Erika Patricia Hernández Castañeda

Expediente 1414/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1414/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Erika Patricia Hernández Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió el acuerdo de diez de noviembre del año en curso, en el que se desechó por extemporánea la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Tercero Mercantil y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Finalmente, se hace constar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO PROMOVENTE AUTO 10-11-2021 I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero Mercantil y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1414/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento por extemporaneidad. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la ley de la materia, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la norma en cita, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la ley en consulta. Sobre el particular, por analogía la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado" En el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo por medio del cual ordenó el emplazamiento de la demandada *** en el domicilio ubicado en calle Canis Mayor, número 219, del fraccionamiento Villas del Guadiana II, de esta ciudad y su ejecución, actos emitidos en el expediente número 793/2021, del índice del Juzgado Tercero Mercantil de la capital, en el que la quejosa tiene la calidad de tercero extraña, toda vez que no es parte actora ni parte demandada. Ahora, en el capítulo de hechos de la demanda de cuenta, se advierte que la quejosa afirmó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "[.] 3) Es así, que, el día martes treinta y uno de agosto del presente año, aproximadamente a las 18 horas, llega a mi domicilio el ubicado en Calle ***de esta Ciudad de Durango, unos abogados, preguntando por mi nuera la C. ***, a lo cual a todos se nos hizo extraño porque ella no vive ahí, sin embargo ella se encontraba en dicho domicilio y salió a ver de qué se trataba, al percatarse de lo que se traba, ella manifestó que ese no era su domicilio, que en ese domicilio vivía la familia de su esposo. 4) Después de enterarme de los sucedido asisto de inmediato al Juzgado Tercero de lo Mercantil para solicitar el expediente número 793/2021 en el cual se hizo el emplazamiento en mi domicilio, sin que la persona demandada viva en este, y me manifiestan que "les es imposible prestarme dicho expediente ya que no soy parte del Juicio, y no estoy autorizada". [.]" De lo anterior, se advierte que el treinta y uno de agosto del año en curso, la parte promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados. Por ende, es esta data, la que debe valorarse a efecto de computar el plazo que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, para establecer la temporalidad del juicio de amparo, toda vez que ese día tuvo conocimiento del acto que ahora reclama (auto en que se ordenó emplazar a la parte demandada en su domicilio particular), así como del juicio seguido contra su nuera ****ante el juez que señaló como responsable. En virtud de lo anterior, debe tenerse como fecha de conocimiento del acto reclamado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ya que constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno en su contra de acuerdo con los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En consecuencia, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y la demanda de amparo de que se trata, fue presentada ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el ocho de noviembre del presente año, se advierte que entre ambas fechas transcurrió con exceso el plazo de quince días y el cual está previsto el artículo 17 del ordenamiento legal aplicable para promover la demanda. En efecto, el periodo de tiempo a que se hace alusión, transcurrió del uno al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, descontando los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre del año que transcurre, por ser unos sábados y domingos y catorce, quince y dieciséis toda vez que fueron días no laborables, por ende, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley en cita y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (TEMPORALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA) SEPTIEMBRE 2021 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 30 31 FECHA DE CONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INHÁBIL 14 INHÁBIL 15 INHÁBIL 16 INHÁBIL 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En consecuencia, si la demanda de garantías fue presentada el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, es evidente que es notoriamente extemporánea, porque transcurrió en exceso el término de quince días a que alude el artículo 17 de la ley en cita, para que ejerciera su derecho y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en estudio. Sirven de apoyo, las tesis de jurisprudencia siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo" "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGUN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional" "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUÁNDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado" En las relatadas consideraciones, con fundamento en el arábigo 113 de la ley en consulta, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: *** . Domicilio. ***, en esta ciudad. Autorizados. *** Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico ******************V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.

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