Erika Lorena Muñoz Carrillo

Expediente 2043/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2043/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Francisco Gamez Montes
  • Erika Lorena Muñoz Carrillo
  • Luis Manuel Barrera Frias
  • Laura Aguillon Gamez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase recibido el escrito signado electrónicamente por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Erika Lorena Muñoz Carrillo, asimismo, que quedó registrado con el número 497/2022 y acusa recibo de los autos originales del presente juicio.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que las partes se encuentran debidamente notificadas de la resolución impugnada y del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, como se encuentra ordenado en autos, con el original y copia del escrito de agravios, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, para la substanciación del recurso citado, solicítese acuse recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 2043/2021; y, R e s u l t a n d o Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ********************demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tiene el carácter como Ordenadora: 1.- JUEZA CUARTA DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALTILLO, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad. Tiene el carácter como Ejecutora: 2.- ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALTILLO, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad. 3.- COORDINADOR O DIRECTOR GENERAL DE LA ACTUARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALTILLO, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad. 4.- ENCARGADO DEL AGRUPAMIENTO DE LA POLICÍA CIVIL COAHUILA, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad. IV. LEY O ACTO DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME: El acto futuro inminente consistente en: a) La orden de desposesión y lanzamiento del inmueble ubicado en la ********************Coahuila del cual soy Arrendataria y poseedora del inmueble antes mencionado, misma que fue dictada por la JUEZ CUARTA DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALTILLO, dentro del juicio ********************del índice. Actos que son violatorios de las Garantías Individuales protegidas por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- De la autoridad ejecutora reclamo los actos tendientes ejecutar y poner en posesión al tercero interesado o de quienes sus derechos represente del inmueble ubicado en la ********************, en especial la inminente ejecución de lanzamiento del inmueble del cual soy arrendataria. y en donde cabe hacer especial mención que de acuerdo al principio de relatividad no soy parte del juicio a lo cual soy tercera ajena y por tener un derecho adquirido. [.]" Segundo. En proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se admitió la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 2043/2021-III; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se tuvo como terceros interesados a ******************** quienes se encuentran debidamente emplazados y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es indispensable dejar precisado el acto que por la presente vía constitucional se reclama, el cual se desprende del estudio integral de la demanda de garantías y de las constancias que integran el sumario, el cual consiste en: La orden de lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en ******************** Tercero. Certeza del acto reclamado. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Actuario de su adscripción, Coordinadora de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Saltillo y Encargado de la Policía Civil de Coahuila de la secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados admitieron la existencia del acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, pues fueron emitidos por un funcionario en ejercicio de sus funciones, y de las que se advierte la existencia de la orden reclamada. Es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 749, consultable en la página 830, Tomo II, procesal constitucional, materia común primera parte, SCJN sexta sección, Quinta Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, cuyo rubro y texto "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LXXXVII, consultable en la página 2420, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PUBLICOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. La jurisprudencia de éste alto cuerpo relativa al valor probatorio pleno de los documentos públicos y certificaciones, no puede producir sus efectos, si el quejoso, reo del delito de falsificación de documento privado, al declarar contradijo lo asentado por la certificación del Juez, al calce de la escritura privada atacada como falsa." Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no acredita el derecho de posesión que dicen tener sobre el bien inmueble defendido. El numeral en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." CONSTITUCIÓN POLÍTICA "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Como se puede constatar de la reproducción de los anteriores numerales, para la procedencia del juicio de amparo el promovente debe acreditar una afectación a su interés jurídico o bien a su interés legítimo. Esta afectación constituye un perjuicio al agraviado, el que se entiende como una transgresión de un derecho tutelado o interés legítimo individual o colectivo, que produce determinado acto o ley; la cual faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión; asimismo, se precisa que para ello se tiene que afectar la esfera de quien lo reclame, sea de manera directa o por su especial situación. Ese "perjuicio" debe ser actual, pronto a suceder o que inminentemente se le causará, ello por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, pues cuando la afectación solo es futura e incierta no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas o circunstancias de hecho en situaciones específicas que lo vinculen debido a una relación jurídica, conexión de bienes afectados debido a una necesidad o existencia de elementos de identificación. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por lo que hace al interés legítimo, debe precisarse que en el presente caso debe excluirse por provenir el acto reclamado de un juicio, como se advierte del segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el presente caso, que la quejosa acude al amparo ostentándose como tercera extraña al procedimiento de origen, defiendo el derecho de posesión que dice sobre el bien inmueble en el que se ordena el lanzamiento, ubicado en calle Cactus número 216 de la colonia los Agaves en esta ciudad. Ahora, en relación con el derecho de posesión, es necesario precisar que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen y si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. Por lo tanto, en cualquiera de las dos clases de posesión originaria o derivada, se debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él); consecuentemente, es de señalar que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil local y, por ende, no puede ser tutelada por la prerrogativa de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 187733, cuyo rubro y texto dicen: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Luego, la parte quejosa para acreditar la posesión que dice tener sobre el predio ubicado en ********************en esta ciudad, exhibió el siguiente documento: ******************** Sin embargo, tal elemento de convicción deviene insuficiente para acreditar fehacientemente el derecho de posesión que dice tener la parte quejosa sobre el bien que defiende, derivado del contrato de arrendamiento que exhibe. Luego, si bien es un documento privado, se advierte que el mismo fue certificado ante el Notario Público número veintiocho, con ejercicio en esta ciudad, el tres de marzo de dos mil diecinueve por lo que el contrato de arredramiento adquirió fecha cierta en dicha data. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012310, cuyo rubro y texto dicen: ''DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.",¹ determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo.". De igual forma, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 171436, cuyo rubro y texto dicen: ''INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional.''. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistentes en copia certificada del juicio de origen, se desprende que el ********************se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble objeto de Litis, en la cual se adjudicó a los aquí terceros interesados ********************el inmueble consistente en ********************y el contrato de arrendamiento fue presentado ante el notario público hasta el tres de marzo de dos mil diecinueve, es decir, cuando ya no eran dueños sus signantes. Así, se reitera, que el documento privado consistente en el contrato de arrendamiento, adquirió fecha cierta y, en consecuencia, fue oponible a terceros, hasta que se presentó ante el fedatario público el tres de marzo de dos mil diecinueve, por lo que dicho documento es insuficiente para acreditar fehacientemente (grado exigido por el interés jurídico) la titularidad del derecho de posesión del predio que defiende la quejosa a la fecha en que se realizó el acto reclamado; por lo que resulta que no probó que dicho acto afecte su esfera jurídica y, por ello, tampoco tiene interés jurídico para acudir a solicitar el amparo; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. Es aplicable al caso concreto, la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 197600, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE QUIEN RECLAMA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN QUE NO HABÍA ENTRADO A SU PATRIMONIO EN LA ÉPOCA DE LA DILIGENCIA. Atento lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ello ocurre cuando se reclama el embargo trabado sobre un bien adquirido por el impetrante de garantías con fecha posterior a la diligencia de secuestro, pues si bien es verdad que el hecho de que acreditase la legítima propiedad al promoverse el juicio constitucional, implicaría que el quejoso pudiere tener derechos subjetivos; lo cierto es que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, pues ello ocurre en relación con la diversa persona que sí tenía derechos sobre el bien en la época del embargo." Se destaca, que las pruebas, aún inmaculadas con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realizó la quejosa en su demanda, son insuficientes para acreditar fehacientemente el interés jurídico, pues aun partiendo del supuesto que el contrato de arrendamiento se encuentra a nombre de la impetrante de amparo, aunado a que haya señalado que es poseedor del inmueble materia de la litis, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no en base a presunciones. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 207221, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en vía de consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, contra los actos precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, asistida de la secretaria Luisa Gabriela Ojeda Gómez, quien certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

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