Erika Marcia Tii Anank
Expediente 1198/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1198/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/10/2023
Partes del expediente
- Erika Marcia Tii Anank
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DICTADO EN TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "..Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado de cuenta, rendido por las autoridades responsables adscritas al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene a la autoridad responsable, anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. De igual forma, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que ********************, promovió juicio de amparo en favor de ********************, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de la que se desprende que se reclama -esencialmente- la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la deportación o expulsión del país. Luego, de la constancia de cuenta, remitida por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada del Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración con oficio de su índice, instruido a la aquí agraviada ********************, a la que se le otorgan valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que en dicho procedimiento, el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió documento provisional respecto a la salida de la aquí agraviada, concluyendo que a la fecha se encuentra en libertad. Por tanto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, la quejosa ******************** reclama la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la posible deportación (en cualquiera de sus modalidades). No obstante, de las constancias que obran en autos y que fue previamente valoradas, se desprende que el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió el Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración, de su índice, instruido a la aquí quejosa ********************, a través del cual fue puesta en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo de la promovente consiste en la detención en la estación migratoria y la posible orden de deportación, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a la quejosa ******************** abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. De conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las, comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Finalmente, se aprecia que la quejosa no señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; así como la parte promovente no proporciono domicilio de la quejosa para tal efecto, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Notifíquese; personalmente a la quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal y cúmplase.."
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado de cuenta, rendido por las autoridades responsables adscritas al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene a la autoridad responsable, anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. De igual forma, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que ********************, promovió juicio de amparo en favor de ********************, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de la que se desprende que se reclama -esencialmente- la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la deportación o expulsión del país. Luego, de la constancia de cuenta, remitida por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada del Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración con oficio de su índice, instruido a la aquí agraviada ********************, a la que se le otorgan valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que en dicho procedimiento, el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió documento provisional respecto a la salida de la aquí agraviada, concluyendo que a la fecha se encuentra en libertad. Por tanto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, la quejosa ******************** reclama la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la posible deportación (en cualquiera de sus modalidades). No obstante, de las constancias que obran en autos y que fue previamente valoradas, se desprende que el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió el Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración, de su índice, instruido a la aquí quejosa ********************, a través del cual fue puesta en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo de la promovente consiste en la detención en la estación migratoria y la posible orden de deportación, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a la quejosa ******************** abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. De conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las, comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Finalmente, se aprecia que la quejosa no señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; así como la parte promovente no proporciono domicilio de la quejosa para tal efecto, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Notifíquese; personalmente a la quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm
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Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy; sin embargo, no se ha llevado a cabo la primera notificación a juicio del tercero interesado Suvael, sociedad anónima de capital variable. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las trece horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otra parte, toda vez que no obra la información solicitada a Cablemás Telecomunicaciones, sociedad anónima de capital variable, requiérase a la referida prestadora de servicio vía electrónica a través de las cuentas fclairin@izzi.mx, colaboracionjusticiagt@izzi.mx, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional, el domicilio que en su caso, conforme a sus archivos corresponda al tercero interesado Suvael, sociedad anónima de capital variable; apercibido de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en conformidad con el artículo 244 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento que la información requerida podrá ser enviada vía electrónica desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la dirección de correo oficial 10jdo15cto@cjf.gob.mx. Notifíquese.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial y autorizada mediante oficio CCJ/ST/5265/2023, de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/EBO/Akms
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Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio concediéndose la protección constitucional para los siguientes efectos: "Séptimo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1355/2019 hasta la diligencia emplazamiento del quejoso, por lo que deberán quedar subsistentes las actuaciones previas a la referida diligencia. En la inteligencia que de ordenar nuevamente el emplazamiento del quejoso mediante exhorto, deberá precisar la legislación que deberá observar la autoridad exhortada para llevar a cabo dicha diligencia. Además, se precisa que la concesión de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente el emplazamiento de la parte codemandada en el referido juicio civil, y ordenar su nuevo llamamiento, toda vez que cada uno de ellos se verificaron de manera independiente, sin que fuera materia de análisis en el presente juicio de amparo. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos treinta y tres, tomo dos, libro I, octubre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 160821, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO." 2. Deje sin efecto todas las consecuencias derivadas de aquella, incluyendo las anotaciones realizadas en oficinas registrales o bien las escrituras emitidas por fedatarios, para lo cual deberá girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, para que proceda a realizar las cancelaciones o anotaciones respectivas, así como a los Notarios que correspondan." Atento a lo anterior, y analizadas las constancias que obran en autos se advierte que, efectivamente el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se recibió el oficio 2693, por el cual remitió el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1355/2019 hasta la diligencia emplazamiento del quejoso, y ordenó el emplazamiento del quejoso mediante exhorto, precisando la legislación que deberá observar la autoridad exhortada para llevar a cabo dicha diligencia. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del oficio que emane del presente proveído, informe si existe anotación registral o escritura pública que cancelar, en relación con el inmueble materia de la litis; en su caso, remita las constancias certificadas que lo acrediten. En la inteligencia que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Hágase del conocimiento de la autoridad que la información requerida podrá ser enviada vía electrónica -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la dirección de correo oficial 10jdo15cto@cjf.gob.mx. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/jkgt
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