Erika Karina Sandoval Pozos

Expediente 1813/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1813/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Erika Karina Sandoval Pozos

Actuaciones

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por ** en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la Comunidad de Nueva Villa de San Blas, Nayarit, respectivamente, mediante el cual desisten del presente juicio de amparo; por tanto, se tiene a la citada comunidad desistiéndose del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, sin que haya necesidad de requerir a los ocursantes para que ratifiquen el contenido y firma de dicho escrito, en razón de que éste ya fue ratificado ante la propia asamblea general de comuneros el veinticinco de agosto de la presente anualidad, pues adjuntaron el acta levantada con tal motivo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis II.2o.A.33 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en el Tomo XIX, Febrero de 2004, Novena Época, página 981 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: ** En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: ** El precepto anterior contempla el sobreseimiento del juicio de amparo como consecuencia del desistimiento de la demanda realizado por la parte quejosa. Causa de sobreseimiento que puede manifestarse en cualquier instancia del juicio mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada. Tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ** Ahora, del contenido del acta de asamblea general ordinaria de veinticinco de agosto de la presente anualidad, se advierte que la comunidad quejosa, previa discusión, determinó desistir del presente juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos. Entonces, si emitió manifestación expresa de abandonar el ejercicio de la acción de amparo, como se advierte del escrito de desistimiento referido, el cual fue debidamente ratificado ante asamblea general de comuneros de la comunidad afectada, y aún no se dicta sentencia ejecutoria en el juicio, se acredita plenamente la invocada causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Igualmente, se cumple con los requisitos previstos en el segundo párrafo del mencionado precepto legal, en razón de que el presente juicio de amparo al versar sobre la privación de la propiedad o posesión de los bienes de la comunidad quejosa era necesario consentimiento expreso de la asamblea general, lo que sucedió en la especie. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, párrafo segundo, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se tiene por desistido del juicio y por tanto se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia de éste; se dejan sin efectos la fecha y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, a saber, las nueve horas con treinta y cinco minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Cabe precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento, del cual se desistió. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 22, Tomo III, Febrero de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: **Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales procedentes. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia sentencia de nueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 16 a 27), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Por otra parte, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la ley de la materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las Juntas y Tribunales Laborales, no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la ley de amparo, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de amparo, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada. Luego, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentados por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Loca de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a través de los cuales pretende informar las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a la citada ejecutoria; sin embargo, con éstas no es dable dar vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga, toda vez que la determinación de catorce de agosto de agosto del año en curso, por la que pretende dar cumplimiento fue emitida antes de que el fallo protector quedara firme; por tanto, también deberá dejarlo insubsistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.P.12 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Página 2575, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente." Por último, devuélvanse las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Loca de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, toda vez que resulta innecesaria su retención. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Oficina Distrital número Cinco del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Ixtlán del Río, Nayarit, a través del cual, remite diversas constancias certificadas en apoyo a su informe rendido en autos; por tanto, en términos del artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el comunicado de mérito y documentales adjuntas, debiendo dar vista a las partes con las mismas para que se impongan de su contenido y hagan las manifestaciones que a sus intereses legales convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional que al efecto se celebre.

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