Erika Loera Valenzuela
Expediente 458/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Erika Loera Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), del artículo 21, en razón de que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento. Consérvese el presente asunto por el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese, conservando la demanda y la resolución dictada; así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 1. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es destruible, en términos del artículo 21, inciso c) del referido ordenamiento legal, habida cuenta que se negó la suspensión provisional. 2. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el doce de mayo de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Mercantil del Estado las constancias que remitió junto con su informe justificado y que se encuentran agregadas a los autos, previo desglose que de las mismas se haga. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en los puntos ahí indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, 458/2020-VIII.
- Incidental
Visto lo de cuenta y toda vez que en proveído de veintinueve del mes y año en curso, en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, se determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Erika Loera Valenzuela, contra la Juez Tercero Mercantil del Estado y otras autoridades, al haber cesado los efectos de los actos reclamados; por tanto, la audiencia incidental señalada para las quince horas con cuarenta minutos del día tres de noviembre de dos mil veinte, que tiene como finalidad resolver sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados a dichas autoridades, se deja sin efectos. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, incidente de suspensión 458/2020-VIII.
- Principal
Visto el oficio que remite la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Mercantil del Estado, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el mismo fue recibido vía electrónica el veintisiete de octubre del año en curso. Ahora bien, de autos se advierte lo siguiente: a) El seis de agosto de dos mil veinte, Erika Loera Valenzuela, presentó demanda de amparo contra la Juez Tercero Mercantil del Estado y otras autoridades, en la que reclamó la orden de embargo o desposesión decretada en su contra y su ejecución, con motivo de la tramitación de un juicio mercantil del fuero común. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 458/2020-VIII; una vez desahogada la prevención que se le hizo a la quejosa en auto de once de agosto del año en curso, en acuerdo de veinticuatro siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) En el informe de la Juez Tercero de lo Mercantil del Estado, recibido en este juzgado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, manifestó que era parcialmente cierto el acto que se le reclama, ya que precisó que dentro del exhorto ........... de su índice, relativo al expediente ...........del Juzgado Noveno de lo Mercantil de Zapopan Jalisco, el diez de agosto de dos mil veinte se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio de la aquí quejosa, en la cual Luis Guillermo Muñoz Domínguez, quien se identificó como abogado de ésta, realizó el pago a la endosataria en procuración de la parte actora de dicho juicio de origen, de las prestaciones reclamadas, solicitando el desistimiento de la instancia y la acción instaurada y a su vez la parte actora por conducto de su endosatario en procuración se dio por pagada de todas las prestaciones reclamadas desistiéndose de la instancia y de la acción, lo que la Juez Tercero Mercantil del Estado reservó dicho pronunciamiento a la autoridad exhortante por acuerdo de catorce siguiente, ordenando la devolución de la referida comunicación oficial a su lugar de origen, para lo cual envió copia certificada de las constancias que así lo acreditan; documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. d) En virtud de los anterior, por acuerdo de veintiocho de agosto del presente año, se requirió al Juzgado Noveno de lo Mercantil de Zapopan, Jalisco, para que remitiera copias certificadas de la resolución que recayó a la petición realizada en la diligencia de embargo, pronunciada en el expediente .............. de su índice, respecto a la devolución del exhorto 74/2020. e) El veintitrés de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Secretaria de acuerdos en funciones de Juez Especializada adscrita al Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, cumpliendo con el requerimiento formulado en autos. d) De las constancias que remitió el Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se advierte que por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, tuvo por recibido su exhorto .............., del que derivó la diversa comunicación ............. del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Estado, y una vez analizada la diligencia de diez de agosto del año en curso contenida en la misma, el Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, declaró concluido el juicio 3160/2019 por el pago realizado por la aquí quejosa a la endosataria en procuración de la parte actora de dicho juicio de las prestaciones reclamadas. De ahí que deba considerarse que cesaron los actos reclamados. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o realizar la que es esperada legalmente, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el asunto concreto la parte quejosa se dolió substancialmente, de la orden de embargo o desposesión decretada en su contra y su ejecución, con motivo de la tramitación de un juicio mercantil del fuero común. Luego, del análisis de las constancias que remitió el Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, se obtiene que al haber realizado la quejosa el pago de las prestaciones reclamadas a la endosataria en procuración de la parte actora en el expediente ..........., por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se declaró concluido dicho juicio del que emanó la orden de embargo reclamada en el presente asunto. En esta tesitura, acorde con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal sentido, procede citar la Contradicción de tesis número 26/2002-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Acuérdese lo que en derecho corresponda en el incidente de suspensión del acto reclamado derivado del presente expediente. Notifíquese personalmente a la quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, 458/2020-VIII.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, enviado al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, remitido por el Juez Cuarto Mercantil del Estado, téngase por recibido. Toda vez que proviene de la cuenta electrónica oficial de dicha autoridad y se ha validado su fiabilidad conforme deriva de la certificación de cuenta, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia, para este único efecto, se le tiene dando cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y rindiendo el informe justificado conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Lo anterior no implica que se tenga reconocido el derecho de la autoridad responsable para consultar este expediente vía electrónica ni para recibir notificaciones de esa manera, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; ya que para que ese supuesto acontezca, la citada autoridad responsable deberá, por conducto de los funcionarios que la representen legalmente, obtener la firma electrónica o certificado digital institucional y registrarse en el Portal de Servicios Informáticos del Poder Judicial de la Federación, además de manifestarlo 30/07/22 11:17:19 así ante este órgano jurisdiccional, para los mismos efectos, en términos de los artículos 35 y 36 del último de los ordenamientos invocados. Por otra parte, ténganse a la autoridad en mención, proporcionando correo electrónico y teléfono de contacto, en caso que se requiera. Finalmente, visto el oficio de la Secretaria de acuerdos en funciones de Juez Especializada adscrita al Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, agréguese a los autos sin mayor proveído; toda vez que el mismo ya fue acordado en proveído de veintitrés de octubre del año en curso. Notifíquese por medio de lista a las partes, 458/2020-VIII.
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