Erika Perez Rodriguez

Expediente 887/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
887/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Erika Perez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la razón signada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto del presente año, así como la resolución de once de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Superioridad, dado que desocuparon el domicilio que proporcionaron en autos. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación antes mencionada así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, situación que prevalecerá hasta en tanto se señale nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese; por medio lista a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto del presente año, así como la resolución de once de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Superioridad y en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios remitidos por el apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en representación del Director General de dicho Instituto, autoridad responsable en el juicio de que se trata, por medio de los cuales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo exhibe el oficio SRH/2208/2022 de doce de julio de dos mil veintidós, en la que se advierte que la Subdirectora de Recursos Humanos del citado Centro, ordenó dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como la aplicación de las circulares 190004 de diez de enero de dos mil diecinueve y 190011 de quince de enero de dos mil diecinueve, emitidas por el Director General de dicho Instituto, e informa que a partir de la primera quincena de enero de dos mil diecinueve, no se ha aplicado ningún descuento a la quejosa, por lo que no existe ninguna cantidad a devolver; y al efecto remite copia certificada de los comprobantes de pago correspondientes a la segunda quincena de diciembre de dos ml dieciocho, así como el diverso de la primera quincena de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte para los efectos legales a que haya lugar y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de seis de julio del presente año. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con copia de los oficios de cuenta y anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga respecto de lo informado por la responsable; apercibido que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho plazo, este juzgado de distrito se pronunciará respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del citado precepto legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), con número de registro 2007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación respecto al cumplimiento efectuado por la autoridad responsable Director General del CINVESTAV, a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. El efecto de la sentencia de amparo consistió en que el Director del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, realizara lo siguiente: ". deje insubsistentes, en relación con la agraviada Erika Pérez Rodríguez, las circulares de diez y quince de enero de dos mil diecinueve en las que ordenó se realizaran los descuentos del impuesto sobre la renta que, antes de la entrada en vigor del artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, declarado inválido, eran cubiertas por dicho organismo de los conceptos ahí señalados y no se realicen los descuentos correspondientes a dicho tributo con motivo de la aplicación de esa porción normativa." En cumplimiento a lo anterior, por proveído de dos de marzo de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio signado por el apoderado legal del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en representación de la autoridad responsable ante citada dependiente del instituto en mención, por el que informó que desde la primera quincena del ejercicio dos mil diecinueve no aplica ningún descuento a la quejosa derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre del dos mil dieciocho, declarado inconstitucional. Al respecto por acuerdo de dos de marzo de la presente anualidad, se le dio vista a la parte quejosa con las manifestaciones y el documento remitido por la autoridad responsable de referencia, sin que a la fecha lo haya desahogado; siendo así que del estudio de la constancia que se encuentra anexada a los autos, este juzgador considera que a la fecha no se ha cumplido la ejecutoria de amparo, en razón de la siguiente consideración: Existe constancia fehaciente, esto es, copia certificada del oficio SRH/0399/2021 de once de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación citado, del manifestó lo siguiente: ".este Centro de Investigación aplicó a la C. XXXXX, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, concedida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante oficio 24067/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, derivado del juicio de amparo 2469/2018, a partir de la primera quincena del mes de enero de 2019 (quincena 01-2019) y en consecuencia desde esa fecha no se aplica ningún descuento a la quejosa." No obstante lo anterior, no exhibieron constancia alguna con la que acrediten de manera fehaciente que dejaron sin efectos las Circulares de diez y quince de enero de dos mil diecinueve, en las que ordenó se realizaran los descuentos del impuesto sobre la renta que, antes de la entrada en vigor del artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, declarado invalidó, respecto de la quejosa ERIKA PÉREZ RODRÍGUEZ, conforme a lo ordenado en la sentencia y requerido en autos. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con los efectos de la ejecutoria y remita copia certificada de las constancias con las cuales acredite de manera fehaciente QUE HA DEJADO SIN EFECTOS LAS CIRCULARES DE DIEZ Y QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE en las que ordenó se realizaran los descuentos del impuesto sobre la renta que, antes de la entrada en vigor del artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, declarado invalidó, respecto de la quejosa ERIKA PÉREZ RODRÍGUEZ. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgador la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando dejen de ostentar el cargo que desempeñan seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Resulta aplicable al criterio adoptado la tesis aislada P. VIII/2014 (10a.), con número de registro 2005880, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL HECHO DE QUE LO HAYA LLEVADO A CABO EL NUEVO TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO EXIME DE RESPONSABILIDADES AL ANTERIOR QUE INEXCUSABLEMENTE DESACATÓ EL FALLO. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé consecuencias de naturaleza excepcional para el servidor público que incumpla una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, consistentes en la separación de su cargo así como su consignación ante el Juez de Distrito para que sea juzgado por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la ley penal aplicable en materia federal. Ahora bien, el hecho de que el nuevo titular de la autoridad responsable acredite haber dado cumplimiento al fallo protector, no implica que se condone la contumacia del anterior titular que inexcusablemente entorpeció o retardó el acatamiento de la sentencia de amparo -esto es, aquel cuya conducta revele la intención de eludir dicho cumplimiento-, ni que se le exima de responsabilidades ante el correcto actuar de quien lo relevó en el cargo, pues el efecto de ese cumplimiento se limita únicamente a que no se aplique a éste lo señalado en el citado precepto constitucional. Esto es así, ya que la finalidad de las sanciones aludidas en el referido precepto no es sólo punitiva, sino además, ejemplar y preventiva, por lo que no es dable que queden impunes las conductas de los anteriores servidores públicos tendientes a evadir el debido acatamiento a tales sentencias. Admitir lo contrario, implicaría burlar el riguroso sistema que la Constitución General y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, lo que explica que cuando el titular de una autoridad, cualquiera que sea, haya desacatado una sentencia de amparo, proceda consignarla ante el Juez respectivo para que sea sancionada, independientemente de que ya no ocupe el cargo y de que quien lo suceda cumpla el fallo protector." REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO. Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Directiva del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (CINVESTAV), en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; para que dentro del mismo plazo de tres días les ordenen a sus respectivos subordinados a cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.), con número de registro 2007912, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con número de registro 2007914, es de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Y el criterio jurisprudencial I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por medio de la Circular SECNO/9/2021 de seis de febrero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se continúa con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y que de conformidad con los artículos 13 y 1 fracción III del Acuerdo General de referencia, en el presente juicio de amparo es posible continuar con la secuela procesal, en consecuencia, se provee: De la razón actuarial de cuenta, suscrita por el Actuario de la adscripción, se advierte la imposibilidad material que tuvo para notificar los oficios 3193/2021 y 3195/2021 que contienen el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado en este asunto, a las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que, no se cuenta con correo institucional o algún otro medio de comunicación, por el que puedan ser notificadas, conforme a lo establecido por los Acuerdos 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, como se señaló en la certificación secretarial que antecede, se procedió a consultar el concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, para la práctica de notificaciones que pueden realizarse en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que se advirtiera algún correo electrónico o medio de comunicación alternativo para lograr la notificación correspondiente a las autoridades indicadas, de manera que subsiste la imposibilidad material para comunicarles el contenido del acuerdo de veinte de enero del año en curso dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, una vez que dichas autoridades reanuden sus actividades, reexpídanse los oficios 3193/2021 y 3195/2021 a efecto que se impongan de su contenido, circunstancia que prevalecerá respecto de las subsecuentes determinaciones dictadas en el presente juicio de amparo en las que haya que girar oficio a las autoridades en comento. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 2, último párrafo, del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y como consecuencia de lo señalado en líneas precedentes, se suspenden los plazos y términos procesales en el presente cuaderno principal; en el entendido que su tramitación podrá reanudarse una vez que se regularicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el artículo Noveno Transitorio del citado Acuerdo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a las autoridades responsables hasta en tanto reanuden labores.

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