Erika Marlen Soria Vargas
Expediente 349/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Erika Marlen Soria Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la promovente del amparo **********, albacea de la sucesión de bienes de **********, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el dieciocho de mayo del año en curso, esto es: Anexa copia certificada del documento con el cual acredita su personalidad para promover el presente juicio. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII-, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos del juicio será improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La inconstitucionalidad del artículo 131 -fracción I- del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, emitida dentro de la averiguación previa **********, por la Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales número I, con sede en esta ciudad. Asimismo, cabe señalar que el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, establece: "ARTÍCULO 131.- En los casos de los artículos 128 y 129 de este código, no podrá ejercerse acción penal, ni continuar con el procedimiento, en su caso, cuando: I.- Concluido el plazo señalado para interponer el recurso previsto en el artículo anterior, no se haya interpuesto; o II.- El juez competente al resolver el recurso, confirme el no ejercicio o desistimiento de la acción penal." En relatadas condiciones, si en el caso la parte quejosa reclama la aplicación del artículo 131 -fracción I- del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, en la cual, en virtud de dicho articulado se le negó su petición de reapertura de la averiguación previa al haberse determinado en una resolución anterior el no ejercicio de la acción penal; es incuestionable que dicha aplicación no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, que por su naturaleza afecte directa y materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, dado que la aplicación del citado precepto sólo definió cuestiones de carácter procesal, como lo fue la preclusión del derecho para continuar con el procedimiento de investigación al no combatir el no ejercicio de la acción penal dentro del plazo legal previsto en la legislación adjetiva. Circunstancia que hace improcedente el presenten juicio de amparo, en virtud que sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de amparos contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación dentro de un procedimiento, será procedente la vía indirecta siempre y cuando se causare un prejuicio de imposible reparación, lo que en el caso no acontece. Cabe señalar que caso contrario acontecería, si la promovente del amparo acudiera al presente juicio constitucional en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal de tres de enero de dos mil dieciocho, que se dictó previó a la resolución que ahora combate, puesto que ahí si se hablaría de un acto que afectaría materialmente derechos sustantivos. Situación que se toma en consideración, y que con el dictado de la presente determinación no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de los autos que integran el juicio de amparo 276/2018-I del índice de este órgano jurisdiccional, que como hecho notorio se traen a la vista, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", se advierte que la promovente del amparo se encuentra impugnado la notificación del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de tres de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro de la averiguación previa **********, de la estadística de la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, determinación que aún se encuentra sujeta de poder ser analizada si logra la concesión del diverso juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la promovente del amparo **********, albacea de la sucesión de bienes de **********, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el dieciocho de mayo del año en curso, esto es: Anexa copia certificada del documento con el cual acredita su personalidad para promover el presente juicio. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII-, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos del juicio será improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La inconstitucionalidad del artículo 131 -fracción I- del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, emitida dentro de la averiguación previa **********, por la Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales número I, con sede en esta ciudad. Asimismo, cabe señalar que el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, establece: "ARTÍCULO 131.- En los casos de los artículos 128 y 129 de este código, no podrá ejercerse acción penal, ni continuar con el procedimiento, en su caso, cuando: I.- Concluido el plazo señalado para interponer el recurso previsto en el artículo anterior, no se haya interpuesto; o II.- El juez competente al resolver el recurso, confirme el no ejercicio o desistimiento de la acción penal." En relatadas condiciones, si en el caso la parte quejosa reclama la aplicación del artículo 131 -fracción I- del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, en la cual, en virtud de dicho articulado se le negó su petición de reapertura de la averiguación previa al haberse determinado en una resolución anterior el no ejercicio de la acción penal; es incuestionable que dicha aplicación no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, que por su naturaleza afecte directa y materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, dado que la aplicación del citado precepto sólo definió cuestiones de carácter procesal, como lo fue la preclusión del derecho para continuar con el procedimiento de investigación al no combatir el no ejercicio de la acción penal dentro del plazo legal previsto en la legislación adjetiva. Circunstancia que hace improcedente el presenten juicio de amparo, en virtud que sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de amparos contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación dentro de un procedimiento, será procedente la vía indirecta siempre y cuando se causare un prejuicio de imposible reparación, lo que en el caso no acontece. Cabe señalar que caso contrario acontecería, si la promovente del amparo acudiera al presente juicio constitucional en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal de tres de enero de dos mil dieciocho, que se dictó previó a la resolución que ahora combate, puesto que ahí si se hablaría de un acto que afectaría materialmente derechos sustantivos. Situación que se toma en consideración, y que con el dictado de la presente determinación no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de los autos que integran el juicio de amparo 276/2018-I del índice de este órgano jurisdiccional, que como hecho notorio se traen a la vista, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", se advierte que la promovente del amparo se encuentra impugnado la notificación del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de tres de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro de la averiguación previa **********, de la estadística de la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, determinación que aún se encuentra sujeta de poder ser analizada si logra la concesión del diverso juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que la promovente del amparo **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de once de los actuales, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se acuerda: En relación al escrito de marra, dígasele a la promovente que no ha lugar a tenerla dando cumplimiento al requerimiento de veinticinco de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que en dicho auto se le requirió, para que: Acreditara con documento fehaciente el carácter que dice tener reconocido ante la responsable, para promover el presente juicio de amparo. Especificara cuál es la actuación en concreto que le atribuye al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Manifestara bajo protesta de decir verdad, si el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato -que reclama-, ya se le había aplicado en algún otro acuerdo o determinación dentro de la averiguación previa numero 17314/2014 de la estadística de la Agencia Investigadora Especializada en Investigaciones de Delitos Patrimoniales en esta ciudad, o bien, si el acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho resulta ser su primer acto de aplicación. En ese sentido, del escrito que se acuerda se advierte que la garante únicamente logra desahogar lo solicitado en los incisos b y c de la presente, esto es, lo relativo a la actuación que le atribuye al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, y la aplicación del artículo 131 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato que reclama. Sin embargo, respecto al inciso a, concerniente a la demostración de la personalidad con la que acude a esta instancia constitucional, la parte quejosa refiere invocar como hecho notorio la personalidad que aduce ya le fue reconocida en los diversos juicios de amparo 276/2018 y 8/2018 del índice de este órgano jurisdiccional. No obstante a ello, debe decírsele que con dicha circunstancia no logra desahogar el punto de prevención, puesto que, contrario a lo que establece la promovente, al acudir a esta instancia constitucional en favor de la sucesión a bienes de **********, se encontraba obligada a exhibir copia certificada de la documental de donde se infiriera dicha calidad, o bien, el carácter que dice tener reconocido ante la responsable. Lo anterior es así, dado que la carga y preparación del supuesto que pretende acreditar, debió haberlo previsto desde antes de la presentación de la demanda, ya que de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, es un requisito que debía satisfacer al momento de instar el presente juicio constitucional. De ahí, que se considere que dicho requerimiento no se encuentra satisfecho. En tales condiciones, dígasele a la impetrante del amparo, que al pretender atender el requerimiento el cuarto día de los cinco que le fueron otorgados, le resta un día para dar cumplimiento a lo solicitado, plazo que se computará a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique. Asimismo, hágase de su conocimiento que persiste el apercibimiento formulado en el aludido auto.
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