres dependiente de la Fiscalía General del Estado; y para corroborar su dicho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, adjuntó a su informe copia certificada: de la diligencia en que hizo constar que el veintisiete de abril de este año, Erika Rubí Montes Jiménez y la niña de iniciales S.D.R.M. ingresaron al albergue con el que cuenta el Centro de Justicia para las Mujeres dependiente de la Fiscalía General del Estado. En proveído de la misma data, la citada Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, emitió la medida de protección prevista en el artículo 137, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de la quejosa y su menor hija, por lo que ordenó su ingreso al albergue temporal con el que cuenta la Fiscalía General del Estado a través del Centro de Justicia para las Mujeres. De la constancia de veintinueve del mismo mes de abril de este año, se asentó la entrega de la menor de edad con nombre de iniciales S.D.R.M., a su progenitora Erika Rubí Montes Jiménez, retirándose ambas de esa oficina ministerial, advirtiendo a la quejosa de las obligaciones que contraía, como cuidar y atender a la menor, así como protegerla contra toda forma de abuso, entre otras obligaciones, incluso, que debía presentarla ante dicha autoridad o cualquiera otra que se lo requiriera, y que no podía abandonar la ciudad, hasta en tanto se resolviera lo procedente dentro de la carpeta de investigación 14745/FEADM/UDNA/2023, asentándose en dicha constancia tanto la firma de las representantes sociales, como de Erika Rubí Montes Jiménez. Sin que se emita mayor pronunciamiento en torno a las cuestiones inherentes a la guarda y custodia de la mencionada menor que alega la parte quejosa en su demanda, toda vez que dicho tópico no fue materia en el presente juicio de amparo. A mayor abundamiento, de una interpretación correlacionada que se realiza de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgado. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 368, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o inexistencia del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe puntualizar que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas, a pesar de haber sido integrados antes de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos, respectivamente, de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del Decreto por el cual, entre otras disposiciones, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 416/2023 promovido por Erika Rubí Montes Jiménez por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales S. D. R. M. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta que suscribe el tercero interesado ********************; en atención a su contenido y toda vez que solicita se autoricen los usuarios proporcionados para consultar el expediente electrónico, promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio, así como para recibir notificaciones electrónicas; al respecto se provee: Vista la certificación de cuenta, se advierte que solo el usuario********************" es válido y se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por consiguiente, se autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. En el entendido, que toda vez que el citado usuario corresponde al profesionista ********************, autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, como lo refiere el promovente, podrá presentar promociones electrónicamente a través del aludido portal. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte tercera interesada por vía electrónica, con los nombres de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía - electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a la parte promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito que firma electrónicamente ********************, asesora jurídica federal, en su carácter de representante especial de la menor de identidad reservada con iniciales ********************; en atención a su contenido, se acuerda: Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Así como por autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Acceso al expediente electrónico. Respecto al usuario ******************** que proporciona no ha lugar a decretar mayor providencia, toda vez que en auto de veintitrés de mayo actual, se acordó favorable esa petición. En relación a la autorización que solicita, para acceder al expediente electrónico, a través del diverso nombre de usuario ********************; por consiguiente, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto. Así también, téngasele proporcionando el correo electrónico y el número de teléfono señalados, únicamente para contacto con el presente órgano jurisdiccional en casos necesarios, no así para recibir notificaciones, toda vez que dicha vía no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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