Erika Iuscani Cabrera Pola y Otros.

Expediente 1171/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1171/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Erika Iuscani Cabrera Pola y Otros.
  • Erika Iuscani Cabrera Pola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con los que remite copia certificada del presente expediente y testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja ***, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja, interpuesto por ***, por conducto de ***, su autorizado. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de ocho de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto 1171/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; archívese el presente juicio como asunto concluido y remítase el acuse de recibo a la superioridad. Asimismo, se ordena la destrucción de las copias certificadas que remite la autoridad de cuenta, para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 3. Documento agregado en autos. Toda vez que en autos consta documento exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso comunicado 23624/2022 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, radicándolo con el número *** de su estadística. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de expresión de agravios remitido vía electrónica por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en turno del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1171/2022-4-B. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "ACTOS RECLAMADOS De la AUTORIDAD RESPONSABLE, la Resolución emitida con fecha 04 de Agosto del año 2022, en el Toca Civil Numero ***, CONSECUTIVO II, misma que fue publicada el 11 de Agosto del año en curso y que fue notificada de forma personal, con data del 16 de Agosto de la presente anualidad y su ejecución." En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Lo anterior, pues a juicio del suscrito se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" [.]" De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Ahora, dentro de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, se obtienen los siguientes: 1. Por sentencia de cinco de julio de dos mil diecisiete, el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, en el expediente ***, declaró procedente la acción de otorgamiento y firma de escritura, condenando a la demandada ***, a la firma en favor de ***. 2. Posteriormente, atendiendo al fallecimiento de ***, el Juez Civil ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto existiera albacea. 3. El uno de abril de dos mil veintidós, compareció a juicio ***, a efecto de que se le reconociera su personalidad como albacea de la extinta ***, por lo que, el veintinueve siguiente, el Juez de origen ordenó la escrituración respectiva a favor de ***, en su calidad de albacea. 4. No obstante lo anterior, el nueve de mayo actual, la parte quejosa compareció a juicio, acreditando su personalidad como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de su extinto padre ***, solicitando que la escrituración se realizara a su favor y al de su hermano, como herederos de su padre, toda vez que en el respectivo contrato de compraventa fue nombrado beneficiario en caso de fallecimiento de la compradora ***. 5. En consecuencia, el trece de mayo de la presente anualidad, el Juez Civil, reconoció la personalidad de ***, como beneficiaría directa de la extinta ***, y dejó sin efecto jurídico lo ordenado en proveído de veintinueve de abril actual. 6. Inconforme con lo anterior, ***, interpuso recurso de apelación, misma que correspondió conocer a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, quien por resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, revocó la determinación de trece de mayo del año que transcurre, materia del presente asunto. Bajo ese contexto, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil número ***, consecutivo II, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, que revocó la determinación de trece de mayo de la presente anualidad, pronunciado en el juicio civil ***, de la estadística del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada por las consideraciones siguientes. En efecto, la determinación impugnada tiene por objeto revocar el auto de trece de mayo del año en curso, pronunciado en el juicio civil ***, de la estadística del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, en la que se ordenó que el otorgamiento de la escrituración del bien inmueble ubicado en ***, se realizara a favor de la parte quejosa como albacea de ***, asimismo, determinó dejar sin efectos el proveído de veintinueve de abril actual, lo cierto es que la orden de escrituración fue dictada en cumplimiento a un fallo definitivo que así lo ordenó, por lo que su emisión se encuentra directamente vinculada a la ejecución de una sentencia proveniente de autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, la peticionaria deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluidas las relativas a la firma de la escritura, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, que el antes examinado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, también prevea que la acción constitucional es procedente en contra de actos realizados después de concluido un juicio cuando se trate de aquéllos que en forma definitiva ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues dicha hipótesis de procedencia es exclusiva de los procedimientos de remate, es decir, de juicios en los que se condenó al pago de una suma de dinero, y en cuyo cumplimiento se embargaron bienes para su posterior venta judicial en almoneda pública; supuesto que en el particular no se actualiza, pues si bien el auto combatido implica el otorgamiento y firma de una escritura, lo cierto es que tal actuación constituye en sí misma la prestación a la que se condenó en la sentencia de origen. En ese sentido, la determinación impugnada no se erige en la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino una intermedia cuya eficacia se encuentra supeditada a su diligenciación material, y como tal, sólo puede ser controvertida por la quejosa hasta que la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." Asimismo, apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con el rubro "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. En atención a la solicitud que realiza la parte quejosa, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa, con el nombre de usuario ***, para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Además, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades que señala el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley en comento, a los diversos profesionistas que designa por así haberlo solicitado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx, o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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