Erika Romero Espinosa
Expediente 1926/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1926/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Erika Romero Espinosa
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra pendiente de perfeccionar la prueba pericial en materia de grafoscopía, respecto del incidente de objeción ofrecido en autos; en consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la continuación de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1926/2023. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Erika Romero Espinosa, en contra de los actos del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad, se provee: Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese a las partes para que señalen números telefónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en el artículo 263, fracción II del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Se tienen como autorizados en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Joel Arrioja Morales por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Cruz José Antonio Altamirano Altamirano, al no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con número de registro 175204, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1188, Tomo XXII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA" Análisis de desechamiento Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado De la demanda de amparo se advierte Erika Romero Espinosa, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: El acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil veintitrés en el juicio ejecutivo mercantil 1315/2005 del índice del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual se tuvo a la parte actora designado perito valuador y se ordenó dar vista a la parte contraria -aquí quejoso- a efecto de que designe perito valuador de su parte con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se le tendrá por conforme con el avaluó que emita el perito de la parte actora. La notificación de acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil veintitrés en el juicio ejecutivo mercantil 1315/2005 del índice del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. Hecho notorio. En el caso concreto se estima necesario traer a colación los antecedentes del juicio de amparo indirecto 340/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, que se trae como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, del cual se advierte los antecedentes relevantes juicio ejecutivo mercantil 1315/2005 del incide del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, a saber: 1. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil cinco, la institución bancaria denominada "Banco Mercantil del Norte", sociedad anónima institución de banca múltiple grupo financiero Banorte, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas Óscar Huerta Juárez, demandó en la vía ejecutiva mercantil, a Pedro de Ita Munguía y Erika Romero Espinoza, el vencimiento anticipado del plazo pactado en el contrato de crédito con intereses y garantía hipotecaria que constaba en el instrumento público número cinco mil setecientos cuarenta y dos volumen número ciento setenta y dos de la Notaría Pública Numero Treinta y Cuatro de Puebla y el pago de diversas prestaciones I). 2. El siete de diciembre de dos mil cinco, la entonces Juez Décimo Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, radicó la demanda bajo el número 1315/2005, la admitió a trámite y ordenó que se llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento (fojas 136 y 137 del cuaderno auxiliar I). 3. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis ante el juez responsable, los demandados Pedro de Ita Munguía y Erika Romero Espinoza, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, opusieron excepciones y ofrecieron pruebas (fojas 149 a 242 del cuaderno auxiliar I). 4. En auto de nueve de mayo de dos mil quince, la juez responsable tuvo a los demandados Pedro de Ita Munguía y Erika Romero Espinoza, dando contestación a la demanda mérito (foja 148 del cuaderno auxiliar I). 5. Una vez seguida la secuela procesal, el diez de noviembre de dos mil diez, la juez responsable dictó sentencia en la que declaró por vencido el contrato base de la acción y condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 360 a 366 del cuaderno auxiliar I). 6. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diez ante la juez responsable, los demandados Pedro de Ita Munguía y Erika Romero Espinoza interpusieron recurso de apelación contra la sentencia indicada en el punto anterior (fojas 372 a 400 del cuaderno auxiliar I) 7. El veintiuno de junio de dos mil once, la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el recurso de apelación precisado en el punto que antecede en el toca 413/2011, de su índice, el cual confirmó la sentencia impugnada (fojas 420 a 440 del cuaderno auxiliar I). 8. Inconforme con lo anterior, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, el cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y lo radicado con el número D-448/2011, y mediante ejecutoria dictada en el mismo, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los demandados Pedro de Ita Munguía y Erika Romero Espinoza (foja 416 del cuaderno auxiliar I). 9. En proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince, la juez responsable ordenó el remate en primera almoneda del inmueble identificado como casa marcada con el número mil cuatrocientos treinta y uno de la calle Plazuela del Alto, de la colonia Plazas de Amalucan, Puebla, Puebla (fojas 574 y 575 del cuaderno auxiliar I). 10. Por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, la juez responsable nuevamente ordenó el remate en primera almoneda del inmueble identificado como casa marcada con el número mil cuatrocientos treinta y uno de la calle Plazuela del Alto, de la colonia Plazas de Amalucan (fojas 658 y 659 del cuaderno auxiliar I). En esta tesitura, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 1315/2005 del incide del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, procedimiento del que deriva el acto reclamado se encuentra en ejecución de sentencia. Causal de improcedencia respecto del acto reclamado identificado con el inciso a. En el caso, respecto del acto reclamado precisado identificado con el inciso a, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, esta última a contrario sentido, por las razones que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." De la lectura, del numeral transcrito se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido; y se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera que, para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencias, específicamente en el caso que se analiza, cuando se afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo. En el caso a estudio, se desprende que el acto reclamado antes citado, es ajeno a la hipótesis consistente a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que en el mismo, en forma alguna se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, se ordena el archivo definitivo del expediente; sino que únicamente el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, tuvo a la parte actora designado perito valuador y ordenó dar vista a la parte contraria -aquí quejoso- a efecto de que designe perito valuador de su parte con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se le tendrá por conforme con el avaluó que emita el perito de la parte actora. Por lo tanto, es claro que el procedimiento que se sigue en el juicio de origen, se encuentra encaminado a lograr el debido cumplimiento de la sentencia, sin que en forma alguna constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo que hace improcedente la tramitación del juicio de amparo en su contra; más aún que tal determinación en forma alguna afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte promovente. Sin que en el caso nos encontremos ante alguna excepción para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que la parte promovente no es tercera extraña al procedimiento, pues es parte formal y material en el juicio de origen y por otro lado se advierte que el acto combatido va encaminado al trámite de ejecución de sentencia. Por lo que dicho acto no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que de no cumplirse de forma material, se continuarán ejecutando diversas diligencias a efecto de lograr el cabal cumplimiento de lo resuelto, esto es, el citado acto constituye una resolución intermedia en contra de la cual es improcedente esta vía biinstancial. Lo anterior es así, dado que el acto reclamado del que se duele el impetrante, se encuentra comprendido dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el periodo ejecutivo; a saber aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En virtud de lo expuesto, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el aludido juicio de origen, es claro que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 196894 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. VIII/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 230 Tipo: Aislada RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Igualmente, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 163652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XIX.1o.P.T.3 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2982 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." Asimismo, sirve de apoyo la tesis "Registro digital: 199576 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XV.2o.9 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 420 Tipo: Aislada AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE SENTENCIA. QUE DEBE ENTENDERSE POR ULTIMA RESOLUCION, EN TERMINOS DEL ARTICULO 114, FRACCION III, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, ante la imposibilidad de establecer reglas claras y precisas que indiquen cuándo se está ante la "última resolución", dictada en la etapa ejecutiva, se debe de acudir a la Ley de Amparo, la que en su artículo 113, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en la que se haya concedido al agraviado la Protección Constitucional, o apareciere que ya no haya materia para la ejecución. De lo anterior, se autoriza a concluir que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que ya fue oído y vencido el demandado, y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de interés público. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues el presente criterio determina que esa actuación resulta básica para la promoción del amparo." Asimismo, la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 2011474 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066 Tipo: Jurisprudencia REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Causal de improcedencia respecto del acto reclamado identificado con el inciso b. Con relación al acto reclamado identificado con el inciso b, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal, con la única excepción de los terceros extraños al juicio y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia siguiere: "Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De la demanda de mamparo se advierte que Erika Romero Espinosa -aquí promovente- figuran como parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de demandada en el juicio ordinario mercantil 1315/2005 del índice del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla; por lo que está en aptitud de promover los medios de defensa que tiene a su alcance. Por tanto, la parte promovente, al ser parte dentro del procedimiento está legitimada para interponer los medios de defensa adecuados para combatir la falta de notificación que en esta vía impugna, efectuadas en el juicio de origen; puesto que puede impugnarse a través del incidente de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente u omitida. En efecto, resulta aplicable, en primer término, el Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente al Código de Comercio pues, el artículo 1054 del actual Código de Comercio señala: "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.." Por su parte, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es del tenor literal siguiente: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." En ese contexto contra el acto reclamado consistente en lanotificación de acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil veintitrés en el juicio ordinario mercantil 1315/2005 del índice del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado. Ello, ya que de acuerdo con el sistema jurídico procesal, cuando alguna actuación adolece de una violación de carácter formal, como es el indebido emplazamiento, la falta de notificación de una resolución judicial o bien la violación de las normas o formas en que éstas deben practicarse a las partes que litigan, su cuestionamiento es a través del incidente de nulidad de actuaciones y, de conformidad con las reglas que cada norma procesal establece. Se cita por ilustrativa la tesis siguiente: "Registro digital: 176916 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: IV.1o.C.52 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2430 Tipo: Aislada NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia." Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 180570 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/243 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1651 Tipo: Jurisprudencia NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Consecuentemente, previo al acudir al juicio de amparo, la parte promovente estaba obligada a combatir la falta de notificación reclamada, mediante el incidente de nulidad de notificaciones y así cumplir en el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Desechamiento En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII y XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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