Erika Marín Zamora
Expediente 139/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2017
Partes del expediente
- Erika Marín Zamora
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo los autos del juicio de amparo 139/2017, con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado federal, asimismo, informa que acepta la competencia planteada y se avoca a su conocimiento. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes, y en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, se haya allegado al presente cuaderno, algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que se reservó el envío de las constancias originales del presente juicio al juzgado correspondiente con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, hasta en tanto se emitiera el acuerdo general al que se refería el aviso de siete de febrero de dos mil diecisiete suscrito por el Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ahora toda vez que lo anterior, ya aconteció, pues el día de la fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señala como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el diverso Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, se levanta la reserva decretada y en cumplimiento al primero y segundo punto del mencionado Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que a su vez lo turne al juzgado que corresponda, para su trámite, resolución, ejecución y cumplimiento. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que se estimen necesarias y solicítese tenga a bien acusar recibo e informar si acepta la competencia declinada, en términos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. En términos del considerando décimo del Acuerdo General número 20/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a fin de facilitar el seguimiento de la situación que guarda el expediente, se hace del conocimiento de las partes, que un extracto con carácter informativo de la lista diaria de acuerdos, se podrá consultar en la lista de expediente de la página de Internet de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en la dirección: http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio que signa la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al auto preventivo; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA. Vista la demanda de cuenta, con apoyo en el numeral 48, de la Ley de Amparo, quien esto resuelve determina que este juzgado federal carece de legal competencia para conocer del presente asunto por cuestión de MATERIA, en razón a que el acto reclamado versa sobre cuestiones de competencia económica, siendo así que el conocimiento del juicio de amparo promovido en su contra, compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, y no así a un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, acorde a las consideraciones que se exponen a continuación. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los arábigos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, además de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al precepto 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Además, del escrito inicial de demanda, el solicitante del amparo realiza manifestaciones sobre el fragmentación regional de los precios de la gasolina en el país. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados por la parte promovente en la presente instancia constitucional, se encuentran vinculados con el acuerdo emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, estos es, deriva de una disposición emitida por un órgano encargado de regular la materia energética en el país, por lo que conviene realizar algunas precisiones en torno a las reformas en materia energética. El dos de diciembre de dos mil doce, se firmó por el Presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del país, el denominado "Pacto por México", el cual se compone de cinco acuerdos, de los que destacan para el tema que nos ocupa, el de "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad". En dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural. Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se planteó la creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, con el fin de dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. En dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo, para lo cual se señaló que se impulsaría una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. De dicha reforma constitucional es posible determinar la creación de la rama del derecho económico regulatorio y dentro de este el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia; ello con la finalidad de brindar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. El veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, de lo que destaca la adición al artículo 28 de la Constitución, a través del cual se crea la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, en la iniciativa que dio origen a dicha reforma destaca lo siguiente: Como parte de las reformas que se plantean a consideración del Congreso de la Unión, estaba el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, ya que no podría entenderse una reforma como a la que se aspiraba y la que la sociedad demandada, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Que dicho artículo se convierta en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemple al Banco de México como regulador de la política monetaria del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al texto constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país. En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reitera se propuso se incorporara dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara. Se señaló que como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que deberá regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha Comisión será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentará una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividades reguladas las mencionadas en las fracciones anteriores. En el cumplimiento de su objeto, la Comisión contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.". (Énfasis Añadido) De la transcripción anterior, se advierte que se concluyó que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Ahora bien, como se ha dicho en los párrafos precedentes, respecto de los actos aquí reclamados corresponde conocer a los juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, a través del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de dicho acuerdo, emitido por la Comisión Reguladora de Energía y publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero dos mil dieciséis, pues esta´ vinculado con un tema de competencia económica, ya que involucra el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para al efecto de garantizar y lograr a la postre la competencia efectiva en el mercado, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; de ahí´ que al estar relacionada la naturaleza de esa resolución con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los citados órganos judiciales especializados. Sin que sea óbice a lo anterior, que los actos reclamados se atribuyan a diversas autoridades administrativas, ya que si bien se trata de autoridades administrativas, también lo es que se trata de actos reclamados con el tema de competencia económica, lo que constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados. Así las cosas, para conocer de un juicio de amparo por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido; por eso se determina, que la competencia para conocer del presente juicio, le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del Acuerdo 22/2013, así como del artículo 6 apartado b) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se reúnan o no los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley en cita, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo. De igual modo, no se opone a esa conclusión el hecho de que en el presente juicio de amparo no se reclamen actos específicos atribuidos a la Comisión Federal de Competencia Económica, sino que se reclaman normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto dicha Comisión como la diversa Comisión Reguladora de Energía; pues, como se vio, la naturaleza material de las normas impugnadas se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Sin embargo, se reserva el envío de las constancias originales del presente juicio hasta en tanto se emita el acuerdo general en el que el Consejo de la Judicatura Federal en su momento determine la competencia para conocer de dicha materia. Lo anterior, como lo indica el aviso de siete de febrero de dos mil diecisiete suscrito por el Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación, con el que se da cuenta. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la ley de la materia, en razón de la notoria incompetencia decretada con antelación, y al no reclamarse actos del artículo 15 de la ley de la materia, no es el caso ordenar la apertura del cuaderno incidental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ***contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 139/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. PREVENCIÓN. Ahora, previo a proveer lo que en derecho proceda respecto a la admisión de la demanda, de conformidad con los requisitos que prevé el artículo 108, fracción IV y V, así como el 114, fracción V, en relación con el 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente auto, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las autoridades responsables que en definitiva señalen, otra para la parte tercera interesada, una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal y dos más para el incidente de suspensión que solicitan, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise cuál es el acto o actos que tilda de inconstitucionales. Ello es así, pues en el apartado correspondiente la promovente señala únicamente como acto reclamado el proceso legislativo del artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en específico en el capítulo de hechos, se advierte que manifiesta su informidad respecto de diverso acto relacionado con los precios y esquemas de aumento que tendrá el combustible (gasolina) durante el presente año, esto es el Acuerdo número A/059/2016 que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. En ese sentido, a efecto de conocer con certeza los actos materia de reclamo, se requiere al promovente para que manifieste si además del proceso legislativo del artículo que de manera destacada reclama, desea señalar el acuerdo en mención o diverso acto reclamado relativo a los precios y esquemas de aumento que tendrá el combustible (gasolina) durante el presente año; en todo caso, deberá señalar el acto concreto, la ley, reforma o decreto que de manera destacada reclama, así como las autoridades responsables a quién atribuya dichos actos. SEGUNDO. Indique a que autoridad le atribuye la promulgación de la norma que reclame, o bien manifieste si desea señalar como autoridad responsable a la Comisión Reguladora de Energía, autoridad que emitió el acuerdo precisado en el punto anterior. En el entendido que deberá anexar copias del escrito aclaratorio así como de la demanda, para correr traslado a las autoridades responsables que adicionalmente señale. Consecuentemente, ante la incertidumbre que genera lo que de manera destacada señala la promovente como acto reclamado en relación con los hechos y conceptos de violación en que funda su reclamo, es necesario que la impetrante de amparo aclare dicha situación con el fin de dilucidar el acto reclamado que en definitiva será materia de Litis en la presente instancia constitucional. APERCIBIMIENTO. Apercibida la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención antes descrita, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la propia promovente, debido a que la prevención entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, lo cual tiene implicaciones personales, para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.
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