Erika Narciza Rodríguez López

Expediente 767/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
767/2014
Año
2014
Actuaciones
2
Última actuación
06/02/2015

Partes del expediente

  • Erika Narciza Rodríguez López

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado ejecutoria la resolución de trece de enero del año en curso; se ordena enviar al archivo el presente asunto como totalmente concluido; una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este juzgado; en el entendido de que una vez analizado el presente asunto se considera que no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 99497 de cuenta que suscribe el juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con residencia en Tijuana, Baja California, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 739/2014, toda vez que no fue posible emplazar al tercero interesado Jesús Adrián Hernández y propietario del inmueble donde operaba la fuente de trabajo denominada Empanadas Noemí, en virtud de que la actuaria adscrita a dicho Juzgado, en veintiséis de diciembre de dos mil catorce, al encontrarse en la calle y colonia indicadas para tal efecto, al recorrer la vialidad de extremo a extremo, no fue posible localizar el número 20573; asimismo, advierte diversos inmuebles y lotes que se localizan en dicha vialidad que no tienen número visible en sus fachadas, y sólo se aprecian los números 20574, 20591, 20538, 20555, 20514 y 20518, sin perjuicio de ello, procedió a preguntar a diversos transeúntes y residentes de la zona, por el tercero interesado buscado, a lo que todos y cada uno de ellos respondieron desconocerlo e ignorar donde pueda ser localizado. Acúsese el recibo correspondiente. Incorpórese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/ CGCF/CFRS8/DG/8393/2014 de cuenta que suscribe el director General del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Norponiente", con residencia en Guasave, Sinaloa, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído dictado el once de los actuales, manifiesta que el quejoso Sergio Alejandro Navarro Díaz, egresó de esa Unidad Penitenciaria, según acta administrativa 207, en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/G/44662/ 2014, de treinta y uno de octubre del año en curso, suscrito por el coordinador General de Prevención y Readaptación Social, en ausencia del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el cual se autorizó su inmediata libertad; adjuntando el oficio y acta administrativa a los que se refiere. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe destacar que para que se actualice dicha causal de improcedencia, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es indispensable que destruya los efectos de dicho acto en forma total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto de autoridad no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia mencionada, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de analizar la legalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; las anteriores consideraciones, emergen de manera fundamental del estudio armónico que el suscrito realiza de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI y 62 de la Ley de Amparo, y encuentran sustento además, en la jurisprudencia número 2a/J.59/99, publicada en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Es así, ya que el quejoso reclamó de la autoridad responsable en cita en esencia en la segregación e incomunicación vía telefónica, la negación de visita y de actividades educativas, laborales, deportivas y de esparcimiento, derivadas de una sanción disciplinaria que estaba cumpliendo en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Nor-Poniente", con residencia en Guasave, Sinaloa. Luego, de las constancias que acompañó la autoridad director General del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Norponiente", con sede en Guasave Sinaloa, a su oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/8393/2014 de cuenta, las cuales a juicio del suscrito merecen pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se advierte que el uno de noviembre del año en curso, el impetrante fue puesto en libertad. De ahí que, debe convenirse que en lo sustancial, lo que agravió al impetrante de garantías, era la segregación e incomunicación telefónica y de visita familiar, de que dijo era objeto; empero, respecto de dichos actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues el peticionario fue egresado del Centro Federal de Readaptación Social número ocho Norponiente, con sede en Guasave Sinaloa e ingresado a un centro diverso; luego entonces, resulta incontrovertible que han cesado los efectos de los actos reclamados por el impetrante de garantías Sergio Alejandro Navarro Díaz, pues se destruyeron los efectos de los mismos, razón por la cual resulta ocioso analizar la legalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó vestigio alguno en la esfera jurídica de la parte inconforme que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en la fracción V del dispositivo 63 del propio ordenamiento legal. Debe indicarse que el sobreseimiento que nos ocupa no causa agravio a la parte quejosa, por el hecho de haberse efectuado fuera de audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia destacada, es inobjetable, y a nada práctico conduciría tramitar un juicio de amparo evidentemente improcedente, pues la conclusión a que se arribó no variará, aún con las pruebas que eventualmente allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, aprobada en sesión privada de catorce de febrero de dos mil tres, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto y dado el sobreseimiento en mención, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de diciembre del año en curso. C ú m p l a s e . Lo proveyó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Juan Carlos Araujo Cota, secretario que autoriza y da fe. DOY FE.

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