Erika Rosalba Baez Martínez
Expediente 809/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Erika Rosalba Baez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio J-III-2160/2018, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos de cinco de noviembre del año en curso, adjunta las copias certificadas que le fueron solicitadas en dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que adjuntó la autoridad de cuenta, relativas al juicio expediente laboral 3D-1400/2015 y su acumulado 3B-2885/2015, del que derivan los actos reclamados en el presente juicio, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, ERIKA ROSALBA BAEZ MARTÍNEZ, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, consistentes en: ".La Dilación procesal de la responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no proveer lo necesario para desahogar el medio de prueba ofrecido por la parte actora dentro del juicio ordinario laboral número 3D-1400/2015, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos establecidos, siendo este el acto reclamado que se le imputa a esta autoridad laboral, ya que, desde fecha 06 seis de noviembre de 2017, dos mil diecisiete, data en la cual fue girado a la Agencia del Ministerio Publico de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, oficio número 3D-2230/17RCCA, para el efecto de que rindiera copias certificadas respecto a la denuncia penal con número de carpeta de investigación N.U.C. 1003201638854, la cual fue presentada por la Moral BELCO STATE, S. DE R.L. DE C.V., instaurada en contra de la e. ERIKA ROSALBA BÁEZ MARTÍNEZ, sin que hasta la fecha esta diversa autoridad haya remitido lo solicitado por la autoridad federal, siendo el acto reclamado que se le imputa a esta autoridad responsable, la omisión de no remitir las copias certificadas por la autoridad laboral. Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables remitieron como complemento a sus informes de ley, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. En razón a que la Junta responsable, en auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, de oficio ordenó la acumulación del expediente laboral 3B-2885/2015, al 3B-1400/2015, este último de donde emanan los actos reclamados en este instancia constitucional, proveído en el que además tuvo por desahogada la prueba documental consistente en las copias certificadas de la carpeta de investigación 1003201638854, en razón a que dichas constancias ya obraban en el primero de los citados juicios laborales, por lo que ante la acumulación antes indicada, tuvo por desahogada, en el juicio de origen, la probanza que es materia de los actos reclamados en este juicio de amparo, y concedió a las partes en dicho controvertido el término de dos día hábiles para que formularan sus respectivos alegatos; de ahí que, surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) y b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y terceros interesados, el acuerdo de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio J-III-2160/2018, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos de cinco de noviembre del año en curso, adjunta las copias certificadas que le fueron solicitadas en dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que adjuntó la autoridad de cuenta, relativas al juicio expediente laboral 3D-1400/2015 y su acumulado 3B-2885/2015, del que derivan los actos reclamados en el presente juicio, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, ERIKA ROSALBA BAEZ MARTÍNEZ, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, consistentes en: ".La Dilación procesal de la responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no proveer lo necesario para desahogar el medio de prueba ofrecido por la parte actora dentro del juicio ordinario laboral número 3D-1400/2015, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos establecidos, siendo este el acto reclamado que se le imputa a esta autoridad laboral, ya que, desde fecha 06 seis de noviembre de 2017, dos mil diecisiete, data en la cual fue girado a la Agencia del Ministerio Publico de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, oficio número 3D-2230/17RCCA, para el efecto de que rindiera copias certificadas respecto a la denuncia penal con número de carpeta de investigación N.U.C. 1003201638854, la cual fue presentada por la Moral BELCO STATE, S. DE R.L. DE C.V., instaurada en contra de la e. ERIKA ROSALBA BÁEZ MARTÍNEZ, sin que hasta la fecha esta diversa autoridad haya remitido lo solicitado por la autoridad federal, siendo el acto reclamado que se le imputa a esta autoridad responsable, la omisión de no remitir las copias certificadas por la autoridad laboral. Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables remitieron como complemento a sus informes de ley, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. En razón a que la Junta responsable, en auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, de oficio ordenó la acumulación del expediente laboral 3B-2885/2015, al 3B-1400/2015, este último de donde emanan los actos reclamados en este instancia constitucional, proveído en el que además tuvo por desahogada la prueba documental consistente en las copias certificadas de la carpeta de investigación 1003201638854, en razón a que dichas constancias ya obraban en el primero de los citados juicios laborales, por lo que ante la acumulación antes indicada, tuvo por desahogada, en el juicio de origen, la probanza que es materia de los actos reclamados en este juicio de amparo, y concedió a las partes en dicho controvertido el término de dos día hábiles para que formularan sus respectivos alegatos; de ahí que, surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio J-III-2080/2018; signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga; asimismo, informa que dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, no existe diverso amparo promovido por la ahora quejosa o alguna otra persona. Finalmente, adjunta como complemento a su informe de ley copia certificada del expediente laboral 3D-1400/2015. NOTIFÍQUESE.
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