Erika Lara Hernandez
Expediente 872/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2018
Partes del expediente
- Erika Lara Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA IV. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que el proveído dictado en el presente juicio de amparo, por el que se sobreseyó, fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio; y al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por otra parte, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados, el presente expediente es susceptible de depuración, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del referido Acuerdo; toda vez que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, aún y cuando se sobreseyó en el juicio; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, en acatamiento al artículo 11 del referido Acuerdo, y al Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, trasládense a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, a juicio del suscrito no tiene valor jurídico, político, social, económico o histórico ni es de relevancia documental. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se hace hincapié que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán copia certificada de la determinación emitida en esta fecha. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
MESA IV. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********************* por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 872/2018-IV. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, éste juzgador interpreta que el único acto reclamado es la citación a la audiencia de formulación de imputación. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. ADMISIÓN. En ese orden, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. INTERVENCIÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete. APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, por separado y por duplicado tramítese el incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con la última parte del artículo 118 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 115 y 118, de la ley de la materia, solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de tres días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con excepción de los Jueces de Distrito que hayan sido señalados como responsables. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En caso de que la autoridad señalada como responsable con la denominación que indica no exista, sin diverso acuerdo, se le tendrá como inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia. TERCERO INTERESADO. Se reserva acordar lo relativo al llamamiento a juicio de la persona a quien recaiga el carácter de tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la responsable. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica la parte quejosa. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Finalmente, se ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a la autoridad responsable, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se notificarán por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencial 2./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, cuyo número de registro es el 2002576, bajo el rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese.
- Incidental
MESA IV. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 872/2018-IV, promovido por ****************** contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. En el informe requerido, la responsable tendrá que sujetarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la Ley de Amparo, es decir, tendrá que expresar si es o no cierto el acto que se le atribuye y las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto, se le envía copia de la demanda. Se apercibe a la responsable que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se hará acreedora a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la celebración de la audiencia incidental, acorde con lo previsto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con quince minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho. PRESICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se precisa que el único acto materia del incidente de suspensión lo es: La citación a la audiencia de formulación de imputación dictada contra la quejosa *********** PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION. En ese tenor, respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado señalado y, toda vez que en el caso se señala como autoridad responsable al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, autoridad que se rige conforme al Sistema Procesal Penal Acusatorio Oral y Adversarial, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en los artículos 163, 166, fracción II y 168, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el único efecto de que la quejosa, en el momento de comparecer a la audiencia de formulación de la imputación, no sea detenida con motivo de dicha citación, por tanto, quedará a disposición de este órgano de control constitucional por cuanto hace a su libertad personal y del Juez de la causa para la continuación del procedimiento; lo anterior, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. En la inteligencia que, si durante la citada audiencia se decreta de manera independiente alguna medida cautelar, ésta concesión no tiene el efecto de suspender su ejecución. La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que la quejosa solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 402, Libro 1, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2005048, que establece: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente." En el entendido de que, si en el momento en que se notifique el presente auto el acto reclamado se está ejecutando, la medida cautelar tendrá como efecto que no se prive a la quejosa de su libertad personal con motivo de su comparecencia ante la autoridad responsable, y hasta en tanto se notifique lo que resuelva sobre la suspensión definitiva. Esto es, la medida cautelar implica que la quejosa debe presentarse ante la autoridad señalada como responsable; sin embargo, no podrá ser privada de su libertad personal con motivo de esa presentación, sin que ello implique, además, la suspensión de la integración de la carpeta administrativa en términos de lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Amparo. Luego, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 136, 166 y 167 de la Ley de Amparo, los últimos dos preceptos legales aplicados de manera análoga, dicha suspensión provisional surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la peticionaria del amparo no cumple los siguientes requisitos: a) Dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto exhiba una garantía de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete de depósito, expedido a su nombre por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; o en cualquiera de las formas que establece la ley; monto que se fija en forma discrecional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 168 de la Ley de Amparo, y considerando que la quejosa manifiesta su situación económica y hasta este momento no se cuentan con mayores elementos, pues no se conoce el hecho delictuoso imputado y características de éste, así como tampoco se deduce que la quejosa tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia; cantidad que podrá ser modificada una vez que se conozcan los antecedentes del caso, mediante el informe previo que rinda el Juez señalado como responsable; en el entendido que el monto fijado no exime a la quejosa de garantizar ante el Juez de la causa la reparación del daño y demás obligaciones procesales. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J.68/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 377, del Tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." Asimismo, es aplicable la tesis 39, aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1,231, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de dos mil tres, Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantía, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." b) Igualmente, para que siga surtiendo efectos la medida cautelar decretada, además de la garantía antes señalada, se hace del conocimiento a la quejosa que en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, aplicado de manera análoga, deberá comparecer en la fecha indicada a la audiencia inicial en la cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, se le formulará la imputación del delito correspondiente y se le dará la oportunidad de declarar si así lo desea, en atención a lo dispuesto en el artículo 291 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; además, tiene la obligación de presentarse cuantas veces sea requerida por el juez de la carpeta administrativa para la continuación del procedimiento que se le sigue, lo cual deberá acreditar dentro de los dos días siguientes a su comparecencia, con la prevención que de incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. En la inteligencia que, la medida de aseguramiento citada en último término será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado (formulación de imputación), y en su caso, de la autoridad que la emitió, lo cual ocurre cuando la autoridad responsable rinde su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y en él manifieste si es o no cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable la Jurisprudencia que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". Se requiere a la parte quejosa que de exhibir la garantía antes fijada en billete de depósito, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley, a efecto de que este Juzgado la tenga por otorgada, deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión provisional en el presente juicio de amparo. Asimismo, para el caso de que exhiba billete de depósito en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos, en atención a lo establecido en el artículo 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil siete, que establece: "Artículo 32. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior." Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes, que con fundamento en lo establecido en los artículos 136, 166 último párrafo, y 167 de la Ley de Amparo, los últimos dos preceptos legales aplicados de manera análoga, la quejosa podrá ser detenida si este órgano de control constitucional le comunica mediante oficio a la autoridad señalada como responsable que, en el plazo requerido, la promovente no ha depositado la garantía exigida ni acredita haber comparecido ante el juez de la causa; como también podrá ser detenida si es sorprendida en la comisión de flagrante delito o falta administrativa que amerite sanción corporal, y tratándose de caso urgente a que alude el quinto párrafo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 166 y 167 de la Ley de Amparo, aplicados de manera análoga, se requiere a la autoridad señalada como responsable ordenadora para que informe en el término de veinticuatro horas siguientes la data en que comparezca la quejosa ante su potestad, o bien, a la fecha de incumplimiento de alguno de los requerimientos que se le decretaron en la causa de origen. Con el apercibimiento que en caso ser omisa a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUTORIDADES INEXISTENTES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HÁBILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACION A LAS AUTORIDADES. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente incidente de suspensión únicamente le serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. TRANPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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