Erika Mendoza Escalera

Expediente 145/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
145/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Erika Mendoza Escalera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismos Acuerdo General. En caso de que existan constancias pendientes en devolver a su lugar de origen por considerar innecesaria su retención, se ordena remitirlas sin formular ulterior acuerdo. Finalmente, en el supuesto de obrar documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente en caso de obrar documentos originales, de lo contrario por lista y mediante oficio a la responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el pedimento por el que realiza diversas manifestaciones la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado en vía de alegatos, toda vez que el veintitrés del mes y año en curso, se resolvió en definitiva el presente asunto. En relación con la solicitud para que se le expida copias en los términos que señala, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias que refiere dicha representación social, previa identificación y recibo que se deje en el presente asunto para debida constancia legal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-145/2021-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por anunciadas, admitidas y desahogadas las pruebas referidas con antelación, dada su propia y especial naturaleza. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O Primero. Presentación del escrito de demanda. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Erika Mendoza Escalera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado La omisión de pronunciarse en relación con el incidente de liquidación presentado el dieciséis de julio de dos mil veinte dentro del juicio laboral 527/25015. Segundo. Admisión de demanda. En auto de nueve de marzo del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional Tercero. Celebración Audiencia Constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado proviene de autoridad laboral con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a fijar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie el acto reclamado consiste en: La omisión de pronunciarse en relación con el incidente de liquidación presentado el dieciséis de julio de dos mil veinte dentro del juicio laboral 527/25015. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado señaló que era cierto el acto reclamado, sin embargo, mediante acuerdo de ocho de abril del año en curso se pronunció en relación con el incidente presentado por la parte quejosa el dieciséis de julio de dos mil veinte dentro del juicio laboral 527/25015. Lo anterior se corrobora con las documentales remitidas por dicha autoridad, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, para la resolución del presente asunto se tiene a la vista la documental que remitió la autoridad responsable consistente en el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente laboral 575/2015 por el que se determinó no acordar de conformidad con lo solicitado por la impetrante de amparo, toda vez que en el laudo respectivo no se ordenó la apertura de incidente de liquidación para actualizar intereses, ya que los mismos serán cuantificados al momento de emitir el auto de ejecución que corresponda. Circunstancia de la que se aprecia que al momento de promover la demanda de amparo (cinco de marzo de dos mil veintiuno) existía el acto reclamado consistente en la omisión de emitir acuerdo derivado del incidente de liquidación propuesto por la parte quejosa; sin embargo, durante el transcurso del presente juicio -ocho de abril del año en curso- la autoridad responsable se pronunció sobre la incidencia propuesta desde el dieciséis de julio de dos mil veinte, por lo que debe estimarse que dicho acto cesó en sus efectos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado precisado en esta consideración. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Erika Mendoza Escalera, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios que remite la Auxiliar en Funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, aclarando que es cierto el acto reclamado dentro del presente asunto. Por otro lado, se ordena informar a la autoridad responsable que el juicio de amparo en que se gestiona resulta ser el registrado con el número ******************** y no el diverso asunto al que se ha servido dirigir sus comunicaciones. Aclaración que se hace con la finalidad de que en lo subsecuente la responsable remita los oficios correspondientes al juicio de amparo ********************, promovido por ******************** Notifíquese por lista y mediante oficio. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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