ERIKA ROXANA AYALA ZAMORA y Otros.
Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ERIKA ROXANA AYALA ZAMORA y Otros.
- Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos
- Erika Roxana Ayala Zamora
- MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO CASTRO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Determinación causa estado. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se determina que el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, ha adquirido firmeza procesal. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general. Se requiere a la parte quejosa para que acuda ante este Juzgado a recoger los documentos originales que haya exhibido en este juicio de amparo, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente.
- Principal
Autoridad informa de nueva cuenta inasistencia de parte quejosa. Agréguese a los autos el oficio remitido por el apoderado legal de la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de octubre pasado, informa que la parte quejosa no se presentó a la cita que le fue programada el doce de octubre de dos mil veintidós, para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, visto el estado procesal de autos, se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, por lo que hace a los menores de edad quejosos con iniciales H.M.P.C. y V.A.F., se actualiza la causal contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento del acto reclamado, ya sea de forma expresa, o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (tal como en el caso aconteció). El consentimiento al que se refiere el citado dispositivo se produce cuando, respecto del acto reclamado, la parte quejosa expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, que revelan indudablemente su conformidad con dicho acto, así como con sus consecuencias. Ahora bien, del estado de autos se advierte que proveídos de dieciocho y veintidós de agosto, así como de cinco de octubre, todos del año en curso, se requirió a la parte quejosa, a fin de que exhibiera la documental con la que acreditara la aplicación de las dosis de vacuna correspondientes, en virtud de que le habían sido señaladas varias fechas para la inoculación respectiva, por lo que se le apercibió que de no dar contestación a los mismos, dentro del plazo señalado, se le tendría por desinteresada en la continuación del presente juicio; acuerdos que fueron notificados el dieciocho y veintidós de agosto, así como el once de octubre, todos del año en curso. Requerimiento que tuvo sustento en virtud de que, en este tipo de asuntos, las autoridades responsables sanitarias siguen un procedimiento a fin de vacunar a los menores, el cual inicia con su valoración médica; enseguida, señalan fecha para la inoculación de la primera dosis del biológico; y, por último, transcurrido el periodo de tiempo necesario para la aplicación de la segunda dosis, señalan la fecha correspondiente. Procedimiento que requiere necesariamente la participación activa de la parte interesada, sin la cual no puede culminarse el mismo. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a dichos requerimientos, dentro del plazo concedido para tal efecto, motivo por el cual, se le tiene por desinteresada en la continuación del mismo, y con motivo de ello, en la prosecución del procedimiento de vacunación correspondiente. Así las cosas, se obtiene que, si bien la parte quejosa no consintió expresamente el acto que reclama, sí realizó manifestaciones que denotan su conformidad respecto de éste, al no participar de manera activa en el procedimiento de vacunación iniciado con motivo de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, y al no informar a este Juzgado de Distrito su interés de continuar con la tramitación de este procedimiento, ni exhibir las constancias de aplicación de la vacuna que le fueron solicitadas. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo registro digital es 2016215, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley en cita, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia por lo que hace a los menores de edad quejosos H.M.P.C. y V.A.F. Ahora bien, por lo que hace a la diversa quejosa menor de edad con iniciales A.R.P.A., se advierte que mediante oficio recibido el doce de septiembre pasado, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, remitió copia certificada de los comprobantes de vacunación relativos a la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech a dicha persona menor de edad, constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARSCov-2 (Covid 19) a la persona menor de edad quejosa A.R.P.A.; por tanto, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haberse acreditado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se le aplicaron a dicha persona menor de edad quejosa las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requiere para su protección contra el virus SARS-Cov2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme a la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es también que la misma dejó de existir el dos de agosto de dos mil veintidós, fecha en que se suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada, por lo que hace a dicha menor. Ello es así, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que hace a la menor de edad quejosa A.R.P.A. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Autoridad responsable informa. Agréguese a los autos el oficio remitido por el apoderado legal de la autoridad responsable secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual informa la data y hora señaladas para que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, a la parte quejosa. Se da vista a la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta se desprende que la parte quejosa debe presentarse a las ocho horas del doce de octubre del año en curso, en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a efecto de que le sea aplicada la vacuna correspondiente. Con copia del referido oficio, notifíquese personalmente a la parte quejosa para que tenga conocimiento de ello. Requerimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, para que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la cita en comento (doce de octubre de dos mil veintidós), sin previo requerimiento, informe lo conducente, remitiendo copias certificadas, completas y legibles de las constancias correspondientes, o bien, manifieste la imposibilidad para cumplir con ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Se instruye a fedatario público adscrito. Ahora bien, para el debido cumplimiento de lo antes acordado, tomando en consideración la proximidad de la fecha en la que deberá acudir la parte quejosa a su cita, se instruye al actuario adscrito para que de inmediato proceda a realizar las notificaciones correspondientes, así como a entablar comunicación vía telefónica y/o correo electrónico con la parte quejosa, a fin de hacerle del conocimiento lo determinado en este proveído, debiéndose asentar la razón correspondiente en autos.
- Principal
Se requiere a la parte quejosa. Visto el estado de autos, del que se advierte que no obra constancia de aplicación de la primera dosis de la vacuna pfizer-BioNtech al menor quejoso H.M.P.C., ni documental con la que se acredite que el diverso menor de edad quejoso V.A.F. haya sido inoculado con alguna de las dos dosis de la vacuna, siendo que constituye un hecho notorio que ya se iniciaron las jornadas de aplicación de las dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para niñas, niños y adolescentes de 5 a 11 años. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a los representantes de los menores de edad de iniciales H.M.P.C. y V.A.F. en los domicilios ubicados en calle Materialistas, número 236, colonia Hacienda Echeveste, y en calle Lago Evans, número 109, colonia Lagos del Campestre, ambos de esta ciudad, respectivamente, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se les haga de este proveído, manifiesten bajo protesta de decir verdad, si los referidos menores de edad quejosos fueron presentados a las campañas de vacunación abiertas ya programadas y, de ser el caso, exhiban las constancias con las que acrediten la aplicación de las dosis con las que hayan sido inoculados, al ser necesarias para la prosecución del presente juicio, Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo indicado en el párrafo que antecede, se les tendrá por desinteresados en la prosecución del presente juicio de amparo y se decretará el sobreseimiento en el mismo.
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