Erika Judith Segura Hernández

Expediente 395/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
395/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Erika Judith Segura Hernández
  • Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable dentro del informe justificado, así como de la constancia que remitió en apoyo al mismo, se advierte que las partes dentro del juicio laboral 659/5/2018, -aquí partes quejosa y tercero interesado-, el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, comparecieron ante dicha junta a celebrar un convenio con la intención de dar cumplimiento al laudo emitido en ese juicio laboral, así como de las documentales que remitió a través de los oficios 1160/5/E/2022 y 1233/5/E/2022, recibidas en proveídos de uno y doce de septiembre del año en curso, de las que se advierte la forma en que se dio cumplimiento al laudo; por tanto, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. Debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." De la apreciación sistemática del numeral trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, tal como en el presente caso sucede. En efecto, la parte quejosa se duele básicamente de que la autoridad responsable, se ha abstenido de diligenciar el auto de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral 659/5/2018. Pues bien, de las documentales que en copia certificada anexó la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, así como a través de los oficios 1160/5/E/2022 y 1233/5/E/2022, recibidas en proveídos de uno y doce de septiembre del año en curso, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, las partes dentro del juicio laboral 659/5/2018 -aquí quejosa y tercero interesado-, comparecieron ante la junta responsable a celebrar un convenio con la intención de dar cumplimiento al laudo emitido en ese juicio laboral, de donde se deriva el acto reclamado; donde se tuvo a la parte demandada pagando a la parte actora -aquí quejosa-, la cantidad de $364,746.40 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), en dos parcialidades mediante depósitos interbancarios, menos la deducción del impuesto sobre la renta (I.S.R.); quien los recibió de conformidad, quedando pendiente únicamente el pago remanente de la cantidad de $14,746.40 (catorce mil setecientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional). De tal suerte que si las partes llegaron a un convenio, con ello se cumplió su fin jurídico, pues al haber realizado la parte demandada el pago por la cantidad que se estableció en el aludido convenio, es inconcuso que desapareció el objeto o materia del acto reclamado en este asunto. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada, a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de existir, no podría restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada y, por ende, la sentencia que se dictara no podría cumplirse. Lo que pone de manifiesto que, la situación jurídica que dio motivo al juicio de amparo ya no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que se modificó su entorno, pues aun cuando los actos reclamados subsistan, el objeto o materia dejó de existir, ello, toda vez que las partes en el juicio de origen llegaron a un convenio. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Materia Común, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente en el caso concreto, es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En esa medida, teniendo en cuenta la aludida experiencia y dado el gran número de asuntos que se reciben en este juzgado con las características del juicio de amparo en que se actúa, de manera excepcional y temporal y como una medida de política judicial para disminuir la carga laboral, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1523/5/2022, signado por el Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento realizado a dicha Junta, comunica que no se ha liquidado por la parte demandada el remanente de $14,746.40 (catorce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100), previa deducción de impuestos, a que se hace referencia en escrito recibido por esa junta, el veinticuatro de agosto del año en curso, que deriva directamente de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como del convenio de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 659/5/2018. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro de tres días computados legalmente, informe a este juzgado, las gestiones que se encuentra realizando para lograr el cumplimiento total del convenio celebrado entre las partes del juicio de origen, esto es, que la demandada, Organismo Público Descentralizado, "Servicios de Salud Tamaulipas", liquide a la parte actora, aquí quejosa, el remanente de que se trata, dentro del juicio laboral 659/5/2018; en la inteligencia, que en su caso, deberá remitir las constancias certificadas que lo justifiquen. Lo anterior, en virtud de que dicha información resulta indispensable para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo legal que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1447/5/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento realizado a dicha Junta, remite copia certificada del acuerdo de requerimiento de pago y embargo, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 659/5/2018. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro de tres días computados legalmente, informe a este juzgado, si la parte demandada en el juicio de origen, Organismo Público Descentralizado, "Servicios de Salud Tamaulipas", liquidó a la parte actora, aquí quejosa, el remanente de $14,746.40 (catorce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100), previa deducción de impuestos, a que hace referencia en escrito recibido por esa junta, el veinticuatro de agosto del año en curso, que deriva directamente de la diligencia de requerimiento de pago y embargo referida y del convenio de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 659/5/2018; en la inteligencia, que en su caso, deberá remitir las constancias certificadas que lo justifiquen. Lo anterior, en virtud de que dicha información resulta indispensable para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado; lo anterior, tomando en consideración, que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que remita constancia certificada del requerimiento de pago y embargo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, practicado dentro del juicio laboral 659/5/2018, la cual tiene relación con el acto reclamado en el presente juicio; por tanto, se está en espera de que se allegue la referida constancia. En ese contexto, para dar continuidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese

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