Erika Izarraraz Beltrán o Erika Isarraras Beltrán
Expediente 1088/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Erika Izarraraz Beltrán o Erika Isarraras Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el expediente 187/2023, se encuentra turnado al área de actuaria, por lo que una vez que sea notificado se informara a la brevedad. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de diecinueve de septiembre del año que corre, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento del Tribunal responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: "El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata gire los oficios a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, ******************** para que les requiriera cumplan con el laudo emitido en el juicio natural -esto es el pago de $******************** moneda nacional, por concepto de salarios caídos, así como su última actualización hasta el día catorce de junio de dos mil veintitrés, fecha en que tuvo verificativo la reinstalación de la aquí quejosa-; petición que solicitó en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de junio del año en curso, y por medio del ocurso que presentó ante el tribunal responsable el cuatro de julio de la presente anualidad, en el juicio laboral ********************, pudiendo dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes..." NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-1088/2023, promovido por Erika********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día por razón de turno a este Juzgado Federal, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que señaló en su escrito de demanda y el acto que precisó en el libelo constitucional.****************************************Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, los preceptos 119, 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.****************************************SEGUNDO. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número de expediente V-1088/2023, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos del acta que antecede; y,****************************************C O N S I D E R A N D O: ****************************************PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor.****************************************No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece.****************************************SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.****************************************En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación.****************************************TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia.****************************************Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."****************************************En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en:****************************************La omisión de girar los oficios solicitados en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de junio de dos mil veintitrés; y, en el escrito de cuatro de julio del año actual en el juicio laboral********************.****************************************CUARTO. CERETEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que expresamente negó la existencia de la omisión reclamada dentro del juicio laboral número********************, bajo el argumento de mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, se ordenó girar oficio a la demandada Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de ese comunicado dé cabal cumplimiento al laudo de treinta uno de enero de dos mil diecinueve; y, que dicha misiva fue enviado mediante correo certificado, por lo que se encuentra en vías de ser entregado.****************************************Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda- dieciséis de agosto del año en curso-; como tal no se había atendido en los términos que la hoy requirente constitucional había solicitado se girarán los oficios a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, para que les requiriera cumplieran con el laudo emitido en el juicio natural; pues la Presidenta del tribunal responsable al rendir el informe de ley sólo adujo haber girado oficio únicamente al Ayuntamiento mencionado y que dicho comunicado se había enviado por correo certificado; sin que de las constancias acreditara el envío con la factura de Correos de México o en su caso con la guía de correspondencia acelerada.****************************************En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la omisión reclamada existe.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes:********************Registro digital: 249047********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Séptima Época********************Materias(s): Común********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15********************Tipo: Aislada****************************************"ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido".****************************************Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió las copias certificadas relativas al juicio laboral********************.****************************************Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública.****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: ****************************************Época: Quinta Época ********************Registro: 394182 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN ********************Materia(s): Común ********************Tesis: 226 ********************Página: 153 ********************"DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´".****************************************QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público.********************Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************Época: Séptima Época ********************Registro: 394239 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN ********************Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190****************************************"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales".****************************************Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto.****************************************SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.".****************************************SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación aducido es esencialmente fundado y por ende, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.****************************************En su demanda la quejosa medularmente refiere que la omisión en que incurrió la autoridad responsable consistente en no proveer las medidas de apremio necesarias para lograr la ejecución del laudo que resolvió el juicio laboral de origen vulnera en su perjuicio el derecho a una justicia expedita previsto en el artículo 17 de la constitución.****************************************Motivo de disenso que como ya se adelantó resulta esencialmente fundado, tal como se explica enseguida.****************************************En principio, debe invocarse el contenido de los artículos 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se encuentra consagrado el derecho de acceso a la justicia, numerales de contenido siguiente:****************************************"Artículo 17. [.]. ********************Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". ****************************************"Artículo 8. Garantías Judiciales ********************1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"****************************************Sobre el derecho de acceso efectivo a la justicia en su vertiente de justicia pronta, la Suprema Corte de Justicia al resolver amparo en revisión 522/2007 estableció que se traduce en la obligación de las autoridades de resolver la controversia sometida a su jurisdicción dentro de los plazos que para tal efecto se establezca en las leyes, a fin que los actos que integran el procedimiento judicial, no se prolonguen indefinidamente, lo cual implica exigir que la solución de un asunto se produzca en un plazo razonable.********************Por ello, las autoridades formal o materialmente judiciales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos en la ley.****************************************De tal suerte que la finalidad de este derecho no se logra si entre su ejercicio y su obtención se generan retardos injustificados en los plazos previstos en el texto constitucional, así como en las leyes secundarias.****************************************Las consideraciones anteriores se reflejaron en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:****************************************"ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales".****************************************Ahora, resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios:****************************************"Artículo 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes.****************************************Artículo 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente."****************************************De los preceptos transcritos, se desprende toralmente que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, está obligado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos, y, que una vez que se solicite la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado con la parte solicitante, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo.****************************************Máxime, que de conformidad con el artículo 114 de la ley burocrática estatal, prevé lo siguiente:****************************************"ARTICULO 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles":****************************************En ese contexto, se entiende que cualquier término no especificado en la ley burocrática estatal será de tres días, para efecto de cualquier actuación que expresamente no se prevea en el ordenamiento en comento.****************************************En otro sentido, de las constancias procesales remitidas por la autoridad responsable se obtiene que la hoy peticionaria de amparo había solicitado se girarán los oficios a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, siendo los siguientes:****************************************(1) Presidente Municipal ********************; (2) Síndico ********************; y los regidores (3)********************, (4) ********************, (5) ********************, (6) ********************, (7) ********************, (8) ********************, (9) ********************y (10) ********************.****************************************Lo anterior para que les requiriera cumplieran con el laudo emitido en el juicio natural -esto es el pago de $********************moneda nacional, por concepto de salarios caídos, así como su última actualización hasta el día catorce de junio de dos mil veintitrés, fecha en que tuvo verificativo la reinstalación de la aquí quejosa-; petición que solicitó en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de junio del año en curso, y por medio del ocurso que presentó ante el tribunal responsable el cuatro de julio de la presente anualidad.****************************************Sin embargo, la autoridad responsable en data catorce de julio de dos mil veintitrés, giró el oficio ********************únicamente al Ayuntamiento de Jacona, Michoacán; y no así a cada uno de los integrantes de ese ayuntamiento, a efecto de requerirle dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del comunicado, de manera inmediata de cabal y debido cumplimiento al laudo de treinta uno de enero de dos mil diecinueve, esto es, al pago de $********************moneda nacional, por concepto de salarios caídos ; así como su última actualización hasta el día catorce de junio de dos mil veintitrés, fecha en que se tuvo verificativo la reinstalación de la aquí quejosa.****************************************A más, que la Presidenta del tribunal responsable adujo que dicho comunicado se había enviado por correo certificado; sin que de las constancias acreditara el envío con la factura de Correos de México o en su caso con la guía de correspondencia acelerada.****************************************Ahora bien, en efecto de las constancias que integran el juicio natural a la fecha en que se emite la presente resolución se advierte que el tribunal responsable no atendió la petición de la requirente constitucional en los términos que lo solicitó en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de junio del año en curso, y por medio del ocurso que presentó ante el tribunal responsable el cuatro de julio de la presente anualidad.****************************************Máxime, que no acreditó la entrega del oficio ********************. ****************************************Con esas bases, al adminicular las manifestaciones de la quejosa con el contenido del informe justificado es dable corroborar que efectivamente aun cuando en el juicio de origen existe una resolución definitiva firme, a la fecha la autoridad responsable ha omitido realizar los actos necesarios o implementar las medidas conducentes para velar por su eficaz e inmediata ejecución, aun cuando en términos del artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo se encuentra obligado a ello.****************************************En ese sentido, es claro que tal como lo refiere la quejosa, si a la fecha el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán no ha proveído las medidas necesarias respecto a la solicitud de ejecución del laudo que resolvió el juicio laboral en lo principal, dicha omisión se traduce en una violación en su perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 Constitucional, relativa a la impartición de justicia pronta y expedita.****************************************Lo anterior, porque lo solicitado por la quejosa en los términos que precisó en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de junio del año en curso, y por medio del ocurso que presentó ante el tribunal responsable el cuatro de julio de la presente anualidad; no se giraron los oficios en los términos que lo solicitó la peticionaria del amparo, esto es, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán; y, a la fecha, han transcurrido de manera injustificada un tiempo razonable, sin que se haya girado los oficios correspondientes, pues se insiste, hasta este momento la responsable no ha realizado los actos necesarios para proveer respecto de su eficaz e inmediato cumplimiento.****************************************En consecuencia, con la finalidad de restituir a la quejosa ******************** en su derecho fundamental violado, lo conducente es otorgarle la protección constitucional solicitada, para el efecto de que:****************************************1) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata gire los oficios a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, (1) Presidente Municipal ********************; (2) Síndico ********************; y los regidores (3)********************, (4) ********************, (5) ********************, (6) ********************, (7) ********************, (8) ********************, (9) ********************y (10) ******************** para que les requiriera cumplan con el laudo emitido en el juicio natural -esto es el pago de $********************moneda nacional, por concepto de salarios caídos, así como su última actualización hasta el día catorce de junio de dos mil veintitrés, fecha en que tuvo verificativo la reinstalación de la aquí quejosa-; petición que solicitó en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de junio del año en curso, y por medio del ocurso que presentó ante el tribunal responsable el cuatro de julio de la presente anualidad, en el juicio laboral********************, pudiendo dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes.****************************************En el entendido de que la sentencia de amparo de tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que ordene girar los comunicados respectivos.****************************************Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente:********************Tesis: 2a. CV/2013 (10a.)********************Gaceta del Semanario Judicial de la Federación********************Décima Época********************Número de identificación 2005150 ********************Segunda Sala********************Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I********************Página 732********************Tesis Aislada (Común)********************CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."****************************************Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria.****************************************Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio:****************************************"MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria."****************************************Por lo expuesto y fundado, se ****************************************R E S U E L V E:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución.********************Notifíquese.********************Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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