Erika Melendez Cruz

Expediente 932/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
932/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Erika Melendez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito que signa Jacinto Álvarez Sánchez, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, y en atención a lo que solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, devuélvase al ocursante los documentos que refiere en su escrito de cuenta; lo anterior, previo recibo y razón que otorgue en autos. Finalmente, respecto a lo que peticiona en el sentido de que la sentencia cause ejecutoria, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en auto de nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 258 y 259), en el que se tuvo por recibido el testimonio dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla*

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: como está ordenado en el proveído de nueve de abril del presente año, en el cuaderno principal del cual se deriva el incidente de suspensión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2443/2017, promovido por Juan Alberto Ruvalcaba González, en su carácter de apoderado legal de la persona moral One Lease, sociedad anónima de capital variable, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con las copias certificadas de la póliza noventa y seis, pasada ante la fe del Corredor Público número cincuenta y ocho, de Guadalajara, Jalisco; así como con la escritura pública número diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y uno, pasada ante la fe del Notario Público treinta y seis, de Guadalajara, Jalisco;, contra actos que reclama de las autoridades que denominó: Escuela Primaria "Eleno García Ramos". Escuela Primaria "Agustín Yáñez". Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, para tal efecto se le remite copia de la demanda al oficio que se deriva del presente incidente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser objeto de multa, de conformidad al artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, dígase a las responsables que al momento de rendir su informe, deberán citar el número de oficio con el cual se les notificó la apertura del incidente de suspensión en comento. En el entendido de que las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que sea procedente tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que dada la naturaleza de los actos que por esta vía se reclaman, no se surte alguna de las hipótesis previstas por el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita. Del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso medularmente reclama: La matriculación, inscripción e inicio del ciclo escolar agosto 2017 julio 2018 en los turnos matutinos y vespertinos, dentro de los planteles educativos denominados Escuela Primaria "Eleno García Ramos" y Escuela Primaria "Agustín Yáñez", ubicados en el inmueble en la fracción 2 del predio urbano sobre la calle Higuera esquina calle Jesús Michel González, S/N, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Sin embargo, dentro del escrito de demanda se desprende que solicita la medida cautelar para el efecto siguiente: ". se suspenda el inminente ciclo escolar agosto 2017 julio 2018 y la prestación del servicio educativo en el inmueble propiedad de mi representada por orden de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en las escuelas Primarias "ELENO GARCÍA RAMOS" y "AGUSTÍN YÁÑEZ" turnos vespertino y matutino en el inmueble ubicado en la FRACCIÓN "2" dos, del Predio Urbano ubicado sobre la calle Higuera esquina calle Jesús Michel González, S/N, en Tlajomulco de Zúñiga..." En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión provisional en los términos anteriormente señalados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. Apoya lo expresado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y contenido dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.- De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". En esa tesitura, por lo que ve a los efectos solicitados; toda vez que se trata de actos a realizar en el futuro y por ende susceptibles de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo), para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Pues bien, el primero de ellos que denota la instancia de parte agraviada principio rector del juicio de garantías, pues nadie mejor que el quejoso puede estimar hasta qué punto le perjudica dicha ejecución, por tanto a él compete el impulso procesal, se colmó plenamente toda vez que en su demanda solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues estos deben tutelarse sí y solo si no están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador; sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3º.A.J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.". Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En principio, cabe destacar que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil doce, del párrafo primero del artículo 3° de la Carta Magna, se estableció como derecho fundamental que todo individuo reciba educación; obligando a impartirla a la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, en las etapas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En efecto, el derecho humano a recibir la educación se encuentra reconocido en nuestra ley fundamental, con el firme propósito de fomentar en el individuo, todas las facultades como ser humano, el amor a la patria, el respecto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Asimismo, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, se adicionaron varios párrafos cuyo objetivos central, es buscar una educación básica y media superior de calidad para todos los mexicanos; en efecto, la meta primordial constitucional de dicha reforma es que las escuelas formen individuos libres, responsables y activos; ciudadanos de México y el mundo, comprometidos con sus comunidades. Dicha propuesta pretende modernizar el marco jurídico mexicano para permitir desarrollar una educación de mayor calidad y equidad, en donde el Estado recupere su papel fundamental en la rectoría sobre la política educativa nacional, lo anterior se desprende del artículo de la fracción III, artículo 3º constitucional que dice: ".III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;". En ese orden de ideas, constitucionalmente, la educación es considerada como un motor para lograr la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; además el criterio que orienta a la enseñanza ha sido considerado un elemento esencial se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Por otra parte, es considerada como elemento que contribuye a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Para cumplir con los objetivos trazados por el constituyente permanente se facultó al legislador federal y a los de los estados para que se establecieran los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Luego, si la educación es el pilar mas importante de la nación para lograr un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano; y, un motor esencial que pretende provocar el progreso, así como el conocimiento científico para formar una sociedad en el que se busque el valor máximo de bienestar o justicia social para combatir precisamente la desigualdad, la pobreza, la ignorancia y el fanatismo; educación que sin duda viene de la mano en gran parte a lograr el objetivo contenido en el artículo primero constitucional en el sentido que en todo tiempo tienda a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia; de concederse la suspensión se afectaría a la colectividad, ya que se privaría de lograr la metas constitucionales, motivo por el cual debe negarse la suspensión provisional solicitada. Sin que pase inadvertido para este juzgado, que la parte quejosa, haya allegado como pruebas documentales a su escrito de demanda de amparo, las consistentes en: Copia certificada de la escritura pública número veintiocho mil seiscientos veintiuno; pasada ante la fe del notario público número treinta y seis, de Guadalajara, Jalisco. Copia certificada de la póliza número noventa y seis; pasada ante la fe del notario público número cincuenta y ocho, de Guadalajara, Jalisco. Copia certificada de la escritura pública número diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y uno; pasada ante la fe del notario público número treinta y seis, de Guadalajara, Jalisco. Medios de convicción a los que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°; sin que los citado elementos probatorios puedan superar la afectación al interés social y al orden público detectado por este órgano jurisdiccional. Apoya lo expresado, la Tesis: 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, pagina 315, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En el entendido que en el presente incidente, no se prejuzga sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados que la parte agraviada considera violatorios de sus derechos fundamentales, ya que dicho estudio se deberá hacer en el juicio principal de donde emana la presente incidencia. En tal sentido, al considerar que no se satisface el requisito previsto en la fracción II, del artículo 128, de la Ley de Amparo, relativo a que no se cumple con el requisito de que no se afecte el orden público ni el interés social se niega a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada. En acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se acordó respecto los autorizados y domicilio procesal. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de, así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberá registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/jucioenlinea/juicioenlinea. Hecho lo anterior, deberá presentar vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el acuse de recibo de la inscripción de la solicitud de consulta y una vez que se acuerde favorablemente, estará listo para consultarlo en el portal de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Finalmente, en atención a su petición, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Enjuiciamiento Civil Federal, de aplicación supletoria, expídase copias certificadas que solicita, previo recibo y razón que se otorguen en autos; en la inteligencia de que es a su costa la reproducción de las mismas. Siempre y cuando las mismas hayan sido solicitadas en su escrito de demanda de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Felícitas Guzmán Maldonado quien autoriza y da fe, y certifica: que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia incidental quedó registrada en la agenda electrónica, asimismo que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/FGM/jacobo

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el escrito signado el presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido quejoso, General Emiliano Zapata, municipio de Cihuatlán, Jalisco, por medio del cual, revocan el domicilio procesal señalado en autos, y señalan como nuevo domicilio; en tales condiciones, téngase como nuevo domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en líneas anteriores. Por otro lado, se les tiene designando como nuevos autorizados de su parte en los amplios términos que marca el artículo 12 de la Ley de amparo, revocando el nombramiento de los anteriores autorizados. Sin que sea necesario realizar la búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de los autorizados en cita, en virtud de la materia del presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con la secretaria Ileana Cruz Lopez, que certifica que la presente actuación y promoción que aquí se proveen coinciden en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. SSM.

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