Erika Palacios Rosas

Expediente 1336/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1336/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Erika Palacios Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    L. 5 San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 8 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. B.- Tercero(s) interesado(s). 1.- Se desconoce. C.- Autoridades responsables. Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (CONACYT) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de su Director(a) General; o actualmente Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías a través de su Director(a) Genera. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de su Director(a) General; o actualmente Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías a través de su Director(a) General. Sistema Nacional de Investigadores (SIN) a través de su Director(a). D.- Acto(s) reclamado(s). 1.- a) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad discrecional de otorgar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de su Director(a) General; autonomía para realizar su propio reglamento. b) De la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reclama la publicación y promulgación del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 10 de agosto de 2022.en específico en su artículo 32 primer párrafo, 33 fracción primera y 34 último párrafo. b) (sic) Del CONACYT y del SNI se reclama la ejecución de dichos numerales tildados de inconstitucionales y todos los efectos legales que ello conlleva, consistentes en: 1) - La negativa de pago del apoyo económico a que tenemos derecho conforme a cada una de las distinciones en nivel DE INVESTIGADORES NACIONALES, ya que la quejosa ingresó y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Fundamentación. Artículos 3, 21, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo. Artículos 68, 97, 98, 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número En consecuencia, fórmese el expediente electrónico e intégrese físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XIV, relacionado con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De acuerdo con lo transcrito, señala la Ley de Amparo, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al promovente de la resolución o acuerdo que reclame; o dentro de los treinta días siguientes cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; o bien al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de treinta días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que afectan sus derechos, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En esa tesitura, en el caso que se analiza, se tiene en cuenta que de una detallada e integral lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables. Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos. Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (CONACYT) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de su Director(a) General; o actualmente Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías a través de su Director(a) Genera. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de su Director(a) General; o actualmente Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías a través de su Director(a) General. Sistema Nacional de Investigadores (SIN) a través de su Director(a). D.- Actos reclamados. a) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad discrecional de otorgar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de su Director(a) General; autonomía para realizar su propio reglamento. b) De la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reclama la publicación y promulgación del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 10 de agosto de 2022.en específico en su artículo 32 primer párrafo, 33 fracción primera y 34 último párrafo. b) (sic) Del CONACYT y del SNI se reclama la ejecución de dichos numerales tildados de inconstitucionales y todos los efectos legales que ello conlleva, consistentes en: 1) - La negativa de pago del apoyo económico a que tenemos derecho conforme a cada una de las distinciones en nivel DE INVESTIGADORES NACIONALES, ya que la suscrita ingrese y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. No obstante ello, al narrar la Procedencia de la demanda de amparo en lo que interesa literalmente manifestó: En virtud de que el acto reclamado es de carácter autoaplicativo la presente instancia de garantías deberá admitirse y dársele curso para que en su oportunidad se declare la inconstitucionalidad e in-convencionalidad de las disposiciones combatidas y que, por tanto, deberán quedar sin efecto alguno para los quejosos, tanto en su aplicación actual como futura, debiendo restituírsele en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales respecto de todas esas disposiciones. Ahora bien, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que la quejosa Erika Palacios Rosas promovió juicio de amparo indirecto en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, contra la publicación y promulgación del reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 10 de agosto de 2022 en su artículo 33, el cual mediante auto de veinticinco de noviembre del año anterior fue desechada de plano, por lo cual queda demostrado que la aquí quejosa tenía conocimiento del acto reclamado desde el veintitrés de noviembre del año pasado, tal y como se evidencia con la imagen que se inserta a continuación En ese contexto, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de juicio de amparo debe contarse a partir del día hábil siguiente a aquél en el que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados. Por lo que en el caso concreto, el plazo de treinta días establecido en el artículo 17 fracción I de la Ley de Amparo, para presentar la demanda transcurrió del veinticuatro de noviembre al nueve de enero de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama el veintitrés de noviembre de dos mil veintidos, y promovió su demanda hasta el veinticinco de julio del año en curso, tal y como se corrobora con la firma electrónica, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio, pues se insiste, éste feneció el nueve de enero pasado; por tanto, cabe concluir que la misma fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado. Es importante destacar que, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, se satisface a plenitud en el caso, a virtud de la declaración categórica vertida en ese sentido por el promovente en los antecedentes de los actos reclamados, manifestación que constituye una confesión expresa de su parte, medio de prueba admisible en el juicio de garantías y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo que además se corrobora con las documentales que exhibió el impetrante. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Asimismo, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aún cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay porqué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. SOLICITUD DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorgan los permisos necesarios para la consulta del expediente electrónico, toda vez que el nombre de usuario que proporciona el promovente se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que los permisos otorgados estarán en todo momento condicionados a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través del(los) cual(es) se podrá(n) entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigentey copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 22 y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; modificado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    L. 5 San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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