Erika Ponce Lopez
Expediente 194/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Erika Ponce Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta de marzo del año en curso para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, mediante promoción presentada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; sin que a esta fecha hubiese realizado manifestación al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe decirse que mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable el Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1) Deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el oficio ********************, de veinticinco de febrero de dos mil veinte; 2) Emita un nuevo oficio, en el que se abstenga de aplicar los preceptos combatidos en la parte donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, institución que tiene como finalidad la perpetuación de la especie; y, de satisfacer los requisitos legales, conteste de manera favorable la petición de las quejosas consistente en que se unan en matrimonio con las formalidades que la ley establece." En ese sentido, en acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia dicta en el presente juicio causó ejecutoria y, se requirió a la autoridad responsable, Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, el cumplimiento a la sentencia amparadora. Mediante oficio******************** de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió el oficio con el mismo número dirigido a las aquí quejosas del que se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio ********************, de veinticinco de febrero de dos mil veinte; e, Hizo del conocimiento de las quejosas la posibilidad de realizar los trámites necesarios para la celebración del matrimonio, cumpliendo los requisitos de ley, para lo cual anexó los requisitos de ley que habrían de satisfacerse y la solicitud correspondiente, a efecto de programar el día y la hora para la realización del acto solemne. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS. Sí obran documentos exhibidos por la parte quejosa, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I inciso b), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c) del Acuerdo General en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se requiere a las autoridades para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Finalmente, téngase por recibido el oficio que signa el Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite anexo el oficio por el que requirió al Oficial del Registro Civil 01, Benito Juárez de esta ciudad, para cumplir el fallo protector; se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda en atención a lo señalado en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
...TERCERO. Inexistencia de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En esa tesitura se tiene que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, consistentes en la emisión y ejecución del oficio RCBJ-002/2020, de veinticinco de febrero de dos mil veinte, por medio del cual se les negó su solicitud de contraer matrimonio, ya que al rendir sus informes justificados negaron los actos que se les atribuyen. Luego, como los referidos actos son de naturaleza positiva y la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa planteada, se debe SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a esas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Máxime que de las constancias de autos no se advierte que las referidas autoridades hayan tenido participación alguna en los actos reclamados que resultaron existentes, lo cual robustece la negativa que realizó. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Guanajuato consistentes, en el ámbito de sus atribuciones en la expedición y promulgación, de los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; y, 72 del Reglamento del Registro Civil para el Estado de Guanajuato; toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 45 a 51 y 40 a 41, respectivamente), aunado al hecho de que las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, conforme al artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º, por lo que no es necesario probar su existencia, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que correspondan, para que la autoridad judicial esté obligada a analizarlos, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Sirven de fundamento las jurisprudencias 2a./J. 65/2000 y 2a./J. 169/2004, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." y, "LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA SÓLO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL." De igual forma es cierto el acto que se reclama al Titular de la Oficialía del Registro Civil número 01 de Irapuato, Guanajuato, consistente en la emisión del oficio RCBJ-002/2020, de veinticinco de febrero de dos mil veinte, por así haberlo manifestado al rendir su informe con justificación (fojas 24 a 26), lo que se corrobora con la exhibición de tal documento por parte de dicha autoridad, el cual goza de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables Congreso del Estado de Guanajuato y Titular de la Oficialía del Registro Civil número 01 de Irapuato, Guanajuato, sostienen que se actualiza la actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, no se actualizó en perjuicio de los quejosos. Lo anterior es infundado. A fin de estar en aptitud de estudiar la causa de improcedencia invocada por las responsables, es pertinente destacar que del contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo; una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. En la especie, la parte quejosa tilda de inconstitucional el 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación que se hace consistir en el oficio ***********, de veinticinco de febrero de dos mil veinte, emitido por la Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, a través del cual se negó la petición de los quejosos para contraer nupcias. El artículo precisado, se encuentra inmerso en el Título Quinto, denominado "Del Matrimonio", Capítulo I, del código sustantivo en mención, el cual es del tenor literal siguiente: "Art. 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta." Cabe destacar que dicho arábigo no se reclama de forma aislada sino en relación con el diverso 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato que dispone lo siguiente: "Artículo 72. El matrimonio es una Institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la ayuda mutua y la fundación de una familia." Sobre esa base, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, en el caso sí existe un acto concreto de aplicación del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, pues con base en éste y en el diverso numeral 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, se negó a los quejosos la posibilidad de contraer matrimonio; negativa que se encuentra inmersa en el oficio ***********, de veinticinco de febrero de dos mil veinte, emitido por el Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, acto y normas que, desde luego, generan un perjuicio a su esfera jurídica, en razón de que no obstante que su situación jurídica es análoga a la de las parejas heterosexuales, se les excluye de la posibilidad de contraer nupcias con base en una norma de observancia general. De ahí que, resulta infundada la causa de improcedencia invocada por la responsable. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir causa diversa de improcedencia propuesta por las partes y no advertirse alguna que deba estudiarse de oficio, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formulan los quejosos, mismos que se encuentran dentro de su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa argumenta, medularmente, que los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1º, y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al excluirlas de la institución matrimonial y derecho de formar una familia. El referido motivo de disenso resulta esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección constitucional, puesto que sobre el tópico que plantean, existe jurisprudencia vinculante para este juzgado y para la autoridad responsable, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tal y como se expone a continuación. En principio, es necesario tener presente el contenido de los artículos que se tildan de inconstitucionales, los cuales son los siguientes: "Código Civil para el Estado de Guanajuato Artículo 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta." "Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato. Artículo 72. El matrimonio es una Institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la ayuda mutua y la fundación de una familia." De los anteriores preceptos, se advierte que se define al matrimonio como la unión voluntaria de un hombre y una mujer, para compartir un estado de vida para la ayuda mutua y la fundación de una familia, teniendo como finalidad la perpetuación de la especie. Al respecto, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado específicamente sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, respecto de las legislaciones de Oaxaca, Sinaloa, Baja California y Colima; pero en virtud de tal análisis consideró que son inconstitucionales las leyes de cualquier Entidad Federativa que definan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o aquellas que consideren que la finalidad de la citada institución es la procreación. El anterior criterio quedó plasmado en las siguientes jurisprudencias: "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente". "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad". "LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Si bien los Congresos estatales poseen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México. El principio de igualdad y no discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La discriminación puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o resultado (directa o indirecta), o a través de la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas para responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación estructural. Además, la discriminación puede tener un efecto único en el tiempo o puede operar también de manera continuada. La mera vigencia de una ley puede discriminar directamente a una persona o grupo de personas, o bien, puede discriminar indirectamente debido a un impacto diferenciado". En dichas ejecutorias de las que derivan aquellas, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, determinó que las leyes de cualquier Entidad Federativa que definan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o aquellas que consideren que la finalidad de dicha institución es la procreación, son inconstitucionales, sustentando lo anterior, en los siguientes argumentos: 1) Que en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el Tribunal Pleno de la citada Suprema Corte sostuvo, a partir de una interpretación evolutiva del artículo 4º constitucional, que este precepto no alude a un "modelo de familia ideal" que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación, aclarando que la protección de la familia que ordena la Constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos. 2) En dicho precedente, el Pleno afirmó que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. Lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares, compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparental, compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas, que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y desde luego también familias homoparentales, conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. 3) Que los artículos de los Códigos Civiles Locales, que dispongan que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que su finalidad es la procreación, resultan inconstitucionales, al ser discriminatorios por no permitir el acceso a la institución matrimonial de forma igualitaria a las parejas heterosexuales y a las homosexuales. 4) Que el Tribunal Pleno de ese Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad número 2/2010, sostuvo que esa desvinculación entre matrimonio y procreación quedaba de manifiesto con una gran variedad de situaciones, por lo que concluyó que en la actualidad la institución matrimonial se sostiene primordialmente "en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común". 5) Por otro lado, la medida examinada es subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, que están situadas en condiciones similares a las parejas que sí están comprendidas en la definición. La distinción es discriminatoria, porque la orientación sexual no constituye un aspecto relevante, para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. 6) Que dichas normas son claramente discriminatorias, porque las relaciones que entablan las parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales; de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión de la institución del matrimonio, máxime que la distinción no está directamente conectada con la finalidad imperiosa que puede tener el matrimonio, desde el punto de vista constitucional. 7) Que el derecho a contraer nupcias no sólo conlleva el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes otorgan a la institución. 8) Que acceder al matrimonio comporta en realidad un derecho a otros derechos, pues los que otorga el matrimonio civil aumentan considerablemente la calidad de vida de las personas, debido a que en el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio, entre éstos destacan los siguientes: a) beneficios fiscales; b) beneficios de solidaridad; c) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; d) beneficios de propiedad; e) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y, f) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. 9) Que la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales. 10) Que son inconstitucionales los artículos que permiten que sólo contraigan matrimonio las parejas heterosexuales que tienen la finalidad de procrear, por contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al mismo. Lo expuesto, pone en evidencia que en las jurisprudencias 1a./J. 43/2015 (10a.), 1a./J. 45/2015 (10a.) y 1a./J. 46/2015 (10a.), se resolvió el planteamiento materia del presente juicio, ya que en éstas se definió que son inconstitucionales las normas locales que definan el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, así como aquellas que especifican que la finalidad de dicha unión es la procreación. Luego, dichos criterios son aplicables al caso concreto, en tanto que el artículo 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato define al matrimonio como la unión voluntaria de un hombre y una mujer; por su parte, el diverso 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, establece que la finalidad de dicha institución es la perpetuación de la especie. En consecuencia, los argumentos planteados por los quejosos son suficientes para conceder el amparo y protección que solicitan, ya que existen criterios de observancia obligatoria para este juzgado, que resuelven el tema de fondo propuesto en el motivo de disenso, situación que provoca que el estudio de dicha inconformidad resulte innecesario, ya que tal criterio al resultar obligatorio en su observancia y aplicación para este juzgado, lo constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en tales jurisprudencias; máxime que con la aplicación de las mismas se da respuesta en forma integral al tema planteado en el presente controvertido constitucional. En estas condiciones, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, procediendo, como se expuso, a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En el entendido que, el acto de aplicación de los preceptos legales referidos, ya no tiene sustento, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, el cual dispone que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. SÉPTIMO. Efectos del amparo (vicios de fondo). En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a las quejosas Priscila Guadalupe Negrete Ponce y Erika Ponce López, para el efecto de que no se les aplique, en el presente ni en el futuro, los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, en el apartado donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer y que el mismo tiene como finalidad la perpetuación de la especie; así como para que la Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el ***********, de veinticinco de febrero de dos mil veinte; 2) Emita un nuevo oficio, en el que se abstenga de aplicar los preceptos combatidos en la parte donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, institución que tiene como finalidad la perpetuación de la especie; y, de satisfacer los requisitos legales, conteste de manera favorable la petición de las quejosas consistente en que se unan en matrimonio con las formalidades que la ley establece. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, respecto a las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Priscila Guadalupe Negrete Ponce y Erika Ponce López, contra la expedición y promulgación de los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; y, 72 del Reglamento del Registro Civil para el Estado de Guanajuato, así como contra el consistente en el ***********, de veinticinco de febrero de dos mil veinte emitido por la Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, conforme a los motivos, fundamentos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio con anexo, remitido vía correo electrónico, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos actuando en representación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, quien acredita su personalidad con el nombramiento con firma electrónica que adjunta, mediante el cual, rinde informe justificado en representación de la mencionada Secretaría, en ese sentido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido. Téngase a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital rindiendo informe justificado el cual se pone a la vista de las partes, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. Así también, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia se tiene al oficiante designando como sus delegados a las personas que menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica...
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante oficio 5891/2020 del índice de este juzgado, el cual contenía el proveído de diecisiete de marzo de la anualidad que transcurre, se requirió informe con justificación a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, misiva que fue entregada el siete de agosto de dos mil veinte, como se asentó en proveído de nueve de octubre actual. Sin embargo, mediante oficio recibido en este juzgado el cinco de octubre que transcurre, la mencionada autoridad manifestó la inexistencia de la constancia respectiva al oficio mencionado, por lo cual solicitó la remisión de la demanda de amparo a fin de encontrarse en oportunidad de rendir el informe con justificación. En razón de lo anterior, mediante oficio 12135/2020 que contiene el proveído de nueve de octubre actual, se remitió copia de la mencionada demanda a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, a fin de que rinda su informe con justificación. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo...
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