Erika Ortiz Mendieta

Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
530/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Erika Ortiz Mendieta

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO CONCLUIDO, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DECIOCHO, QUE CITA: Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos. Ahora bien, previo a proveer sobre el contenido de la demanda de amparo de que se trata, es pertinente precisar que de un análisis integral a la misma, se advierte que en el caso que nos ocupa, la quejosa reclama dos distintos actos de molestia, que son los siguientes: a). El incumplimiento por parte de las autoridades señaladas como responsables Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, Presidente, Síndico y Tesorero del citado cuerpo de edilicio, de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral ****, radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y, b). Los acuerdos el doce de julio y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por ende, se estima que sin substanciar incidente alguno, debe decretarse oficiosamente la separación de los actos de molestia y aperturarse un juicio de amparo por cada uno de ellos, puesto que por su naturaleza deben estudiarse de manera separada y atenderse de manera particular. Consecuentemente, se precisa que el presente juicio de amparo, únicamente se substanciará por cuanto al acto de molestia que se hace consistir en el incumplimiento por parte de las autoridades señaladas como responsables Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, Presidente, Síndico y Tesorero del citado cuerpo de edilicio, de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral ***, radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por tanto, en el presente asunto no se tomará en consideración el acto reclamado precisado en el inciso b) que antecede; consecuentemente, certifíquese una copia de la demanda de amparo que se provee, a fin de que se envíe por separado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que una vez realizado el registro correspondiente, se returne de manera aleatoria entre los juzgados de Distrito de esta Entidad Federativa, como si se tratase de nuevos asuntos para el conocimiento de los mismos. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ****, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la quejosa reclama en esta instancia constitucional el incumplimiento por parte de las autoridades señaladas como responsables Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, Presidente, Síndico y Tesorero del citado cuerpo de edilicio, de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral ****, radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado en a contrario sensu, el Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, Presidente, Síndico y Tesorero del citado cuerpo de edilicio, no reúnen la calidad de autoridades para efectos del presente juicio de amparo, en el que se le reclama la omisión de dar cumplimiento al laudo condenatorio impuesto en su contra, dentro del procedimiento laboral donde aparece como demandado. Lo anterior, así se ha definido en las últimas jurisprudencias pronunciadas sobre dicho tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha considerado que el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado, en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento, lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. Luego, si en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado, por disposición del artículo 11, de ésta última, otorga amplias facultades al Tribunal ejecutor para proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, e inclusive, en la legislación acabada de mencionar se prevé la imposición de multas y destitución del infractor como medidas de apremio para vencer la rebeldía o contumacia en el cumplimiento de los laudos, es claro que la demanda de amparo de que se trata deviene improcedente. De lo anterior, resalta sin lugar a dudas el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a los numerales antes invocados, la facultad que se otorga al Tribunal del Trabajo para imponer medidas eficaces e inmediatas para alcanzar dicho objetivo y el deber de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que la autoridad demandada dé cumplimiento al laudo condenatorio, de modo que, si existen tales mecanismos para vencer la contumacia del órgano del estado, es dable sostener que éste no actúa como una autoridad para efectos de este juicio, sino en todo momento dentro de relación laboral particular con el actor, ahora quejoso, lo cual escapa de la hipótesis contemplada en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya invocado. En tales condiciones, al no tratarse de un acto de autoridad lo que se reclama en esta instancia constitucional, pues no constituyen esa calidad los órganos del Estado que se señalan como tal, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, por lo que de acuerdo con los numerales 112 y 113, de la legislación en consulta, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata.

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